POR MARIELA CASTAÑÓN
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Varios centros carcelarios ya cuentan con la presencia y verificación del Ejército de Guatemala; uno de estos es el Centro de Detención Preventiva de la zona 18.
Hoy, en esta cárcel, los militares y miembros de la PNC verificaban el protocolo de revisión a personas y encomiendas que realizaban los guardias de Presidios.
Las acciones responden al Acuerdo Gubernativo publicado hoy, en el diario oficial, que destaca que la disposición es “para el mantenimiento de la seguridad perimetral y control conjunto de los centros de detención preventiva, centros de cumplimiento de condenas penales y demás lugares de reclusiones”.
En el artículo 5 agrega: que en caso de ser necesario, el Ministerio de Finanzas Públicas, asignará los recursos necesarios que demande la organización e implementación de las estrategias, acciones y planes, que impliquen el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo.
EJÉRCITO
A criterio de Gary Estrada, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), no es labor del Ejército controlar la seguridad de las prisiones, además es inconstitucional.
“Es una decisión no adecuada, principalmente porque no es labor del Ejército, tener a cargo la custodia, ni mucho menos, la finalidad institucional del SP que constitucionalmente está establecido como un proceso rehabilitador. La institución armada tiene asignaciones constitucionales designadas”, opinó.
Por otro lado, Édgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), coincidió con Estrada.
“No es tarea del Ejército, todos sabemos que en la Constitución Política de la República, hay un artículo que dice que el Ejército tiene funciones de protección de la soberanía nacional, es una norma constitucional”, explicó.
ACÉFALO
Actualmente, el SP se encuentra acéfalo, pues su principal autoridad, el exdirector Édgar Camargo, fue detenido el pasado miércoles junto a otras personas sindicadas de ser parte de una estructura delictiva que cobraba traslados de reclusos.
A decir del representante del ICCPG, es momento de establecer perfiles, que respondan a una finalidad institucional –académica y técnica–.
“Es urgente repensar el uso de la cárcel, quienes son las instituciones que tienen que vincularse, el sistema de justicia y el Ministerio Público (MP)”, argumentó.
