POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Una investigación de la CICIG logró determinar que desde 2013, Lima Oliva -condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato del obispo Juan Gerardi, en 1998- negociaba con otros reos el traslado a distintas prisiones, en colaboración con Édgar Camargo, director del Sistema Penitenciario y Edy Fisher Arbizú, subdirector de Presidios, ambos capturados ayer, y otros funcionarios.
Al respecto de esta situación, Marco Antonio Canteo, abogado experto en reforma policial, aplaudió que el órgano internacional haya realizado una investigación profunda y bien fundamentada para desintegrar esta estructura clandestina, dejando a su consideración, descubierta la debilidad institucional que pesa en las instituciones que conforman el sistema de justicia de Guatemala, para efectuar pesquisas de esta naturaleza.
“Tuvo que ser un ente internacional que se encargara de develar lo que ocurría en las cárceles. Sin embargo, estos resultados son un respiro para la institucionalidad del país y ojalá sean el inicio de una serie de investigaciones para desarticular otras estructuras incrustadas en el Estado, que generan corrupción e impunidad”, acotó Canteo.
No obstante, señaló que la aprehensión de funcionarios para desarticular esta red criminal, “llega un poco tarde”, tomando en cuenta que el mandato de la CICIG en el país finaliza en septiembre de 2015.
Por aparte, Claudia Samayoa, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos, expresó que la captura de altos mandos del Sistema Penitenciario es solo el inicio de un proceso de investigación amplio, en donde podrían estar involucrados otros funcionarios en este “intercambio de favores”
Asimismo, dijo habrá que esperar qué impacto tiene el caso en el trabajo de las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, en el sentido de que la nueva magistratura estará obligada a garantizar independencia en el proceso que se lleve a cabo y que “no sea después cerrado el caso por falta de pruebas u otras artimañas”.
“Este es un primer paso para perseguir otras mafias que operan en el Estado. Con esto, la ampliación del mandato de la CICIG debe solicitarse porque existe el riesgo de que se acabe la observancia y se recurra a las viejas prácticas”, subrayó Samayoa.
Finalmente, el analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Sandino Asturias, señaló que este tipo de operativos por parte de la CICIG se logran por la autonomía de la misma, quien en un marco de derechos humanos, “desmanteló una estructura que no era secreta, porque todos sabíamos de su existencia pero no había voluntad política de desarmarla”.
OTRAS ESTRUCTURAS
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dijo esta mañana a “Emisoras Unidas” que la Comisión está cumpliendo su mandato y que buscará profundizar en la identificación de estructuras criminales en diversos frentes.
En el caso de la estructura del Sistema Penitenciario, Velásquez identificó como fundamental el hecho de que la persona que la lideraba y organizaba era el reo Byron Lima, quien también era el mayor beneficiario de los ingresos que se obtenían con los traslados de los reos.
De ahí la importancia de esta investigación que se ha presentado, dado el poder que siempre se le ha reconocido al señor Lima aun estando preso, señaló; sin embargo el jefe de la CICIG indicó que también son de interés para el ente internacional las estructuras que tengan como centro el crimen organizado y el narcotráfico.
“Tendrían que ver con el tema de las campañas políticas, los vínculos con el narcotráfico y la política…” dijo Velásquez, quien afirmó que la CICIG está comprometida con realizar investigaciones contundentes y objetivas, aunque no dio más detalles.
Lo que le da la competencia a la CICIG son las estructuras… nosotros hablamos mucho más a través de las investigaciones que emitiendo opiniones, afirmó.
