POR SAIRA RAMOS
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Las encuestas son herramientas de medición que pueden ser cualitativas y cuantitativas, pero el resultado pareciera no importar a los candidatos presidenciales, porque la atención se centra en medir su nivel de aceptación ante la población, mientras que las verdaderas necesidades y preocupaciones que tienen los guatemaltecos solo interesan para guiar los discursos en la campaña.
Una firma encuestadora podría cobrar hasta US$10 mil a un futuro candidato sin que esto otorgue garantía sobre los resultados de la medición. Muchas veces, el diseño mismo del estudio puede facilitar la manipulación del resultado para satisfacer a candidatos u organizaciones en específico.
En la actualidad, el objeto de los estudios de opinión es crear una percepción de firmeza en la aceptación pública, con miras a atraer a inversionistas que apoyen su propaganda política, además de ganar simpatizantes que los lleven a ocupar un puesto durante cuatro años.
El dilema de las encuestas surge por la reciente publicación de resultados en una contienda electoral con los potenciales candidatos que hay a la fecha. Esto compite con las normas establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el intento del Tribunal Supremo Electoral por evitar actividades proselitistas previamente a la convocatoria a elecciones.
Según analistas consultados en el tema, a la fecha las averiguaciones no deberían medir la intención del voto, sino trabajar en el estudio cualitativo y encontrar la fórmula para identificar el tema de campaña, así como la forma de reducir negativos en la imagen del personaje y ampliar potenciales positivos del candidato. Una imagen negativa es prácticamente imposible convertirla en voto, mientras que un positivo o “neutro” puede ser considerado voto potencial.
ATRACCIÓN PARA INVERSIONISTAS
Álvaro Velásquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que las encuestas nunca están libres de vicios políticos y por ello es necesario que exista una entidad que las regule, ya que ha quedado evidenciado que muchas veces los sondeos se hacen únicamente para atraer inversionistas.
En el tema fue consultada la directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), Ileana Alamilla, quién coincidió con Velásquez y agregó que los financistas saben a la perfección a qué políticos apoyar, además de diversificar su inversión en los potenciales candidatos que figuran con más aceptación en las encuestas,
A criterio de la entrevistada, los patrocinadores no le apuestan a una sola opción ya que estos se encuentran a la espera de que cualquiera de los candidatos que apoyaron asuma sus puestos dentro del Gobierno para luego iniciar a cobrar los pagos del financiamiento que realizaron en su momento para llevarlos a sus lugares de trabajo.
En el tema, Luis Fernando Mack, del Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos (Usac), explicó que las encuestas se definen en “estrategias pagadas” porque tiene como finalidad atraer inversionistas, como ya lo habían mencionado los dos expertos anteriormente, y además promueven el voto de la sociedad guatemalteca.
En este sentido, Velásquez coincidió con Mack porque a criterio de los académicos una encuesta sí puede incidir en el voto para un candidato en específico y por esa razón es que estas se encuentran prohibidas en la mayoría de países hasta un determinado tiempo antes de las elecciones, no más allá de quince días antes del evento electoral para no terminar de influir en el lector.
Sin embargo, la directora de Cerigua difirió con los consultados ya que a consideración de ella, la población decide por sí misma a qué candidato apoyar esto tomando en cuenta que en muchas zonas del país no hay acceso para verificar el resultado de una encuesta y por consiguiente saber quiénes son los políticos que encabezan y se debaten los primeros lugares.
A manera de ejemplo Alamilla explicó que: “en las áreas rurales, no es por menospreciar, pero si pregunta: ¿Quién está a la cabeza de una encuesta? ellos no saben. –Pero sucede- todo lo contrario si cuestionan sobre ¿Quiénes son los regalan obsequios? ahí sí, la gente sabe muy bien y es algo dañino porque cautiva un voto a cambio de una dadiva aprovechándose de la situación de las personas”.
DOBLE USO
Velásquez, dijo que para que las encuestas no sean mal utilizadas estas necesitan ser reguladas, es decir, registrándose en una universidad que cuente con un alto porcentaje de calidad, además de un buen funcionamiento ya que dicho modelo es tomado en cuenta en varios países en donde los resultados han sido exitosos.
Según Velásquez para que Guatemala solucione los problemas y distorsiones del proceso electoral utilizado como una práctica común por la mayoría de partidos políticos es necesario hacer un cambio profundo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) esto porque el “2011 dejó claro que los problemas de fondo continúan en el sistema electoral del país, lo que impone la urgente necesidad de una reforma”.
Durante el desarrollo del tema el experto fue consultado sobre quienes podrían ser los actores que no estarían de acuerdo en reglamentar las encuestas e indicó que los principales opositores en el caso serían: los actores políticos, seguidamente de los medios de comunicación, esto porque las indagaciones realizadas a los guatemaltecos se han vuelto un “negocio” porque es ahí donde se miden y reflejan los “intereses políticos no explícitos”.
Álvaro Velásquez indicó que: “lo que está ocurriendo es que el 20 por ciento de las preguntas que se lanzan quedan en secreto ya que el resto funciona para orientar el voto y la opinión pública. El cliente que contrata las encuestas sabe que el 20 por ciento no publicado es lo que realmente refleja una intencionalidad del electorado”.
Por eso a criterio del experto el reto más grande que el proceso electoral guatemalteco tiene, no es tanto de orden técnico, ni de ingeniería electoral, sino de una reingeniería política. “Toda encuesta es multipropósito y hay una parte técnica que varía entre el 20 y 50 por ciento, y también una parte política que varía entre el 60 y 50 –por ciento- esta es la que en sentido común el político va a recoger cuando le preocupa el costo de la vida”.
A criterio del consultado “es importante y necesario regular las encuestas porque en Guatemala el mecanismo principal que tienen para la participación electoral, es el mercado político, en donde los que más dinero tienen son los más influyentes; mientras que el resto de la población que carece de recursos no impacta en los medios y no influye en su carrera política”.
REGULACIÓN
Alamilla manifestó su desacuerdo con la regularización de las encuestas ya que ningún ente o actor puede prohibir a una empresa que realiza ese tipo de sondeos realizar sus negocios y por consiguiente impedir que los distintos medios de comunicación publiquen los resultados obtenidos.
Según la entrevistada cualquier Tribunal o entidad que quiera prohibir esa acción se sale de su ámbito de jurisdicción ya que ninguna autoridad ni Ley es superior al mandato de la Constitución Política, por tanto, nadie tiene el derecho de violentar la Libre Emisión del Pensamiento, la cual se encuentra respaldada constitucionalmente “No se puede imponer una censura aunque venga de un Tribunal, es inviable, es ilegal. La censura previa no es aceptada”.
Y es que, aunque la directora de Cerigua coincida con Velásquez en hacer una reforma profunda a la LEPP, eso no significa que ella apoye del todo su propuesta, porque no se pueden crear entes que no resuelvan la problemática que está dada en términos políticos y que tienen al país en la situación de críticas por diversos sectores de la sociedad.
Por su parte, Mack opinó que la regularización de las encuestas en el país se convierte en un “arma de dos filos” porque es un procedimiento que puede ser riesgoso y por ello recomienda a realizar una mesa técnica que no censure, pero que sí fiscalice la calidad de las indagaciones que realizan las encuestadoras con el objeto de visualizar que las mismas cuenten con procedimientos metodológicos adecuados, además que tengan interpretaciones adecuadas de los datos recopilados.
A decir de Mack el problema de las encuestas es que las referencias se utilizan de manera errónea porque no las miden e interpretan con los resultados que obtuvieron de las mediciones. “Pienso que más que regularizarlas se debe tratar de establecer mecanismos que permitan visualizar la pertinencia de las encuestas” puntualizó.
LAS ENCUESTAS O CAMPAÑA ANTICIPADA
Para el analista de Flacso, las encuestas publicadas durante los últimos meses en varios medios de comunicación corresponden a actos de campaña anticipada de parte de los partidos políticos, esto porque son mal utilizadas y además forman parte de una “campaña orquestada” que tiene como objeto atraer votantes que los lleven a posicionarse en los primeros lugares en las siguientes elecciones.
Mientras que, para el representante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, las encuestas sí podrían ser vistas como campaña anticipada previa a la convocatoria oficial. Sin embargo, resaltó que el problema radica en la Ley Electoral y de Partidos Políticos ya que esta, según él, no tipifica de forma adecuada que es campaña anticipada y por eso surgen las deficiencias.
El entrevistado dijo que corresponde al Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral analizar si las encuestas publicadas en los distintos medios de comunicación son parte de la prohibición y están incurriendo en publicidad anticipada.
Por su parte, Ileana Alamilla, dijo que el escenario de campaña anticipada en las encuestas es algo complicado de analizar porque aunque los partidos políticos tienen prohibido hacer campaña anticipada, no se les puede prohibir hacer mediciones.
“Me parece que es una situación inédita precisamente porque el TSE –ha realizado la prohibición- a las agrupaciones políticas, pero resulta que –las organizaciones partidarias- nos vienen a mostrar datos de quienes son los que encabezan el nivel de simpatía de la población”, puntualizó.
Y es que, en el tema es preciso recordar que el Pleno del TSE por medio el Decreto 147-2014 decidió suspender a once agrupaciones políticas por incurrir en campaña anticipada. Las últimas encuestas publicadas en algunos medios de comunicación resaltan los rostros de los candidatos que participaran con los partidos suspendidos.
¿QUÉ DEBERÍAN DETECTAR LAS ENCUESTAS?
Los tres entrevistados en el tema de las encuestas coinciden en que las encuestas en estos momentos no deberían medir la intención del voto, sino que se debería de trabajar para identificar el tema de campaña y la forma de reducir negativos para ampliar potenciales positivos del candidato.
Según los consultados, las encuestas no deben llegar con un eslogan ni color partidario, sino deberían estar enfocadas con aspectos de carácter programáticos que ofrezcan soluciones ante las situaciones que atraviesa el país. “No deben llevar un lema sino realmente el aspecto que quede en el programa de su partido o entidad política y cómo van abordar ese aspecto”, señala uno de los entrevistados.
Álvaro Velásquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que las encuestas nunca están libres de vicios políticos y por ello es necesario que exista una entidad que las regule, ya que ha quedado evidenciado que muchas veces los sondeos se hacen únicamente para atraer inversionistas.
ASPECTOS DE REGULACIÓN
De acuerdo con el sitio web de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Convergencia Nacional por la Reforma Política (Conarep) giró una serie de propuestas para regular las encuestas las cuales deben abordar en aspectos como:
> Inscripción automática de ciudadanos en el Padrón Electoral, al inscribirse en el Registro Nacional de las Personas (Renap).
> Regulación de las encuestas electorales.
> Reducción del proceso electoral a 60 días.
> Listas electorales semiabiertas –bloqueadas por el partido, pero abiertas para el lector: los votantes tienen algún tipo de influencia en el orden de los candidatos-
> Paridad de género y etnicidad –en la conformación de listados a cargos de elección popular-
> Mayor proporcionalidad del sistema de representación –favorecer las minorías políticas y sociales-
