POR CLAUDIA PALACIOS
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Los lentes oscuros y el vestido que disimulaban su rostro y su cuerpo no protegieron la identidad de la testigo A. “La mataron a ella y ahora me quieren matar a mí” dijo ese día la testigo, después de señalar a los asesinos de su amiga Guadalupe Calvillo en la cámara Gessell.
Dos años después, el vídeo de su testimonio se repitió en el juicio y gracias a dicha prueba el Ministerio Público (MP) pudo demostrar que Alexis Rivera Ortiz y Alfredo Xajap Jucú asesinaron a Calvillo; cada uno recibió una condena de 50 años de cárcel por femicidio.
Pero la testigo A no pudo ver cómo se hacía justicia en el caso de su amiga, ya que ella misma fue víctima de la violencia que denunció. Glendy Maribel López fue asesinada apenas cuatro días después de brindar su testimonio. Tenía 17 años y era madre de un niño; días antes de grabar por vídeo su declaración, denunció que sujetos desconocidos habían disparado frente a su casa.
La Ley de Protección a los Sujetos Procesales establece en sus considerandos que el deber ciudadano de contribuir en la correcta administración de la justicia, sólo podrá ser cumplido en la medida que el Estado preste las debidas garantías de protección, a fin de que estos no se vean sujetos de amenazas, intimidaciones, tráfico de influencias ni otro tipo de presiones.
Sin embargo, tanto para Glendy como para muchos otros testigos más, la violencia se adelantó a todas las medidas de seguridad que el Estado pudo disponer para su protección.
LAS CLAVES DEL PROCESO
Los testigos son personas que conocen información sobre hechos ilícitos, ya sea porque fueron víctimas de ellos o porque obtuvieron información por otros medios. Recientemente, con la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, también se creó la figura del colaborador eficaz, una persona que ha cometido hechos delictivos, pero bajo la condición de su colaboración con la justicia obtiene ciertos beneficios.
Ambas figuras juegan un papel esencial en los procesos de administración de justicia, ya que gracias a ellos se puede vincular a los acusados con el lugar y la hora del crimen. Los colaboradores eficaces, en particular, han permitido obtener información de las formas de operación del crimen organizado.
Para Nery Baten, abogado de Fundación Sobrevivientes (FS), una organización que trabaja con mujeres y menores víctimas de la violencia, es común que en los casos que tramita dicha fundación los testigos sean amenazados con daños a su integridad física, o daños a sus familiares.
Baten agregó que a pesar de las denuncias que se han presentado a la Fiscalía por amenazas a víctimas, o incluso, a los mismos trabajadores de la organización, ésta muy pocas veces ha dado seguimiento a los hechos o ha investigado a sus posibles autores, sobre todo una vez terminado el proceso penal.
Los testigos no solo son clave para esclarecer hechos violentos, también pueden brindar información sobre delitos de cuello blanco.
El testigo protegido José Armando Llort Quiteño, exgerente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, describió por videoconferencia, desde Nueva York, Estados Unidos, la forma en que Portillo y parte de su Gabinete desviaron 30 millones del Ministerio de Defensa. Su testimonio confirmó las hipótesis que plantearon el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Debido a la seriedad de la información que manejan, los datos personales de algunos testigos deben reservarse para su seguridad.
En el caso de Glendy López, fue la misma fiscalía, quien a través de los interrogatorios dejó escapar datos que la vinculaban a Ortiz Rivera y Xajap Jucú, revelando su identidad.
No hizo falta que se mencionara su nombre, López aceptó que mantenía una relación sentimental con uno de los acusados y declaró que el día del asesinato de Calvillo, ella la acompañaba y que logró huir antes de que también le hicieran daño.
Para Baten, tratar ese tema es bastante delicado, ya que las autoridades deben asegurar que desde el inicio del procedimiento los datos se mantengan en sobres protegidos y cerrados para que solamente el juez que conoce el caso pueda tener acceso a ellos; sin embargo, esta regla no siempre se cumple.
“Nosotros estuvimos en un procedimiento hace meses y recibimos copia de un expediente donde sabíamos que habían declarado un par de testigos de forma reservada, y cuando nos entregaron los expedientes, tenían las declaraciones de los testigos, sin mencionar el nombre de ellos porque estaba reservado, pero a la par de la declaración venían los documentos de identificación”, ilustró el abogado.
Según Daniel Carrillo, subdirector de la Oficina de Protección a Testigos, cuando el fiscal a cargo de la investigación considera que la declaración de la persona es importante para las resultas del proceso, pero que por esa declaración que prestará, su integridad se encuentra bajo un riesgo extraordinario, el testigo debe ser acogido por la Oficina de Protección del MP.
Las personas que entran al programa de protección de testigos deben cambiar su nombre, residencia, trabajo y en algunos casos su apariencia física en orden de impedir que los denunciados, o sus cercanos, les causen algún daño.
La oficina cuenta con un fondo rotativo de apenas Q1 millón, los cuales son recursos provenientes del presupuesto del Ministerio Público.
Con este presupuesto, al mes de agosto del presente año, la Oficina de Protección resguarda a 551 personas, entre beneficiarios y grupos familiares. Dentro de este grupo, ocho testigos fueron ubicados en otros países. Según Carrillo, las medidas de protección se aplican temporalmente mientras existan los factores de riesgo que justifiquen su permanencia en el sistema.
EL CASO DE BLANCA AMPERES
Blanca Amperes se adhirió a la Oficina de Protección de testigos, del Ministerio Público, luego de que declaró cómo frente a ella, un hombre moreno, delgado y de baja estatura disparó contra su esposo, Edwin Urbina, causándole la muerte.
La Policía capturó por este hecho a Wilfredo Monzón, alias El Gallo, identificado como el líder de una clica (célula operativa) de pandilleros que se dedica a extorsionar a comerciantes de la zona 18 desde hace varios años. Las investigaciones vincularon a Monzón a otros 36 crímenes.
Como parte del programa, Blanca se fue a vivir al municipio de Palencia, lejos de la colonia el Limón, zona 18, donde vivía con su esposo. Pero la violencia tiene ojos y oídos en todas partes, y una mañana a inicios de enero de 2009, cuatro hombres llegaron hasta su nueva vivienda, y la asesinaron de 12 balazos.
En el 2012, la CICIG brindó asistencia técnica en la reestructuración de la oficina de protección a testigos y otros sujetos procesales.
Durante ese proceso, la comisión encontró que una de las debilidades principales del programa era la ausencia de una unidad de la Policía Nacional Civil capacitada y enfocada únicamente en la protección de los testigos que fueron aceptados en el programa, ya que según la Ley, las acciones concretas de protección estarán a cargo del Ministerio de Gobernación.
Con el objetivo de fortalecer esta área, la CICIG, a través del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, brindó una capacitación básica de protección a 48 miembros de la academia de la Policía Nacional Civil (PNC), para que pudieran convertirse en la única unidad de protección personal de los programas de protección de testigos.
De acuerdo con el Director de la PNC, Telémaco Pérez García, esta unidad especializada está a cargo de la Oficina de Protección y son los encargados de trasladar a los testigos y brindarles vigilancia personal y perimetral, sobre todo a colaboradores en casos de alto impacto.
Según Baten, la población tiene mucha desconfianza de la PNC, razón por la cual muchas personas no quieren entrar al sistema de protección del MP, ya que se han registrado casos en que ha habido algún tipo de fuga de información respecto a dónde se encuentran las víctimas.
Al ser cuestionado sobre la muerte de personas bajo el amparo de la oficina de protección al testigo, Carrillo evitó responder aludiendo a que esa situación es del conocimiento de las distintas Fiscalías.
La permanencia en el programa es voluntaria y según la Fiscalía de Delitos contra la Vida, algunas personas, sobre todo aquellas cuyo caso tiene relación a las pandillas, se salen del programa por desconfianza al trabajo de las autoridades.
Otro factor influyente es que, a pesar de que se aconseja a las personas que no se comuniquen con familiares o amigos que no forman parte del programa, en algunos casos éstas siguen manteniendo vínculos que ayudan a la fuga de información sobre su ubicación.
Para Baten, otro problema es que a veces el programa no acepta como beneficiarios a personas que sí lo necesitan por considerar que sus casos no llenan los requisitos de peligro y vulnerabilidad. Sin embargo, a partir de la experiencia del abogado de FS, el programa ha tenido resultados satisfactorios con las víctimas que sí han sido aceptadas.
Según Carrillo, para que el programa brinde mejores resultados se hace necesario aumentar considerablemente los agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil, a efecto de poder brindar protección personal a aquellas personas que, por su nivel de riesgo, se hace necesario otorgar y autorizar dicha medida.
Asimismo, se hace necesario incrementar agentes de seguridad, en el caso del grupo de reacción inmediata, ya que éstos son los que acompañan al beneficiario a las audiencias judiciales o de fiscalías, expresó el subdirector del Programa.
“Nosotros estuvimos en un procedimiento hace meses y recibimos copia de un expediente donde sabíamos que habían declarado un par de testigos de forma reservada, y cuando nos entregaron los expedientes, tenían las declaraciones de los testigos, sin mencionar el nombre de ellos porque estaba reservado, pero a la par de la declaración venían los documentos de identificación”.
Nery Baten
Abogado
MEJORAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Para Eleonora Muralles, directora de Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, los beneficiarios del Programa de Protección de Testigos sufren un cambio radical en sus vidas, y adaptarse a dicha situación es difícil cuando se les provee escaso apoyo económico y no se da el acompañamiento apropiado.
“Hace algunos años (…) personas nos dijeron que prácticamente los dejaron abandonados, los trasladaron de lugar y luego, pues que miren a ver qué hacen”, explicó.
Muralles opina que el programa debe aumentar sus recursos económicos y humanos para poder brindar un seguimiento más cercano a los testigos y su grupo familiar.
Además se debe asegurar la discrecionalidad de los datos personales para evitar que información comprometedora llegue a las manos equivocadas.
