POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

Esta situación ha generado opiniones encontradas sobre la práctica de la discriminación y la xenofobia, es decir, el miedo o rechazo a una cultura extranjera, en el país; con la particularidad de que en este caso, proviene de un pueblo que cultural y ancestralmente ha sido considerado oprimido y hasta sujeto de los mismos actos que presuntamente, ahora practican.

_Repo6_1cAsimismo, ha puesto en tela de juicio el ejercicio de unos de los derechos fundamentales del ser humano, como la elección libre de un credo así como de expresarlo en un plano más allá de lo individual, que precisamente es lo que ha provocado malestar en pobladores del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, mostrándose en contra de las costumbres de la comunidad judía en ese lugar.

Expertos consultados y con una visión más amplia del problema coinciden incluso que la libertad de credo es un derecho que se goza de manera parcial en el país; argumentando que Guatemala es un Estado racista y discriminador, no importando quién sea el agresor, haciendo énfasis en la existencia de anuncios clasificados para la obtención de un empleo o la compra/renta de una vivienda, donde el principal requisito es profesar una determinada religión.

EL CONFLICTO
En 2013, pobladores del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, se vieron sorprendidos por la presencia de un grupo de personas que se autodenominan Toiras Jesed, una organización de aproximadamente doscientos miembros y que practican el judaísmo en esa región.

Desde entonces los comunitarios señalan que este grupo ha faltado el respeto a la cultura maya que profesan, desestabilizando la armonía, la tranquilidad y la paz de ese pueblo, haciendo hincapié en que no ha habido discriminación y racismo en contra de los judíos.

Asimismo, exponen que el pueblo San Juan La Laguna se encuentra bajo la protección del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y por tanto tiene el derecho de decidir sobre distintas situaciones, en la medida en que éstas afecten su estilo de vida, creencia, institucionalidad y bienestar espiritual en las tierras que ocupan.

Por tanto, en San Juan La Laguna, Sololá, donde habita esta comunidad de familias guatemaltecas que practican el judaísmo, los vecinos del lugar ya no desean que continúen viviendo en ese municipio por no compartir algunas de sus costumbres.

Recién la semana pasada, unas 75 personas que pertenecen al Consejo de Ancianos del municipio de San Juan La Laguna, decidió que la comunidad judía debe abandonar esta localidad, arguyendo que los judíos en mención intentan cambiar el pensamiento y la cultura del pueblo; decisión tomada en una asamblea comunitaria que aparentemente contó con el respaldo de autoridades del gobierno local.

Consultado vía telefónica, el alcalde municipal, Rodolfo Pérez, dijo que esta es la forma como la población muestra su inconformidad por el actuar de los judíos, indicando que lanzan acusaciones sin fundamento.

Por su parte, Misael Santos, quien profesa el judaísmo en ese lugar, precisó que la comunidad se ha ido integrando en los últimos ocho años, aunque los primeros miembros llevan casi diez años de haberse asentado en el municipio. Aseguró además que desde el año pasado son objeto de insultos verbales y racistas, pero en los últimos días llegaron las agresiones físicas por parte de un grupo de pobladores que les exige que se marchen.

El líder de los “Toiras Jesed” comentó que el rechazo se debe a la desinformación que existe, pues al “vernos con nuestra vestimenta tradicional, que es negra, por devoción y humildad, por las calles, les provoca temor”, pero también considera que el alcalde municipal está dirigiéndolos hacia ellos.

“Ser judío no tiene nada de malo… nosotros solo ejercemos nuestra libertad de credo… Piden que nos saquen del pueblo porque dicen que secuestramos niños y que el pueblo va a ser invadido por los judíos”, lamentó.

Asimismo, Santos denunció al alcalde Rodolfo Pérez, de organizar reuniones con diferentes grupos del municipio, para convencerlos de expulsarlos del lugar, basado en prejuicios hacia sus creencias, obligándolos a apoyar la decisión, con la amenaza de despojarlos de tierras o suspender servicios básicos como agua y luz en sus viviendas.

De igual forma, Santos mencionó que la Municipalidad de San Juan La Laguna pidió firmar una lista de las personas que profesan el judaísmo, con el pretexto de tener un registro de los visitantes; aunque cuestionó que no lo hacen con otros turistas. “Tememos que esto esté tomando un rumbo peligroso de antisemitismo irracional, impulsado por las autoridades y algunos pobladores”, refirió.

Sobre los señalamientos, el jefe edil Rodolfo López, respondió que pidió un listado de todos los miembros de la comunidad judía para saber si están registrados legalmente en el país. Sin embargo, al consultarle sobre otras situaciones, con molestia contestó que no estaba en la disponibilidad de proporcionar más información respecto de este asunto.

Se le consultó al párroco católico de San Juan, Ángel Mario Roquel sobre esta situación, pero sólo comentó que sí ha visto a los llamados judíos ortodoxos, pero ignora si hay algún malestar.

Por su parte, Adán Vásquez, pastor de una iglesia evangélica, aseguró no tener comunicación con ellos porque “solo vienen a confundir a la población, desviando el verdadero concepto de Dios”. En tanto, Nicolás Cholotío, un poblador de San Juan La Laguna, expresó que la comunidad teme perder su identidad.

“Hay inconformidad por nuestra presencia aquí. Dicen que por nuestra vestimenta, pero el sacerdote se viste similar a nosotros. Dicen que queremos quitarles su cultura, pero no andamos en cada puerta tratando de convencer a la gente que se una a nosotros”, subrayó Misael Santos, presidente de la comunidad judía Toiras Jesed de Guatemala.

INTOLERANCIA RELIGIOSA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

En ese sentido, para Salvador Loarca Marroquín, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santiago Atitlán, Sololá, el choque entre judíos y pobladores de San Juan La Laguna obedece a la intolerancia religiosa y a la manipulación política, producto de la desconfianza e incomprensión hacia formas de comportamiento y de relacionamiento social distintas a las propias.

Igualmente, el delegado recalcó que este tipo de acciones atentan contra todos los guatemaltecos, pues las prácticas religiosas de la comunidad de judíos ortodoxos, al igual que las de los guatemaltecos y extranjeros en el país, están protegidas por la Ley Nacional y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Acerca del intento de expulsión de la comunidad judía de San Juan La Laguna, Sololá, Loarca afirmó que la Dirección General de Migración es la única autoridad competente, capaz de decidir la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional, después de agotados los procedimientos legales y comprobada una causa justa.

Por tanto, expresó que en dicha localidad es el poder local quien en forma ilegal y arbitraria fijó un plazo para la expulsión de la comunidad judía.

“Hemos identificado incluso que no hay solo dos, uno que apoya y otro que promueve acciones, sino un tercer grupo al que no le afecta la presencia de los judíos. Es decir que no es todo el municipio que está tomando una decisión”, declaró el auxiliar de la PDH.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, también mostró su desacuerdo, con la expulsión de al menos doscientos judíos que residen en San Juan La Laguna, Atitlán, señalando que es una acción “ilegal y violatoria” de los derechos humanos y que no tiene justificación.

TAMBIÉN SUCEDE EN ANUNCIOS
La libertad de religión en Guatemala se establece en el artículo 36 de la Constitución Política de la República, mismo que indica que toda persona tiene el derecho de practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más limites que el orden público y el respeto a la dignidad de los fieles de otros credos.

A ese respecto, la Procuradora Adjunta II de la institución, Hilda Morales, insistió en que el problema en San Juan La Laguna se trata de un atentado contra la diversidad cultural, libertad de culto y de conciencia de los guatemaltecos.

La representante de la PDH advirtió que lo sucedido constituye un grave caso de xenofobia, tipificado en la ley penal por ser una violación a los derechos humanos, de locomoción, residencia, existencia y expresión de dicha comunidad y que no puede existir un doble parámetro por parte de los pueblos indígenas, al exigir que no se les discrimine a lo interno, pero no se inmutan al discriminar al extranjero o a quien tiene una creencia distinta.

Cabe resaltar que San Juan La Laguna, Sololá, es una población mayoritariamente maya de las etnias quiché y tzutujil, ubicada en el suroccidente del lago de Atitlán.

La funcionaria dijo que el tema no se circunscribe solo a esa comunidad, pues se ha detectado la existencia de anuncios clasificados que establecen limitaciones de carácter religioso para los aspirantes a una plaza laboral, la renta y compra de alguna vivienda e incluso para las relaciones interpersonales, al querer ser parte de una organización o asociación de diversa índole.

“En los anuncios clasificados existe discriminación expresa, pero no hay denuncias porque no está tipificada como un delito de acción pública. Vemos además de la discriminación en los avisos de empleo por religión, también por edad y género.

La entrevistada informó que se abrió un expediente de la situación de los judíos en Sololá, y pidió a las autoridades medidas cautelares para estas personas ante una posible agresión, así como a las partes involucradas, buscar el diálogo en un marco de respeto y tolerancia para la resolución de sus diferencias.

“No es fácil hacer que las personas desistan de esta conducta discriminatoria y amenazante para los judíos, pero hay que hacer una labor muy fuerte para que se propicie la reconciliación con la población de ese lugar. Hace falta tolerancia porque actualmente se está dando un mal ejemplo a las nuevas generaciones. Esto no debería suceder en el siglo XXI”, culminó Morales.

DENUNCIAS EN EL MP
María Trinidad Gutiérrez, comisionada de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), condenó los hechos suscitados en San Juan La Laguna y dijo que se trata de un claro ejemplo de discriminación e “inaceptable” intolerancia.

Además, informó que se ha detectado en varios discursos del alcalde Rodolfo Pérez, mensajes racistas contra la comunidad de judíos y que por esa razón, ya existe una solicitud de antejuicio contra el jefe edil, a quien señalan de discriminación, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.

De igual forma, Gutiérrez explicó que la CODISRA este año ha presentado dos denuncias ante el Ministerio Público contra igual número de empresas, quienes exigen a las personas para obtener un empleo, profesar la religión evangélica, aunque no dio detalles de los establecimientos comerciales bajo el argumento de no querer entorpecer la investigación.

“Hay que reconocer que vivimos en un Estado racista y discriminador y también que el sistema de justicia es lento y eso decepciona a las víctimas y por eso no denuncian, porque no confían en los procesos”.

Retomando lo dicho, la funcionaria enunció que desde hace un mes se planteó la creación de una mesa de diálogo para encontrar una solución a un posible conflicto social en San Juan La Laguna, pues según la comisionada, parte de la población apoya a la comunidad judía y otra quiere que se vayan.

“Se esperaría que un pueblo que ha sufrido discriminación y mucho más por la opresión de otros pueblos, entienda que sacar de su casa y arrebatar las tierras a otro pueblo no se vale. Pero tal parece que el mensaje aquí es que la discriminación sólo es mala y detestable cuando la sufren ellos, pero es perfectamente lícito que la sufran otros”, puntualizó.

EVITAN PRONUNCIARSE
La Hora buscó obtener una opinión de la situación por parte de la embajada de Israel acreditada en Guatemala; no obstante autoridades dijeron que no pueden fijar una posición al respecto, ya que esa comunidad no está integrada por judíos sino por guatemaltecos que están en proceso de convertirse al judaísmo.

En tanto, la Asociación Comunidad Judía de Guatemala, en relación a la situación en San Juan La Laguna, Sololá, hizo saber a través de un comunicado que es ajena al grupo denominado “Toiras Jesed”.

“Aun así, condenamos los actos de xenofobia y discriminación contra cualquier grupo étnico, religioso o de otra índole; tales como los que recientemente han acaecido en contra de los miembros de grupos religiosos que se han asentado en Sololá; enfatizando que los derechos humanos de todos los credos, etnias y agrupaciones deben ser respetados”, reza el documento.

“Ser judío no tiene nada de malo… nosotros solo ejercemos nuestra libertad de credo… Piden que nos saquen del pueblo porque dicen que secuestramos niños y que el pueblo va a ser invadido por los judíos”.
Misael Santos


PIDEN TIEMPO PARA TRASLADO

_Repo6_1bEl pasado 22 de agosto venció el plazo que pobladores de San Juan La Laguna, Sololá, dieron a los integrantes de la comunidad que practica el judaísmo para que se retiren del lugar.

El miércoles 27 del presente, representantes de la comunidad judía asentada en San Juan La Laguna, Sololá, iniciaron conversaciones con ancianos indígenas con la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos a fin de zanjar el distanciamiento existente a raíz de una serie de señalamientos mutuos.

“Ya decidimos salir del pueblo y queremos llegar a un acuerdo pacífico, pero necesitamos tiempo, por lo menos ocho meses”, dijo Misael Santos, representante del grupo de judíos, después de la reunión llevada a cabo en la sede central de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Ayer, la comunidad judía abandonaba la localidad.

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