POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, se manifestó en contra de una eventual emisión de Bonos del Tesoro en el Congreso de la República, tal como pretende el Ejecutivo por Q4 mil millones, asegurando que tendrá efectos negativos en la economía del país.
Al empresario le parece incongruente la emisión de estos bonos, pues enfatizó en que solo elevará el monto de la deuda pública del país, tanto interna como externa, e indicó que adquirir otro compromiso de deuda confirma la crisis que hay en la administración tributaria y en las finanzas públicas de Guatemala.
La semana pasada, la Comisión de Finanzas y Moneda del Legislativo conoció y dio trámite a la iniciativa de ley que solicita la colocación de Q4 mil millones en Bonos del Tesoro. Según fuentes oficiales, la mayor parte de los recursos se usará para el pago de deuda pública, otra parte sería para el Ministerio de Gobernación y el resto estaría destinado a la Unidad de Atención al Enfermo Renal.
Extraoficialmente se conoce que el Ministerio de Comunicaciones también recibiría unos Q500 millones.
En otro tema, Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, se refirió al decreto 19-2014, la Ley para la Protección de Obtención de Vegetales, que cobra vigencia en septiembre próximo y que forma parte de los compromisos adquiridos en el DR-CAFTA.
Molina se abstuvo de opinar sobre la oposición que existe a la aplicación de esta ley por parte de diversos sectores, específicamente del sector indígena y campesino del país; pero cuestionó la forma en que fue aprobada en el Legislativo, considerando que los parlamentarios debieron analizarla de manera profunda previendo la conflictividad que iba a ocasionar en estos grupos.
Es de resaltar que sobre esta ley pesan ya varias acciones y amparos en busca de derogar la misma, pues para las organizaciones indígenas así como para el Colegio de Ingenieros Agrónomos, resulta lesiva para la soberanía alimentaria del país.
Finalmente, la Cámara de Industria denunció en conferencia, escasez de alimentos y medicamentos en varios hospitales nacionales, derivado de problemas en el Ministerio de Salud, que provoca la no emisión de licencias de importación necesarias y el cierre de ventanillas en aduanas, dejando pérdidas por US$100 mil semanales en insumos.
Fernando López, presidente de la CIG agregó: “Es contradictorio que, por un lado, el gobierno esté declarando estado de calamidad y por otro, permita que un sindicato ponga en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicamentos en el país, por un problema de naturaleza laboral-administrativo. El gobierno es responsable de que el sistema de salud funcione y esté a disponibilidad de los habitantes.”
