POR PAOLINA ALBANI
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Iván Aguilar, coordinador del Programa de Reducción de Riesgos y Derechos en Crisis de Oxfam, reveló que el gobierno cuenta apenas con un poco más del 30 por ciento (180 millones de quetzales) del monto que se utilizaría para enfrentar la crisis alimentaria ocasionada por sequías pasadas, situación que se agudizó con la de este año.
De la misma forma, indicó que los 500 millones que el gobierno pretendía usar para atender las emergencias no son suficientes, pues las secuelas de la sequía se extenderían nueve meses y no seis como las autoridades lo habían dicho anteriormente, con lo que se estima que el costo necesario rebasaría al invertido en 1998, tras el paso del huracán Mitch, que dejó 748 millones de dólares en daños directos, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A finales de marzo del 2015 finalizarían los nueve meses de escasez de alimentos.
PANORAMA
Por otro lado, se dio a conocer que el número de familias afectadas con la pérdida de sus cosechas se eleva a 236 mil y de manera individual suman 1 millón 300 mil personas. El 80 por ciento de las familias que se dedican a la agricultura habrían perdido su cosecha recientemente.
De igual forma el ODAN estima que habrá un repunte en la aparición de casos por desnutrición aguda que podría no ser bien atendida debido a la debilidad del sistema de salud. Hicieron un llamamiento a que políticos que no se aprovechen de la oportunidad para hacer campaña con la ayuda que brinden, tomando en cuenta que los nueve meses finalizarían en medio del año electoral.
El observatorio conformado por la Red de Hombres de San Marcos, la Universidad Rural, la Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Galileo, World Vision y Oxfam, solicitó a las autoridades la selección de los beneficiarios de asistencia alimentaria según su vulnerabilidad, dando prioridad a los hogares que tienen niños con desnutrición aguda, hogares donde hay menores de 5 años y personas de la tercera edad.
“Debe de tomarse en cuenta que las familias afectadas no tienen capacidad de hacer frente a un crédito, con lo cual se deben de busca otros mecanismos que sean acordes a la realidad socioeconómica y cultural de la población”, concluyeron.
