POR CLAUDIA PALACIOS
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Durante los primeros seis meses del presente año, 403 personas han sido llevadas a juicio por el delito de portación ilegal de armas. De este total, un 73 por ciento han recibido sentencia condenatoria. Dentro de estos 403 casos, 11 expedientes vinculan a civiles con la portación de armas de uso exclusivo del ejército y se presentan también ocho casos por portación ilegal de explosivos.
Para Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), el uso de armas ilegales por parte de la población se debe a dos motivos, el primero es la intención de delinquir per se y el otro es el resultado de las operaciones del crimen organizado a nivel regional.
“Guatemala es un país de paso y de recirculación de armas que provienen en su mayoría de Estados Unidos, pero que también están ingresando vía fronteras, Honduras y el Salvador. Que se da de dos maneras, una es que son armas compradas en otro país y se venden en otro (…) y también hay otras que pasan a través de diversos mecanismos del mercado lícito al ilícito, que puede ser por robo a empresas de seguridad, a guardias privados de seguridad, etc.”, explica.
Para Eugenia Villareal, miembro de la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, el problema gira alrededor de que no existe una aplicación estricta de la Ley, por la influencia de individuos que están en estrecha colaboración con el negocio de la importación y exportación de armas.
Para Villareal, esta situación incide directamente en los índices de violencia: “Sabemos que en los últimos 4 años ha bajado, más o menos a 37 asesinatos (por cada 100 mil habitantes), pero en Escuintla es el 90 por 100 mil, entonces existen focos que tienen una violencia desmedida, esto sucede porque la gente tiene armas y se tiene que controlar”, explica.
PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN
Según De León, Iepades ha impulsado la creación de unidades de investigación de tráfico ilícito, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil, donde se está organizando una unidad de rastreo de tráfico ilícito para poder combatir desde sus raíces el fenómeno.
Por su parte, Villareal cree que debe existir una estrategia legal promovida desde el Ministerio de Gobernación donde se tenga en cuenta un enfoque integral, que impulse la realización de campañas de prevención, campañas para el registro de armas y un control férreo que se ayude de la tecnología y que evite la venta de municiones, ya que la población tiene acceso a municiones y armas, el cual, en cambio, está muy limitado para la Policía.
EN CIFRAS
403
personas llevadas a juicio
73
por ciento han recibido sentencia condenatoria
11
expedientes de civiles por portación de armas militares
8
casos por portación ilegal de explosivos
