POR CLAUDIA PALACIOS
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La audiencia de presentación de pruebas en el juzgado B de Mayor Riesgo fue suspendida debido a la ausencia de los 20 testigos salvadoreños. Entre ellos se encuentran 15 víctimas y 5 agentes de investigación. La fiscalía no pudo explicar por qué los convocados dejaron de presentarse a la Sala.
LOS TESTIGOS
Según la fiscalía, las 15 víctimas llamadas a testificar eran profesionales, comerciantes y transportistas del vecino país que habían sido contactados por la red y bajo amenazas les exigían montos que iban desde los $100 hasta los $5 mil.
El juez Miguel Ángel Gálvez expresó sentirse extrañado por la ausencia, debido a que los tratados entre ambos países facilitan la cooperación para investigaciones criminales. El togado instó a los fiscales del Ministerio Público a comunicarse con las autoridades respectivas e investigar las razones.
LA ESTRUCTURA DE “RIGORRICO”
De acuerdo con el MP la supuesta red de extorsionistas es dirigida por Rigoberto Morales Barrientos, alias “Rigorrico”, quien la dirige desde prisión. La estructura contactaba a personas a través de guías telefónicas y les pedían que pagaran en efectivo o realizaran depósitos bancarios en cuentas de Guatemala. El dinero era entregado a personas de confianza del líder, quienes lo ingresaban al penal donde se encuentra recluido.
El Centro Antipandillas Transnacional (CAT), de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y Fiscales, indican que el grupo operaba en varios países de la región, principalmente en El Salvador.
Rigoberto Morales cumple una condena de 50 años de prisión, acusado de liderar otra banda que se dedicaba a los secuestros llamada Agosto Negro y que operaba en el suroccidente del país.
Las investigaciones señalan que “Rigorrico” organizó, junto a 12 personas más, la nueva banda de extorsionistas en 2006 durante su estadía en la cárcel El Infiernito.
OTROS ACUSADOS
Varios operativos policiales han permitido la captura de más de 60 personas nacionales supuestamente involucradas de colaborar con la banda.
En julio pasado seis personas vinculadas a la red fueron condenadas a tres años de prisión por el delito de encubrimiento propio. El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal les absolvió de los cargos por obstrucción extorsiva de tránsito. Un cuarto imputado, José Antonio Ortega Aguilar, fue absuelto de ambos cargos.
