POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El mandatario guatemalteco colocó esta mañana el primer bloque de los trabajos de ampliación del Puerto Quetzal, junto con autoridades de la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal, cuya primera fase tendrá una inversión de US $177 millones y la segunda de US $255 millones.

Esto como parte de una concesión a TCQ, por 25 años que se firmó el 11 de julio de 2012 por el actual Gobierno, y que establece que la empresa de capital español, receptora de 348 mil 171 metros cuadrados, debe construir una nueva terminal que ajena a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Mediante un comunicado, las autoridades dieron a conocer que el proyecto consta de dos fases y en la primera se invertirían 177 millones de dólares (unos Q1 mil 384), contando con 13 hectáreas de explanada, 350 metros de muelle, capacidad de recibir 400 mil teus/año y que generará 200 puestos de trabajo en Escuintla.

“MÁS MODERNO”
Según el director de Transporte de Contenedores de Barcelona, Ángel Pérez-Maura, el proyecto permitirá a Guatemala contar con el puerto más moderno en el Pacífico americano, entre México y Panamá, esperando que los trabajos finalicen en noviembre de 2015.

A decir del entrevistado, al concluirse en 22 meses, se pondrá a disposición del comercio internacional un puerto capaz de recibir 700 mil teus/año en un muelle de 540 metros con 20 hectáreas de explanada y una inversión final de 255 millones de dólares (1.994 millones de quetzales), que generará 600 plazas laborales.

Además, señaló que aliviará los actuales atascos logísticos, lo que tendrá impacto directo en la competitividad portuaria, permitiendo que barcos tipo Post Panamax (de 340 metros de longitud) ingresen al puerto, aumentando las opciones y beneficios para el comercio.

No obstante, cientos de personas, que indicaron pertenecer al Sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, manifestaron en las afueras de las instalaciones en desacuerdo a la construcción de la Terminal de Contenedores, aduciendo que dicha concesión se firmó en secreto y la selección de la empresa fue discrecional.

Los inconformes criticaron el supuesto secretismo con que el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina manejó la negociación, afirmando que el contrato afectará a más de mil 200 empleados de la EPQ y a las 13 municipalidades de Escuintla, que aparentemente reciben cierta cantidad de dinero al año por utilidades de la portuaria.

Al cierre de esta edición, el mandatario guatemalteco no había opinado sobre los señalamientos.

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