POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Históricamente quienes más buscan cruzar la frontera de la nación norteamericana sin documentos son personas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, muchos ni siquiera han cruzado el territorio mexicano y ya se ven expuestos a situaciones de violencia y abusos de todo tipo, principalmente por autoridades que les exigen dinero a cambio de no deportarlos a su país de origen, en el caso de los centroamericanos.
Tras hacer un recorrido por el sur y sureste de México, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, reveló recientemente que existe una componenda entre transportistas y agentes de la Policía Nacional Civil para despojar de dinero y pertenencias a los indocumentados centroamericanos que viajan a Estados Unidos.
El PDH realizó hace un par de semanas el recorrido por la denominada Ruta del Migrante, motivado por la crisis que se desató, desde mayo pasado, en la frontera de Estados Unidos por la masiva migración de menores de edad no acompañados.
El Defensor del Pueblo asegura haber recibido en el trayecto 180 denuncias verbales de migrantes sobre asaltos, extorsiones y otras violaciones cometidas por policías y grupos del crimen organizado en Guatemala, en su travesía hacia EE.UU.
De acuerdo con el funcionario, de cien personas entrevistadas durante su recorrido, 98 aseguraron haber sido víctimas de asalto y extorsión por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes aprovecharon la vulnerabilidad de los migrantes en su paso por el país y los intimidaron con aplicarles todo el peso de la ley.
Dentro de las denuncias, los centroamericanos indicaron que los policías, previo a llegar a la frontera de El Naranjo y El Ceibo, en Petén, les pidieron dinero para dejarlos ir. “En otros casos se ha detectado que están confabulados con dueños de transporte, quienes al percatarse que son personas no guatemaltecas cobran de pasaje hasta Q700 para llevarlos a la frontera”, explicó el PDH.
De León Duque detalla el modus operandi en donde los pilotos de buses son detenidos por la PNC en puntos estratégicos para inspeccionarlos, pero de acuerdo con las quejas, los agentes ya saben que en el interior viajan migrantes y para dejarlos ir les quitan grandes sumas de dinero, que van de Q200 a los Q500, a cambio de no arrestarlos.
Según el Ombudsman, se tienen identificados al menos ocho puntos en los que se cometen los abusos por parte de la Policía. “Se constató que a 27 kilómetros antes de llegar al cruce de El Ceibo y El Naranjo, Petén, hay dos autopatrullas, cuyos agentes son los que se encargan de hacer cobros”.
Como resultado de las múltiples quejas que logró recopilar, De León abrió un expediente por las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y solicitó al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de la PNC, un informe que contenga los resultados de las investigaciones y las medidas que se adoptarán para evitar que se continúe con esas prácticas.
“Los migrantes denuncian una confabulación muy bien orquestada por autoridades, miembros del crimen organizado y con una pasividad de entidades encargadas de aplicar la justicia. “Así, ¿cómo pretende Guatemala pedir trato humanitario si las autoridades nacionales no respetan a los migrantes centroamericanos? Nadie tiene derecho a lastimarlos, a abusar de ellos ni a robarles”, dice el PDH.
VIOLENCIA, FACTOR PRINCIPAL PARA MIGRAR
Dentro de las 180 denuncias verbales que el Magistrado de Conciencia indica haber recibido a lo largo de su recorrido, los guatemaltecos migrantes expresaron que su principal motivo para salir del país es la violencia.
Claro ejemplo es una madre guatemalteca que realizó el viaje con sus tres hijas a Estados Unidos, afirmando salir del país porque “los mareros le exigían una cantidad elevada de dinero, de lo contrario amenazaron con matar a sus hijas, por lo que prefería mejor pasar el calvario de viajar a EE.UU. como ilegal, que ver cómo en el país le quitaban a sus hijas”, relata De León Duque.
¿Cómo podemos nosotros pedir entonces que se queden si en el país no se les da las oportunidades y la protección necesaria a las personas? Es una verdadera tragedia humana”, agrega.
Cabe mencionar que el PDH visitó del 29 de julio al 1 de agosto de este año, las ciudades de Tenosique, Palenque y Saltillo en México, donde se encontró con migrantes en albergues y centros de detención mexicanos.
PNC DA SEGUIMIENTO A DENUNCIAS
Desde que el Procurador denunciara que existe un acuerdo entre transportistas y agentes de la Policía Nacional Civil para despojar de dinero a guatemaltecos y centroamericanos que viajan a EE.UU., la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Inspectoría General de la PNC, llevan a cabo una investigación al respecto, cuyo resultado de momento, es la captura de tres elementos policiales, la semana pasada.
Armando Rodríguez Contreras, Manuel de Jesús Lima Flores y Carlos Poou Chen fueron los agentes capturados en el kilómetro 615 en jurisdicción de la aldea Naranjo, en el municipio de La Libertad, Petén, el pasado 12 de agosto.
“La aprehensión se dio cuando le quitaban a un hombre de nacionalidad hondureña la cantidad de Q800 a cambio de no deportarlo, ya que se conducía, según ellos, de forma ilegal en el país con rumbo a los Estados Unidos”, refería un comunicado de la Policía.
Sin embargo, según el director de la PNC, Telémaco Pérez, uno de los obstáculos para continuar con las averiguaciones es que a los migrantes en tránsito por Guatemala, lo único que les interesa es llegar a territorio estadounidense y por eso las denuncias no se sostienen al momento que el caso sea elevado a un tribunal.
Aun así, el oficial declara: “No permitiremos ningún comportamiento incorrecto de parte de los policías y por eso cuando tengamos conocimiento de una denuncia, de oficio se le dará seguimiento a la misma para determinar si participó en algún acto ilícito o no”.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de cierta forma justificó el accionar de los agentes de la PNC, argumentando que se debe cumplir con la ley no permitiendo el paso de indocumentados en el territorio nacional.
El titular de la cartera del Interior admite que se deben mejorar los controles internos en la PNC para que los agentes no se involucren en prácticas fuera de la legalidad, aunque también responsabilizó a las personas migrantes por ofrecer sobornos y dadivas a cambio de no ser detenidos “porque saben que están infringiendo la ley y muchas veces la tentación es muy grande”.
“En esto podrían estar involucrados más agentes. La política de la institución es cero tolerancia a las acciones ilícitas en las que se involucren agentes de la PNC. Si existen indicios sobre la participación de policías en las denuncias de los migrantes, cada caso será trasladado al Ministerio Público para iniciar la persecución penal”, indica Bonilla.
“LA BESTIA”
Aunado a los vejámenes y las condiciones climáticas, los migrantes tienen que sortear un obstáculo mucho mayor llamado por muchos “La Bestia”, un tren de carga hecho de acero pero que se convierte en el principal medio de transporte para quienes buscan cruzar México sin tener que caminar por días, cientos de kilómetros.
No obstante, cada vez se torna más peligroso no solo por el riesgo de intentar abordarlo en marcha, sino porque en la actualidad grupos criminales suben para exigir de US$ 100 a 200 dólares a cada uno de los migrantes y quien no paga, es lanzado aun con la máquina en movimiento.
En palabras de Juan Luis Carbajal, representante de la Pastoral de Movilidad Humana, la “peor pesadilla” de los indocumentados, ocurre a bordo de “La Bestia”, pues el tren hace “paradas sorpresivas” en sectores montañosos que son aprovechadas por grupos del crimen organizado, entre ellos integrantes del cártel de Los Zetas, para exigir hasta doscientos dólares a los centroamericanos.
“La Bestia es vista como una mina de oro y quien no paga es lanzado del tren por los garroteros y es por eso que se dan los accidentes, muertos y amputados. No es que se caigan solos”, detalla el sacerdote.
En ese sentido, el gobierno mexicano ha declarado la intención de impedir que los indocumentados utilicen ese medio para avanzar hacia el norte del país, aunque para varias organizaciones sociales, los indocumentados a pie igual son vulnerables ante otros grupos delincuenciales.
El religioso advierte además que las causas de las migraciones están identificadas “plenamente” y, por lo tanto, es necesario ver el tema con un enfoque humanitario que no se debe politizar y que se debe atender cuanto antes.
“Los abusos de la PNC los hemos denunciado hace más de veinte años, pero poco han hecho los gobiernos para garantizar el respeto, la atención y la seguridad de las personas que van en camino”, pronuncia Carbajal.
El entrevistado insiste en que se debe fortalecer el trabajo de la Defensoría de las Personas Migrantes y Desarraigadas de la PDH, con más personal, una mayor asignación presupuestaria y la creación de más auxiliaturas para que se realice un monitoreo constante sobre la situación real de las personas migrantes.
“Se necesitan acciones más duraderas y que el tema no sea una llamarada de tuzas. El error de las autoridades está en querer enfocar todos los recursos y el tiempo en una cacería de brujas y no se dan cuenta en que se necesitan también de acciones preventivas para que no se sigan cometiendo delitos contra este grupo”, señala.
FALTA ATENCIÓN INTEGRAL
Una política de atención integral y más programas de inclusión laboral en Centroamérica y específicamente en Guatemala, serían la solución, a mediano plazo, para evitar la migración de menores y adultos hacia Estados Unidos.
Esa fue la conclusión a la que llegó el jurista español Baltazar Garzón en su intervención en la mesa de trabajo sobre el éxodo de menores de edad que viajan solos hacia Norteamérica, durante el V Foro Regional Esquipulas.
Para Garzón, Guatemala, El Salvador y Honduras deben hacer cumplir sus legislaciones internas para luego diseñar una estrategia conjunta para incentivar el desarrollo local y evitar las migraciones ilegales hacia EE. UU debido a que existen muchos peligros para quienes viajan sin compañía.
Garzón recomendó antes de criminalizar la migración, más bien identificar a quienes se benefician económicamente del fenómeno migratorio, lo cual provoca otros delitos como lavado de dinero y graves violaciones a los derechos humanos.
En tanto, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para la Atención de los Migrantes, Alejandra Gordillo, no comparte el criterio de Garzón aduciendo que las causas estructurales que orillan a los guatemaltecos a salir del país, no se resuelven en un corto ni en un mediano plazo, si antes no se cuenta con el apoyo de otros países por tratarse de un fenómeno transnacional.
De igual forma, insta a la PDH a ocuparse de la protección de los migrantes que denuncian, a manera de garantizarles participar en los procesos de investigación para que los casos culminen en una sentencia condenatoria contra las personas que cometen abusos y se les aplique una medida correctiva como lo establece la ley penal.
“Pero si solo se hace la denuncia, al final no se sienta un precedente. Por eso la PDH debe brindar acompañamiento, exigiendo a las autoridades las acciones necesarias para resguardar a los migrantes en los procesos de investigación. De nada sirve presentar una denuncia si después el migrante no se siente respaldado”, critica Gordillo.
Finalmente, opina que el cobro de dinero por parte de agentes de la PNC a migrantes a cambio de no deportarlos mientras transitan en Guatemala, obedece a una pérdida de valores que atraviesa actualmente la institución.
“Lastimosamente la mayoría de los agentes tiene poco nivel de escolaridad y poca sensibilidad humana y por eso se involucran en operativos en contra de migrantes para obtener un beneficio económico de forma ilegal. Obviamente es deplorable, lamentable y condenable que se den este tipo de acciones por personas sin escrúpulos como coyotes, oficiales, alcaldes, pilotos y pobladores”.
“INFIERNO”
En Tenosique, Tabasco, México, se encuentra el albergue llamado La 72, en memoria de las setenta y dos víctimas migrantes de una masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, supuestamente tras haberse negado a trabajar para el cártel de Los Zetas, que los había secuestrado en algún punto de su ruta clandestina a Estados Unidos.
El recinto brinda hospedaje, alimentación, medicina y orientación legal y psicológica para quienes transitan por México y buscan abordar “La Bestia”, rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Aunque el refugio no está a la mitad de su destino final, unos mil migrantes por mes llegan agotados, enfermos, con hambre, y sin dinero o algunas pertenencias porque les fueron despojadas durante el trayecto.
En tanto, en Saltillo, ciudad del estado de Coahuila, ubicada al norte de México, se encuentra el Instituto Nacional de Migración. Allí las autoridades federales y municipales, envían muchos indocumentados detenidos en las principales rutas norteñas. Las autoridades describen el lugar como un albergue, no obstante para muchos de los aprehendidos es una cárcel que frustra sus sueños.
“Son instalaciones limpias pero la gente siempre es un poco temerosa para relatar cuál es el trato que reciben y cuando ven demasiada gente, no tan fácilmente se abren con uno. Pero el lugar se ve físicamente bien y están seguros”, declara el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.
El trayecto hacia Estados Unidos se considera duro y una experiencia difícil de olvidar para los miles de migrantes que intentan llegar a suelo norteamericano en más de una ocasión.
Sin embargo, insisten a pesar que en la Ruta del Migrante viajan con la muerte como acompañante, buscando brindar una mejor condición de vida a sus familias o huyendo de la violencia en sus países de origen.
Precisamente es la disyuntiva que enfrentan muchos connacionales, el emprender el viaje o no, sabedores de los riesgos que deberán sortear en su camino, porque saben que quedarse en Guatemala, es luchar contra la falta de oportunidades de desarrollo y la ola de delincuencia y violencia que actualmente azota al país.
“Por donde pasa el migrante es sujeto de explotación, secuestro y violación… Es un infierno el que sufren”, culmina el Defensor del Pueblo.
“Los migrantes denuncian una confabulación muy bien orquestada por autoridades, miembros del crimen organizado y con una pasividad de entidades encargadas de aplicar la justicia. “Así, ¿cómo pretende Guatemala pedir trato humanitario si las autoridades nacionales no respetan a los migrantes centroamericanos? Nadie tiene derecho a lastimarlos, a abusar de ellos ni a robarles”.
Jorge de León Duque
Procurador de los Derechos Humanos“No permitiremos ningún comportamiento incorrecto de parte de los policías y por eso cuando tengamos conocimiento de una denuncia, de oficio se le dará seguimiento a la misma para determinar si participó en algún acto ilícito o no”.
Telémaco Pérez
Director de la PNC“En esto podrían estar involucrados más agentes. La política de la institución es cero tolerancia a las acciones ilícitas en las que se involucren agentes de la PNC. Si existen indicios sobre la participación de policías en las denuncias de los migrantes, cada caso será trasladado al Ministerio Público para iniciar la persecución penal”.
Mauricio López Bonilla
ministro de Gobernación“La Bestia es vista como una mina de oro y quien no paga es lanzado del tren por los garroteros y es por eso que se dan los accidentes, muertos y amputados. No es que se caigan solos”,
Juan Luis Carbajal
Pastoral de Movilidad Humana
Detienen 363 «coyotes»
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció hoy que se ha detenido a 363 traficantes de personas en el valle de Río Grande (Texas), en una operación llevada adelante en la frontera entre México y Estados Unidos.
La llamada «Operación Coyote», de 90 días de duración, comenzó el 23 de junio.
Como resultado las autoridades estadounidenses han detenido hasta ahora a 363 «coyotes» y sus socios y han congelado 438 cuentas bancarias por valor de 800 mil dólares, dinero presuntamente procedente del tráfico de personas.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a «perseguir a los ‘coyotes’, quienes, a través de información incorrecta y explotación, fomentan esta peligrosa migración ilegal».
«Debemos continuar interceptando estos pagos a los ‘coyotes’ para desalentar a los migrantes y a las familias de hacer esos pagos», dijo Johnson, quien agradeció la colaboración recibida por el Gobierno de México a la hora de llevar a cabo la operación.
El secretario de Seguridad Nacional también advirtió a los migrantes y sus familias que, a raíz de la intensificación de estas operaciones contra el tráfico de personas, «se arriesgan a perder grandes sumas de dinero destinadas a pagar esta actividad ilegal».
Los inmigrantes centroamericanos pagan entre 5 mil y 10 mil dólares por persona a los «coyotes» para entrar ilegalmente en Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Por otro lado, Johnson se mostró satisfecho porque en el mes de julio se haya reducido considerablemente el número de niños indocumentados no acompañados y de adultos con niños que son detenidos por la patrulla fronteriza.
«Al ritmo actual, los números del mes de agosto serán aún más bajos», predijo Johnson, quien, sin embargo, advirtió de un posible cambio de esta tendencia.
Los expertos en inmigración recuerdan que en los meses de verano (boreal) el número de inmigrantes que cruza la frontera suele bajar debido a las altas temperaturas en el desierto y advierten que en los meses de septiembre u octubre podría darse una nueva alza.
En lo que va de año fiscal 2014 –desde octubre de 2013 hasta julio de 2014–, la patrulla fronteriza detuvo a 62 mil 998 niños y adolescentes no acompañados menores de 17 años, el doble que en el mismo periodo del año fiscal anterior, cuando se detuvo a 31 mil 491.
Honduras es el país del que procede la mayoría de los niños no acompañados detenidos (17 mil 582), seguido de Guatemala (15 mil 733), El Salvador (14 mil 591) y México (13 mil 675), según datos de la patrulla fronteriza. Este año fiscal también se ha producido un aumento significativo de las familias detenidas en la frontera, es decir, de adultos que viajan con niños: 62 mil 856 unidades familiares en lo que va de año fiscal, frente a las 11 mil 001 en el mismo periodo del año fiscal 2013.
