POR CLAUDIA PALACIOS
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En la sala de audiencias apenas cabe un alma. Hay cerca de 20 hombres, reos de la cárcel El Boquerón dentro de la carceleta de seguridad, mientras algunos abogados se agrupan a la izquierda del Tribunal, lugar que corresponde a la defensa. A un costado de ellos, en las sillas del público, hay veinte mujeres con esposas en las muñecas, y a la par de cada una hay un hombre o mujer de traje, sus defensores, que en su mayoría pertenecen al Instituto de la Defensoría Pública Penal.
Aquí no hay 95 pandilleros, pues la sala no está condicionada para un juicio de esa magnitud y algunos acusados deben atestiguar lo que sucede en Torre de Tribunales a través de videoconferencia, desde el preventivo en el que se encuentran.
El juicio ya se retrasó dos días debido a que los reos que permanecían en la cárcel Fraijanes I se escondían en las celdas para no ser trasladados a la sala de la prisión, y cuando los guardias de la cárcel lograban ubicarlos, se encerraban dentro de las salas para impedir que los técnicos instalaran el equipo de videoconferencia.
A petición de las juezas, el Ministerio de Gobernación intervino para asegurar que el juicio no se retrasaría una vez más.
En la pared, a espaldas del tribunal, se proyectan las imágenes de los reos que asisten desde el Preventivo en zona 18, la cárcel Fraijanes 1 y El Boquerón.
Al inicio, hay agitación en el ambiente, pero esta vez el debate sí se inicia. Los acusados escuchan los delitos que se les imputan. Algunos permanecen en silencio, cabizbajos, otros se mueven constantemente, miran a su alrededor y hablan con sus abogados. Pronto, el tedio de los trámites judiciales que obliga la ley, termina por invadirlos a todos.
El proceso pone a prueba la capacidad de control de las autoridades.
LA INVESTIGACIÓN
El MP presenta el resultado de cuatro años de investigación: 50 declaraciones de peritos, 35 testigos, 5 colaboradores eficaces y cerca de 2 mil documentos que pretenden demostrar que esas 95 personas cometieron diversos hechos delictivos entre el 2010 y el 2013; los principales delitos son asesinato y extorsiones al transporte público.
Para Elías Pumay, de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, de todo el universo de extorsiones, solamente un 15 por ciento son realizadas por pandillas, pero eso sí, cuando de extorsiones al transporte público se trata, se puede hablar que un 90 por ciento son realizadas por estas estructuras criminales.
Si bien, no todas las personas presentes en la sala están acusadas de los mismos hechos, una condición los involucra a todos, tanto hombres como mujeres son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha. En todos los expedientes, el delito en común es el de asociarse ilícitamente para violar la ley, ese fue el elemento necesario para poder enjuiciar tantos casos a la vez.
El MP espera que con este juicio se logren resolver 50 casos relacionados a la pandilla, un avance significativo para la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, que el año pasado terminó con las estadísticas más altas de resolución de casos. Sin embargo, es imprescindible mencionar que este trabajo tuvo éxito en gran parte, gracias a los colaboradores eficaces.
AVISO CON HECHOS MACABROS
De acuerdo con las investigaciones, José Luis Velázquez Cuéllar ingresó a la Mara Salvatrucha cuando tenía 6 años y comenzó con tareas pequeñas como colaborador para la clica Coronados, que opera en Villa Nueva, pero una vez “brincado”, como se llama al rito de iniciación en las pandillas, escaló rápidamente y como miembro pleno de la MS comenzó a asesinar.
Vio, escuchó y aprendió de sus líderes. Cuando años después se salió de la mara, ese conocimiento le costaría la vida.
En el 2013 Velázquez Cuéllar delató a sus compañeros en el juicio más grande que se haya realizado en contra de pandilleros en el país. Ahí, relató como en un mitin de barrio se decidió que si las autoridades no colaboraban con sus solicitudes de mejoras en las cárceles y preventivos donde estaban sus compañeros recluidos, ellos les demostrarían el poder que tenían.
“Cuando se instaló la “meeting mitin se conectó en altavoz para que oigan todos los homies (compañeros) de la “meeting”. “El vato”, dice que el barrio estaba molesto con el Gobierno y querían que les quitaran las cabezas y que se pusieran en diferentes lados de la capital, con notas”, explicó el colaborador.
Ese día el 10 de junio de 2010, cuatro personas fueron aleatoriamente elegidas para ser asesinadas y sus cabezas aparecieron al día siguiente en la entrada principal del Congreso, en el Centro Comercial Tikal Futura, en la zona 18, y en la zona 4 de Villa Nueva. Todas tenían un mensaje que responsabilizaba directamente al Ministro de Gobernación y al director del Sistema Penitenciario por no acceder a su petición.
Según las investigaciones del MP, la mística de la mara es así y para demostrar su poder retan a las autoridades y cuando no se recibe lo que se espera, dan un golpe. Al gobierno no le convienen más asesinatos y ellos necesitan privilegios en los centros penitenciarios. Privilegios para los que están dentro, los líderes, que además ordenan a los que están fuera.
Hasta el 2012, el MP acumulaba expedientes de delitos que se sabían relacionados a las pandillas, pero que no tenían nombre ni apellido. No fue sino hasta ese año en que, gracias a los señalamientos de los colaboradores eficaces como Velázquez, se inició la investigación de la estructura criminal conectando más de 50 casos entre sí.
Los colaboradores eficaces, personas que participaron en los hechos y que luego se alejaron de la mara y colaboraron con el MP, dieron nombres, describieron hechos, localizaron puntos de operación y explicaron cómo la mara era una estructura más lógica y más compleja de lo que se pensaba.
Pero en la mara hay unos estamentos que todos los miembros conocen: el “homie” que se sale de la pandilla y el que colabora, debe ser asesinado. A Velázquez Cuéllar lo encontraron muerto a balazos tres días después de testificar en el juzgado B de Mayor Riesgo. El MP cree que su muerte respondió al cumplimiento de esta regla.
¿CÓMO OPERA? EL CONSEJO DE LOS NUEVE
Este es el juicio más grande alguna vez llevado a cabo contra pandilleros. 95 personas guardan prisión preventiva y se presume que una buena parte de ellos, 25 por lo menos, son líderes de las diferentes clicas que operan en la capital y Chimaltenango.
Adentro, en las prisiones, acusados y vencidos en juicio están nueve hombres que las autoridades reconocen como los dirigentes de la Mara Salvatrucha. Desde los lugares donde cumplen su condena, el Consejo sigue ordenando y dirigiendo asesinatos, extorsiones y otros crímenes.
Según el MP, la MS funciona como una jerarquía: los recién ingresados no toman decisiones y solo siguen órdenes de sus superiores, que a la vez siguen órdenes de quienes están más arriba en la escala jerárquica, en el Consejo de los Nueve.
El Consejo de los Nueve dirige todas las operaciones desde la prisión, y quienes están afuera se aseguran de no ceder, de seguir controlando y de expandirse.
¿SON POSIBLES LOS CAMBIOS?
Cifras otorgadas por las autoridades dicen que entre el 80 y 90 por ciento de las extorsiones salen de las cárceles del país. Si a pesar de las capturas y los juicios, los índices de violencia no muestran señales de reducción, ¿Dónde está la falla del sistema?
Para Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, el principal problema en las cárceles del país es la sobrepoblación. El Sistema Penitenciario del país tiene capacidad para 6 mil reos y actualmente se maneja un aproximado de 18 mil privados de libertad, explica. Esta situación complica la capacidad de respuesta y control sobre hechos ilícitos que se tiene dentro de los penales.
A manera de solución inmediata, dice Esquivel, se aumentaron los controles de las requisas y se mejora el trabajo con el MP para judicializar procesos, ubicar artículos ilegales y prevenir el ingreso de los mismos. A mediano plazo se tiene planificado la construcción de 40 módulos de deshacinamiento, con capacidad para 144 reos cada uno, en la Granja de Rehabilitación Canadá en Escuintla.
Sin embargo, Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación, cree que los problemas al centro de los penales son tres específicamente. El primero es que muchas veces en las investigaciones del MP no se aportan suficientes pruebas para los juicios y como consecuencia, se deja libre a los sindicados.
Por otro lado, menciona Clavería, la corrupción de policías en las cárceles es un hecho constatado y responde a la poca preparación de éstos para resistir las intimidaciones de los pandilleros y también a los bajos salarios que reciben a cambio de su servicio, por lo que por 10 mil quetzales acceden a ingresar un celular.
Según datos proporcionados por el vocero del Sistema Penitenciario, en este año, 187 personas han sido sindicadas por ingreso de objetos ilícitos; entre ellos, 25 fueron servidores públicos.
Como tercero y principal problema, Clavería señala el hecho de que la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario no se adecua a la realidad del país, “es sumamente idealista” y no existe presupuesto para aplicarla, por lo que necesita reformarse para atender las nuevas realidades sociopolíticas.
LOS QUE ESTÁN FUERA
En la Policía Nacional Civil no se tienen datos del número de pandilleros que integran la estructura de la MS y tampoco se tiene mucho conocimiento de sus identidades. Lo que está claro es que la padilla crece cada vez más y los principales objetivos de los reclutamientos son los menores de edad.
Según han mencionado las autoridades en diferentes ocasiones, los jefes prefieren utilizar menores de edad porque la ley establece sanciones más leves para ellos, y por esta razón, en la gran mayoría de casos los que ejecutan las acciones son los recién “brincados”, los jefes reservan su participación como autores intelectuales porque es más fácil perder a un recién integrado que a un jefe.
Para la fiscalía, los que están fuera ejecutan las órdenes y mantienen la pandilla funcionando en nombre de los que están fuera. A través de las investigaciones se ha logrado determinar cómo la Mara Salvatrucha trabaja de manera sumamente lógica. Cada golpe en su contra modifica sus formas de operación para evitar ser señalados.
Antes la idea era que un pandillero tenía una apariencia específica; jeans y playera holgada, gorra plana y tatuajes en todo el cuerpo. Las recientes investigaciones han demostrado que los pandilleros de la MS, ya no se tatúan, ni se visten de la forma anterior para no ser reconocidos. Además utilizan identidades falsas con documentos reales, que consiguen a través de contactos en instituciones públicas.
Para el MP, la disminución de los índices de violencia en el país necesita un trabajo interinstitucional que incluya a las diferentes fiscalías que lo conforman, para establecer la forma de operar de estas organizaciones delictivas; el trabajo del Ministerio de Gobernación, que a través de sus diferentes viceministerios debe prevenir el delito y además, la cooperación en general de todo el gobierno a través de programas que incidan en que la juventud no sea captada por estos grupos.
Muchos analistas en seguridad han recomendado reformas a la ley de menores en conflicto con la ley, a modo de que las sanciones sean más duras para ellos. Sin embargo, para Rivera Clavería difícilmente una iniciativa de este tipo ayudará en algo, ya en los centros de rehabilitación para jóvenes no se lleva a cabo una verdadera rehabilitación y reinserción social, ni siquiera se tiene presupuesto para esto, explica.
Para el exministro, la solución pasa por cambios más complejos y profundos: “no sirve de nada parchar el Sistema Penitenciario, no sirve que usted intente hacer más módulos de deshacinamiento, si trabaja sobre lo mismo (…) el problema del país pasa por algo que es simple: dar oportunidad a la gente, bajar los niveles de pobreza y educar a la población. Si no entendemos que esas son tres de las grandes causas por las cuales las personas se dedican a este tipo de actividades, las cosas nunca van a cambiar” expresó.
El 90 % de las extorsiones al transporte sale de las cárceles, según autoridades
“El Consejo de los Nueve” es el que dicta las órdenes
Mareros ya no se tatúan para distraer a las víctimas y autoridades
