POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
Los datos parciales de enero a julio del presente año han demostrado que hay un aumento en el número de sentencias dictadas por los órganos especializados en el delito de femicidio y violencia contra la mujer.
En el 2011, los juzgados de femicidio presentaban una saturación de casos que les obligaba a agendar procesos hasta dentro de un tiempo considerable. En el 2013, de los 1709 casos ingresados al sistema, solamente 779 fueron resueltos, lo cual significa un 49 por ciento del total, mientras que para esta fecha del presente año ya se resolvió el 75 por ciento de los casos ingresados.
SIN SEGURIDAD
Sin embargo, la resolución de las sentencias no asegura una verdadera incidencia sobre la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Para Sandra Morán de la Alianza Sector de Mujeres, los tribunales de femicidio se están enfocando en ese delito únicamente, situación que provoca una lentitud en otros casos de violencia contra las mujeres. “El avance no es integral” explica.
Mientras que el femicidio es conocido por los órganos especializados, la violencia contra la mujer solamente recibe atención especializada en la capital y no en los demás departamentos, donde aún se está ampliando la cobertura.
Muchas veces, los prejuicios que existen entre los administradores de justicia afectan a las mujeres víctimas de violencia. Un caso muy común entre las mujeres privadas de libertad es que muchas de las mujeres fueron sentenciadas a pesar de que sus actuaciones estaban motivadas por la misma violencia en su contra.
Uno de esos casos corresponde a Lesly, una mujer que sufrió violencia por muchos años, y en un día de 24 horas de violencia resultó asesinando a su agresor. Lesly recibió una sentencia de 25 años por parricidio. Según Morán no se tomó en cuenta la violencia que ella sufrió. “Entonces hay contradicciones porque el principio es que a las mujeres hay que castigarlas mucho más porque si no pueden agarrar esa forma de defenderse” dijo.
Para Morán, en cuanto al acompañamiento y asesoría a las mujeres víctimas de violencia, aún quedan muchos vacíos que llenar.
“Este Gobierno desgraciadamente, vino a debilitar las instancias que desde el movimiento de mujeres se habían logrado constituir como aporte (…) Esto, obviamente tiene sus consecuencias sobre cómo se acompaña la protección de derechos de las mujeres en su conjunto (…) En el caso de la atención a mujeres víctimas de violencia, la Conaprevi (Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra mujeres) es el ente rector por ley, entonces teniendo el ente rector debilitado, todo lo demás se ha debilitado” explica.
Uno organización que suple estas carencias de parte del Estado es el Grupo Guatemalteco de Mujeres que a través de los Caimus (Centro de atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de violencia) brinda asistencia a mujeres que sufren violencia; sin embargo los fondos estatales que las organizaciones habían logrado conseguir para la manutención de los Caimus son una preocupación constante, al punto que estuvieron a punto de cerrar, amplió Morán.
