POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La Magistratura de Conciencia expresó que en diciembre de 2013 ya se había emitido una resolución de condena hacia el Ministro de Salud, Jorge Villavicencio, debido a la problemática que hoy nuevamente se suscita.
En dicha resolución, la PDH recomendó fortalecer el programa de extensión de cobertura a efecto de continuar brindando los servicios primarios de salud y realizar los trámites administrativos para cumplir con los compromisos adquiridos en su oportunidad, en relación con el financiamiento del programa.
En aquel entonces, la institución inició una investigación por la presunta violación al derecho humano a la salud debido a la falta de planificación, financiamiento, ejecución y evaluación del Programa de Extensión de Cobertura por el MSPAS.
Asimismo, para determinar la vulneración del derecho al trabajo del personal de las ONG contratadas para ejecutar dichos programas y a quienes no se les ha efectuado el pago de sus honorarios desde julio de 2013, en detrimento de los servicios de salud en 89 municipios a nivel nacional.
Según la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura (Conec), a partir del 1 de agosto, 18 organizaciones no gubernamentales dejarán de ofrecer servicios médicos en comunidades del área rural debido a que la cartera de Salud no ha terminado de pagar una deuda de Q417 millones y decidió rescindir de 220 contratos.
La agrupación denunció que el año pasado fueron suscritos 395 convenios entre las autoridades de la cartera de Salud y las ONG, por un monto de Q560 millones 746 mil, los cuales deberían ser desembolsados en tres anticipos; uno en marzo, otro en junio y el ultimo en septiembre de 2014.
Asimismo, la Conec determinó que la falta de financiamiento del Programa afectará a 2.5 millones de guatemaltecos, la mayoría niños y mujeres embarazadas, ya que el atraso del pago de honorarios ha provocado el desabastecimiento de medicamentos en insumos utilizados por el personal encargado de brindar servicios en el primer nivel de atención.
Es por ello que la PDH exhortó al Ministerio de Salud y al Organismo Ejecutivo agotar los esfuerzos a fin de evitar la suspensión de los servicios de salud proporcionados por el programa de extensión de cobertura, por considerar que pone en riesgo la atención y la salud de los guatemaltecos, especialmente en las áreas más remotas y en situación de extrema pobreza del país.
De igual modo, exigió al Congreso de la República intermediar con el fin de movilizar los recursos necesarios a efecto de velar por la sostenibilidad de estos programas para el goce de servicios mínimos de salud.
