POR SAIRA RAMOS
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La Ley para la Circulación por Carreteras Libres de Cualquier Tipo de Obstáculos –conocida como Ley de Túmulos–, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos –identificada como Ley de Telecomunicaciones– y la Ley para la Protección y Obtención de Vegetales –simplificada a Ley de Vegetales– generaron polémica este año.
Y es que dentro de esas leyes los diputados incluyeron –o intentaron incluir– lo que analistas consideran verdaderas “trampas” legislativas, es decir, artículos que no tienen una relación directa con los propósitos de las normativas y que solo benefician a grupos de poder afines a los políticos con representación en el Congreso.
ENMIENDA DE PELIGRO
En la sesión plenaria del 10 de febrero, los diputados discutían sobre si se debía o no instalar la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, pero al margen, un grupo de oficialistas se interesaban por enmendar la iniciativa de Ley de Tumulos, para que en esa normativa se incluyeran nuevas disposiciones para reducir los controles sobre el gasto en obras públicas.
De acuerdo con una publicación de La Hora la idea de los diputados no tenía que ver con los túmulos, sino incluir en la Ley de Túmulos un artículo para reformar la Ley Orgánica del Presupuesto y así eliminar la obligación de presentar las constancias de disponibilidad financiera en los ministerios encargados de la ejecución de obras, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones.
Finalmente se aprobó la Ley sin la polémica enmienda, pero quedó al descubierto el interés de algunos diputados para evadir los controles del gasto público.
BENEFICIO EMPRESARIAL
La Ley de Telecomunicaciones, aprobada recientemente, establece que tiene como “propósito establecer normas que impidan las telecomunicaciones no autorizadas desde centros del sistema penitenciario”, sin embargo, solo un artículo, el número 3, está orientado a esa disposición y el resto beneficia a las empresas de telefonía.
“En cambio, 13 artículos de la ley (de los 17 que la integran) están destinados a garantizar la instalación de infraestructura de comunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de datos, bajo requisitos que solo pueden cumplir no más de tres empresas que operan en el sector de telecomunicaciones. Los restantes tres artículos contienen formalidades de la ley”, evidencia un estudio del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Para analistas, el nombre de la Ley es engañoso porque el contenido de la norma no prevé controles de la telefonía celular en las cárceles –donde se planean delitos–, sino beneficios para grupos empresariales.
VEGETALES Y DEUDA
¿Qué relación tienen los vegetales con la deuda externa? Ninguna, pero los diputados encontraron en la Ley de Vegetales la oportunidad perfecta para ampliar el presupuesto y viabilizar un préstamo de US$280 millones, que no tenía cabida en el plan de gastos vigente.
Con una “enmienda de curul” en la Ley para la Protección y Obtención de Vegetales, el oficialismo logró un espacio en ese proyecto para ampliar el presupuesto por Q550 millones, lo que sería cubierto con fondos de un préstamo.
ALTO GRADO DE MEDIOCRIDAD
El analista de la Universidad Rafael Landívar (URL), Renzo Rosal, advierte que el Congreso constantemente aprueba leyes con contenidos engañosos, que se alejan del supuesto espíritu de los proyectos y las causas que originan las normativas.
El problema, dice el analista, es el “alto grado de mediocridad” de los diputados, debido a que la mayoría no tiene las calidades necesarias para ocupar sus curules, y por eso no pueden propiciar debates que conduzcan a la aprobación de leyes con transparencia.
Además, Rosal dice que hay presiones de grupos de poder y señala que iniciativas como la Ley de Túmulos y la Ley de Telecomunicaciones entraron “por la puerta de atrás”, es decir que responden a intereses particulares y no a la demanda social.
A criterio del analista, esto evidencia que el Congreso es muy “permeable, frágil y dependiente”, de tal manera que los legisladores actúan como un conjunto de operadores políticos que benefician a ciertos sectores y afectan a otros. “Los congresistas dependen de una agenda extraparlamentaria que poco o nada tiene que ver con ese organismo. Todo se maneja desde afuera”, indicó.
Además señaló que las acciones de los diputados están encaminadas con miras hacia las próximas elecciones, donde los favorecidos puedan aportar al financiamiento de campañas electorales y además puedan dar un apoyo político en sus diversos aspectos.
INICIATIVAS Y ENMIENDAS
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, en varias oportunidades ha manifestado el por qué los diputados realizan enmiendas no incluidas dentro de los textos originales, tal y como sucedió con la Ley de Vegetales en la que se incluyó una ampliación del Presupuesto General de la Nación por un monto de Q550 millones.
Y es que según Crespo el actuar de los legisladores es válido y se basa en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que se refiere a la discusión del proyecto de Ley y lo explica de la siguiente manera:
“En la discusión por artículos, que será de artículo en artículo, salvo que sea factible o conveniente la división en incisos y párrafos del artículo en discusión, podrán presentarse enmiendas por supresión total, por supresión parcial, por adición, por sustitución parcial y por sustitución total. Las enmiendas deberán ser presentadas por escrito y la Secretaría les dará lectura seguidamente de su presentación y antes de dársele la palabra al siguiente orador y se discutirán al mismo tiempo que el artículo al que se haga relación o intente modificar…”
Sin embargo, para el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Ricardo Barrientos, esa conducta de los diputados es reprobable, fraudulenta y corresponde a un pragmatismo inaceptable.
Lo que sucede según el experto es que el partido oficial “tiene excelentes juristas dentro de su bancada y hay varios abogados que tienen experiencia en el tema –desarrollando iniciativas con trampas, por tanto– no tendrían reparo en coincidir en que las prácticas son opacas y –además– tienen un pragmatismo inaceptable porque se desvirtúan. La primera pregunta es ¿quién está haciendo esto?”.
El Presidente del Congreso fue consultado para saber quién podría estar detrás de ese tipo de hechos y de manera enfática manifestó no saber del tema, por lo que explicó que al momento de incluir la ampliación presupuestaria en la Ley de Vegetales se hizo porque era “mucho más fácil buscar el acuerdo para sacarlo en ese momento, que comenzar el trámite con una iniciativa diferente”
Según Crespo “el objetivo real y concreto era plantear el tema del presupuesto –por Q550 millones– ya que de otra manera se hubiera tenido que redactar una propuesta distinta”.
El día en que se aprobó la ampliación del presupuesto las bancadas Libertad Democrática Renovada (Lider) y Partido Patriota votaron a favor de esa enmienda, sumando un total de ochenta votos, mientras que los bloques Compromiso Renovación y Orden (Creo), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Encuentro por Guatemala (EG) y el partido TODOS optaron por retirarse del hemiciclo en rechazo a la aprobación.
INICIATIVAS E INTERESES
El exdiputado Aníbal García, líder del Movimiento Nueva República, expresó que durante el tiempo que estuvo dentro del Congreso observó cómo la mayoría de iniciativas aprobadas representaban intereses ocultos, porque a su criterio las bancadas mayoritarias tienen compromisos o deudas políticas por pagar.
“Resulta que esos compromisos hacen que de una u otra forma busquen reconocer los compromisos adquiridos durante la campaña política, fruto de ello es que buscan la forma de aparentar que hay iniciativas que son favorables al pueblo de Guatemala, pero que en esencia protegen y aumentan a los financistas que han tenido”, indicó.
García agregó que esas prácticas no han cambiado en la actual legislatura, ya que desde afuera del Legislativo observa como los mismos “maniobreros” que por años han demostrado sus habilidades siguen recurriendo a las mismas estrategias, olvidando a la ciudadanía quien los eligió para representarlos.
Según el excongresista los diputados que más recurren ese tipo de actuar son: Manuel Barquín, Arístides Crespo, Mario Taracena, Luis Fernando Pérez, Roberto Alejos, Édgar y Oswaldo Arévalo, así como los exlegisladores Manuel Baldizón, y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El entrevistado recordó que las iniciativas que tienen fines positivos para la población no son conocidas y cuando se envían a las Salas de Trabajo nunca obtienen un dictamen, porque no tienen intereses de por medio.
Durante el desarrollo del tema se le cuestionó al exdiputado Aníbal García sí conocía casos en los que legisladores se oponían a realizar iniciativas con otros fines e indicó que sí e inclusive se incluyó. “–Los que se oponen– son amenazados de muerte, –ya que– quien se atreve a levantar la voz en una forma distinta y –por consiguiente– jugar un papel distinto exponen su propia vida y la de su familia”.
Según el exlegislador, durante su gestión pública hubo ocasiones en las que los diputados se acercaban a las curules de sus colegas opositores y les hacían ofrecimientos onerosos con el fin de apoyar las normativas. “Llegaron al punto de decirme, –mira te ofrecemos tanto pero deja de pelear, te ofrecemos esta cantidad y así va a ser la forma de pago”, recordó.
Ante la situación nuevamente se consultó con Arístides Crespo para saber si durante los años en los que se ha desempeñado como diputado ha detectado que algún diputado ha realizado ese tipo de ofrecimiento, a lo que respondió de manera enérgica: “No. Quien hable de trampas o de otro tipo de anomalías tendría que denunciarlo en donde corresponde, porque si no lo hace está cometiendo un delito que se llama omisión de denuncia. Eso no lo puedo aceptar yo”.
El analista Renzo Rosal afirmó que ese tipo de influencias dentro del Legislativo no es una práctica nueva y genera la preocupación que cada vez se realice con más frecuencia y esté más generalizado entre los diputados. Sin embargo, agregó que el argumento de “amenaza de muerte” podría ocurrir, pero también es una forma de eximir a los diputados que están recibiendo ese tipo de presiones. “En todo caso los diputados que estén recibiendo este tipo de presiones lo primero que deben hacer es denunciar porque se está hablando de un asunto de otra categoría”
García, indicó que en su momento presentó una denuncia en donde aportaba pruebas sobre un acto de corrupción dentro del Congreso ante el despacho de las autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, estas nunca tuvieron avance, por tanto invitó a las autoridades a retomar el caso y ofreció ayudar en el mismo.
¿DÓNDE SE PACTAN LAS INICIATIVAS?
Durante la entrevista, García agregó que las iniciativas se pactan afuera de las instalaciones del Congreso y ocurren en oficinas o restaurantes, “repartir el botín”, es decir los fondos públicos entre quienes participan en el negocio. “El sector privado siempre se ha acostumbrado a comprar a los diputados. Como hay corruptores, también hay corruptos”.
Ante las declaraciones del exdiputado es preciso resaltar que semanas atrás varios diputados y miembros de la Junta Directiva del Congreso participaron en un desayuno en la casa del Embajador de Taiwán, Adolfo Sun, para conocer los detalles del financiamiento de un préstamo por la cantidad de US$50 millones que servirá para la ampliación de un tramo carretero en carretera al Atlántico.
Según el diputado Carlos López, miembro de la Comisión de Finanzas Públicas y de la Moneda, esa Sala ya dio el dictamen favorable a dicho préstamo para que el Pleno lo conozca y proceda a la votación entre los parlamentarios.
Para evitar que los diputados sigan aprobando iniciativas con intereses ocultos, el exparlamentario y analistas coinciden en realizar una reforma profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fundamentalmente en el tema del financiamiento de campañas porque aún no está claro quiénes son los financistas y de dónde provienen los fondos que se utilizan.
No obstante, la recomendación más importante que hacen los expertos es que la población debe despertar del aprovechamiento que hacen los funcionarios e iniciar con un proceso de denuncias para encaminar al país hacia una democracia. “Podemos tener a los políticos más mafiosos y mañosos que podamos imaginar, pero si el pueblo está dispuesto a abrir los ojos y a tomar conciencia no van a poder hacer nada”, concluyó García.
“Llegaron al punto de decirme: ‘mira, te ofrecemos tanto pero deja de pelear; te ofrecemos esta cantidad y así va a ser la forma de pago’”.
Aníbal García
Exdiputado
