POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Según el análisis de Fundesa, esta situación abre el debate sobre la evasión fiscal en Guatemala, pues el 90 por ciento de los casos permanece en la impunidad, lo cual es “una muestra de debilidad y del deterioro de la gobernabilidad, la debilidad institucional y las fronteras porosas”, detalla el documento.
Asimismo, el estudio destaca que el contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del país entre 2.8% y 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB), y una de las preocupaciones sobre el tema, de acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, es la poca voluntad institucional para solucionar el flagelo.
“Uno de los factores que inciden es la opacidad en los procesos de investigación y del abuso de las medidas dilatorias por parte de los afectados”, consigna el informe.
