La investigación del caso por las vacunas Sputnik está suspendida. El Ministerio Público está utilizando la decisión de una jueza de turno, tomada el lunes de Pascua a puerta cerrada, como excusa para detener las pesquisas.
Previo al descanso de la Semana Santa, el Ministerio Público (MP) finalmente dio a conocer avances en la investigación por la presunta adquisición anómala de vacunas Sputnik V durante la pandemia de Covid-19. Estas acciones se dieron luego de tres años de espera para conocer resultados de la fiscalía sobre el contrato realizado durante el gobierno de Alejandro Giammattei
En dichas declaraciones, el ente investigador informó sobre órdenes de captura contra exfuncionarios del gobierno de Giammattei. Sin embargo, también se confirmó que no se está accionando contra el exmandatario ni contra su pareja, Miguel Martínez, a pesar de los posibles vínculos de ambos en el caso. En el caso del exmandatario, porque este aún goza de inmunidad debido a su cargo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Sin embargo, este 9 de abril, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras confirmó que las investigaciones en este caso están suspendidas, según dijo, por orden de un juez. Pero, sus vagas declaraciones escondieron la decisión que el MP está tomando para detener la investigación del caso.
Estas palabras de Porras surgieron cuando fue consultada por las razones que llevaron al MP a esperar que Giammattei termine su periodo como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), como lo sugirió el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y no solicitar el retiro de antejuicio.
Fue en ese momento, que Porras informó que con ese caso ahora están de manos atadas.
«Resulta ser que una resolución de juez competente, resolvió que definitivamente no era una situación penal, sino una situación de prejudicialidad. Es decir, que primero se debe resolver esta contratación en la vía contencioso administrativo para luego ver si ejercía la vía penal», indicó la Fiscal.
Porras justificó que con esa resolución, el MP recibió una «orden de suspender» las investigaciones «en cuanto estas personas no resuelvan su situación en la vía de lo contencioso administrativo».
Ante esta respuesta, Porras fue cuestionada por el actuar del MP, pues en otros casos, se ha hecho caso omiso a la parte administrativa y se ha iniciado los procesos penales, como en el caso TREP. Pero, a pesar de esos antecedentes, la fiscal negó que el ente que aún dirige actúe de manera anómala.
LO QUE PORRAS NO EXPLICÓ
Tras la respuesta de la fiscal general, se indagó respecto a dicha resolución. Esta fue dada el pasado lunes 6 de abril en una audiencia celebrada a puerta cerrada ante el juzgado de turno.
Según se consultó con el fiscal Rafael Curruchiche, se constató que el pasado Jueves Santo, 2 de abril, fue capturado Erick Belding Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud Pública (MSPAS), quien es señalado del delito de abuso de autoridad.
Durante la resolución de la juzgadora de turno, se estableció que Delgado fue beneficiado y se le dictaminó falta de mérito, pues a criterio de la jueza el proceso contra el exjefe administrativo debió primero conocerse por la vía contencioso administrativo, ya que podría advertir un supuesto incumplimiento de contrato. Esto implicaría que que antes de verificarse si existe un delito de ámbito penal, una instancia previa debía hacer el análisis del caso.
Este criterio, es el que el MP usa para asegurar que ya no se puede continuar con la investigación penal. Pero, no existe ninguna resolución de prejudicialidad que explícitamente envíe el proceso a una vía administrativa.
De acuerdo con la explicación del fiscal Curruchiche, el ente ya presentó la apelación contra la decisión de la juzgadora para tratar de revertir la falta de mérito y que esta a su vez revierta el criterio de que el caso se conozca en otra vía que no sea la penal, pese a las declaraciones de la Fiscal General que ya da el caso por cerrado.
VINCULADOS PENDIENTES
Fuentes cercanas al Juzgado Cuarto Penal indicaron que en los últimos días han recibido memoriales de los otros tres implicados en el caso contra quienes se han girado órdenes de captura, incluyendo a la exministra de salud, Amelia Flores, con la finalidad de presentarse voluntariamente a resolver su situación legal.
Hasta el momento, se desconoce si el juzgado ya ha girado citación para que estos se presenten a la audiencia de primera declaración. Al consultar a la fiscalía, esta refiere que desconoce este extremo, pero que en todo caso, para los tres funcionarios pendientes de captura, el proceso penal continúa hasta que el juez contralor del caso, Mario Flores, indique lo contrario.
De momento, las órdenes de aprehensión continúan en pie por lo que el caso aún se mantiene bajo la vía penal, pero con la renuncia del MP de continuar con el proceso.
EN OTROS CASOS SÍ
A diferencia del caso Sputnik, donde se percibe un ánimo de no querer continuar con la investigación hasta que los implicados resuelvan la vía administrativa, la actitud es distinta en otros procesos donde se registra la misma situación.
Tal es el caso TREP, donde hace tres semanas, el juez Mario Hichos determinó que el MP también se saltó la vía administrativa y por el contrario inició un proceso penal contra cuatro magistrados en ese entonces titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y obvio los procedimientos pidiendo sus capturas y procesamiento inmediato.
En dicha resolución, Hichos hizo ver que era necesario superar esa etapa para determinar si existía o no algún indicio de un hecho ilícito.
Caso TREP: juez Mario Hichos suspende caso de la vía penal y lo remite al ámbito administrativo
Ante tal resolución, el MP argumentó que un proceso por la vía administrativa no debe retrasar el proceso penal y por lo tanto no debía suspenderse el proceso, motivo por cual y de forma férrea, mostraron su oposición al cierre del caso TREP, pero el juez no aceptó los argumentos.
De momento, a diferencia de este caso, el MP no ha indicado si también se opondrán al cierre penal del caso Sputnik.
