El Estado de Guatemala no recibirá resarcimiento de los constructores del Libramiento de Chimaltenango a pesar de haber sido sentenciados por el delito de fraude tras aceptar cargos dentro del caso, según una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que confirma la decisión de la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez.
En 2024, la jueza condenó a los constructores Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Ravanales a 3 años y 4 meses de prisión tras someterse a la aceptación de cargos, así como a un pago de resarcimiento de Q350 mil que deben ser entregados a entidades benéficas.
Pero en dicha resolución, Domínguez señaló que no accedía a la petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por una serie de falencias en la solicitud presentada, que iba desde informes no presentados hasta ausencia de elementos que confirmen la entrega de la obra.
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Domínguez también señaló que la cantidad de Q21 millones no debía ser pagado únicamente por los constructores sino también por otras autoridades como Caminos o el Ministerio de Comunicaciones.
Ante este rechazo, la PGN interpuso los recursos, pero en todas las instancias fue rechazado.
En este caso la CC, señala en sus consideraciones que el recurso de impugnación presentado por la PGN para tratar de revertir la decisión de la juzgadora no fue el idóneo, ya que no existe ningún recurso que pueda interponerse contra la reparación digna, refiere la corte.
Ante esta situación, además de las falencias señaladas por la juez, la CC también señala que no se puede resolver la petición de la PGN como la solicitó pues no hay objeto a discusión.
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Ante esta situación, la reparación digna en contra de los constructores de Constructora Nacional S.A. (Conasa) y Renova Ingenieros, seguirá siendo de Q350 mil destinados a instituciones benéficas.
