Durante las reuniones de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), los comisionados establecieron entre los aspectos del perfil del candidato, que en el caso de los abogados litigantes que hayan representado o asesorado habitualmente a personas vinculadas al crimen organizado, no puedan aspirar al cargo.
Según la disposición aprobada por la comisión, el perfil establece específicamente que el aspirante «no haya representado o asesorado en forma habitual a personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a derechos humanos, corrupción o abuso de poder».
De esta disposición se excluye a los abogados que ejercen su función en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), por considerar que estos dan un servicio al Estado que no es por elección propia.
Ante esta aprobación, diversos abogados litigantes han expresado su rechazo a la medida asegurando que es una violación a sus derechos. De acuerdo con los inconformes, la disposición tomada por la postuladora va contra los principios básicos sobre la función de los abogados de Naciones Unidas, firmados en La Habana, Cuba, en 1990.
Según el artículo 18 de estos principios, «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones». Situación por la cual, algunos abogados afirman que presentarán amparos contra esta decisión.
Por su parte, la secretaria de la comisión, Patricia Gámez, afirmó que «no es que se haya limitado, sino en los aspectos éticos, lo que se incluyó fue el no entrar en un tema de conflicto de interés relacionado con este tipo de cuestiones que podrían darse por la representación continúa de este tipo de actividades»
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Según explicó, la comisión lo que busca es evitar un conflicto de interés entre el futuro Fiscal General y actividades que pueda llegar a conocer. «Sin embargo, no es una limitación al ejercicio de la defensa, sino más bien el hecho de que el Fiscal General se espera que sea una persona independiente, objetiva, que no entre en conflicto de interés con cualquier otra actividad de cualquier ámbito», apuntó.
Ante la posibilidad de un amparo, Gámez señaló que «no hay decisiones previas que pudieran ser motivo en este caso de acciones de amparo como podría pensarse, porque todavía no se están tomando decisiones definitivas».
Mientras tanto, se espera que la próxima semana los aspirantes presenten su papelería, cumpliendo con los requisitos aprobados por la comisión y puestos en la convocatoria respectiva.
