La Corte Suprema de Justicia amplió competencias de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo para que conozcan delitos de Ley Antipandillas. Foto: La Hora
La Corte Suprema de Justicia amplió competencias de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo para que conozcan delitos de Ley Antipandillas. Foto: La Hora

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordaron ampliar las competencias de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo de la Capital y Quetzaltenango para que puedan conocer los delitos de terrorismo que estén vinculados a las pandillas.

La decisión fue tomada el pasado miércoles 21 de enero y publicada este lunes 26 de enero en el Diario de Centro América para que entre en vigencia de forma inmediata.

Según se indica en los considerando, la ampliación de competencias se da tras la entrada en vigencia de la Ley para el combate Frontal de los grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas (ley antipandillas).

La ampliación de competencias se da a pocos días de registrados los ataques en contra de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de actos intimidatorios contra jueces de turnos por parte pandilleros fugados de la cárcel Fraijanes II, como lo sucedido el viernes pasado en la sala de audiencia durante una de las audiencias de primera declaración.

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NO SOLO MAYOR RIESGO

Sin embargo, dado el contenido de la ley antipandillas, no solo los juzgados de Mayor Riesgo A, B, C y D así como Tribunales A, B, C, D y E y el juzgado y tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango conocerán estos temas.

La CSJ estimó que todos los juzgados especializados, como el de extorsiones y otros aprobados previamente por el pleno para conocer delitos de terrorismo y lo señalado en la ley antipandillas, también deben ser considerados de Mayor Riesgo, por lo que se tiene que hacer una evaluación de seguridad para resguardar la vida del personal de estos juzgados así como sucede en los casos de alto impacto.

Según indica el acuerdo 06-2026, «la dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial (OJ) bajo su estricta responsabilidad deberá realizar los estudios y las acciones pertinentes con el objeto de garantizar la integridad física del personal que integra los órganos jurisdiccionales a que hace referencia el presente acuerdo».

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EVALUACIÓN DE CASOS

Con la ampliación de competencias, la Cámara Penal de la CSJ queda a disposición de recibir peticiones para que casos donde se crea que se vulnera la seguridad o bien el caso pueda ser catalogado de alto impacto y se eleve a uno de estos juzgados.

Aún se espera conocer si el Ministerio Público (MP) podría solicitar que los casos de ataques contra la PNC así como la fuga de reos de Fraijanes II sea elevado a alguno de estos juzgados tras la nueva catalogación de delitos que pueden conocer dichas judicaturas.

Si el MP solicita el traslado de expediente, será la Cámara Penal la que deberá analizar su posible cambio.

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 17 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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