Tras el intento de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) por frenar la audiencia de primera declaración, finalmente el Juzgado de Turno Penal rechazó dicha solicitud y dio paso al proceso para solventar la situación legal de Basilio Bernardo Puac, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, vinculado al caso de las manifestaciones de 2023 contra la fiscal general, Consuelo Porras.
Previo al inicio de la audiencia, se informó que el caso se encontraba nuevamente bajo reserva, a pesar de que el procesamiento contra Esteban Toc, se informó que dicha reserva ya no se encontraba válida, por lo que el proceso se realizó a puerta cerrada.
Luego de varias horas de escuchar las argumentaciones del Ministerio Público (MP) y de la defensa, se conoció que el juzgado ligó a proceso a Puac a los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, sedición y obstrucción a la justicia, por su supuesta participación en las protestas.
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Así mismo, se conoció que el juez le otorgó medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliar, arraigo, obligación de firmar el libro de asistencia y el pago de una caución económica de Q10 mil.
Tras la resolución del juez, su caso se traslada al Juzgado Quinto Penal para que siga su curso, sin embargo, el proceso en dicha judicatura sigue varado, luego de una recusación presentada por al FCT en contra del juez Arnulfo Carrera, por lo que el proceso fue remitido a la Sala Tercera Penal para que defina que juez debe seguir conociendo el caso.
Sin embargo, a más de dos meses de la recusación, la sala sigue sin pronunciarse al respecto.
