La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz que los exdiputados Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani habrían firmado dentro del caso Odebrecht, luego de rechazar una apelación presentada por el Ministerio Público (MP).
De acuerdo a la decisión del tribunal constitucional, el alegato presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), carece de sustento, pues aunque alegan que el negárseles un amparo con el cual pretendían revertir la decisión de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que originalmente dejó sin efecto los acuerdos, estos no advierten un agravio específico.
Es decir, el MP no especificó cuál era la falta cometida y no solicitó un posible cambió en la decisión, únicamente apuntó que la argumentación emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denegarles el amparo atentaba contra la autonomía e independencia del ente investigador.
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La CC estima que otorgarle el amparo al MP implica retardar sin fundamento legal el proceso en cuestión.
Por tal motivo, se rechazó la apelación y se dejan firmes las decisiones tanto de la CSJ como de la sala que anuló los acuerdos.
BATRES GIL DETRÁS
El 4 de noviembre de 2021, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo declaró con lugar una apelación presentada por el empresario Carlos Batres Gil en contra de ambos acuerdos de colaboración eficaz bajo el argumento de que estos no habían sido autorizados conforme a ley.
Dicha decisión de la sala, presidida en ese momento por Anabella Cardona, dejó sin efecto las declaraciones de Mazariegos y Cristiani, quienes finalmente habrían dado a conocer como se dieron los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht, habría dado a parlamentarios.
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MÁS DE 100 DIPUTADOS
Desde la captura de Alejandro Sinibaldi en 2020, el exministro de comunicaciones afirmó que daría a conocer el listado de diputados que supuestamente habrían recibido dinero de la constructora para que estos aprobaran el proyecto de construcción de la CA-2 occidente a favor de Odebrecht.
Sin embargo, fueron a través de los acuerdos de colaboración eficaz de Mazariegos y Cristiani que se habría conocido como se gestionaron los pagos.
En las declaraciones, se afirmaba que Batres gil fue el encargado de distribuir el pago de los sobornos para la aprobación de la normativa, así como el lugar donde fueron pagados y los montos dados.
Tal y como en su momento aseguró Sinibaldi, se habla del pago a más de 100 diputados de la legislatura 2012-2016, obteniendo el voto a favor el 10 de noviembre de 2012 en un único debate.
No obstante, a pesar de las declaraciones y señalamientos, la investigación a la fecha no ha alcanzado a los parlamentarios que estuvieron detrás de la aprobación para determinar si incurrieron o no en un hecho ilícito.
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