El pasado martes, el Juzgado de Mayor Riesgo C determinó que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín deben enfrentar juicio por el delito de asesinato en el caso de la muerte de Melisa Palacios y ese mismo día también se conoció que la jueza Carol Berganza rechazó una petición del Instituto de la Víctima para investigar posibles anomalías en el expediente.
En julio, cuando la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que el expediente debía ser trasladado a la capital, la jueza Silvia de León detectó la falta de discos que contenían audios de diferentes audiencias realizadas dentro del caso, principalmente las realizadas en el Juzgado de Zacapa en 2021, así como folios faltantes dentro del expediente.
Esta situación hizo que el Instituto de la Víctima solicitara que se certificara lo conducente para que se investigara si dicha falta de documentos o de audios, podría constituir algún delito y, de ser así, que se procediera contra quien resultaré responsable.
No obstante, Berganza negó la petición del Instituto, pues argumentó que los folios faltantes no eran de relevancia para el proceso y no impedían su desarrollo, asimismo; que, en algunos casos, existía una mala foliación en el duplicado del expediente.
Se estableció, que eran 25 folios con mala numeración. En algunos casos se duplicaba y en otros no estaba, pero el expediente original contenía los folios extraviados y se trataba de cédulas de notificación.
Caso Melisa Palacios: Expediente llegó incompleto a la capital, faltan audios y suprimieron pruebas
De igual forma, se había identificado la falta de siete discos que contenían los audios de igual número de audiencias que no estaban dentro del expediente ni tampoco dentro sistema interno del Organismo Judicial (OJ), por lo que el Juzgado de Mayor Riesgo C hizo el requerimiento al Juzgado de Zacapa, que, finalmente, trasladó los discos.
Pese a que era tarea de la judicatura de oriente subir dichos audios al sistema, este trabajo se hizo hasta que el Juzgado de Alto Impacto recibió el material.
Por tales razones y al considerar que el expediente continuaría sin otro tipo de falencia, la juzgadora no autorizó que se realizará la investigación solicitada.
