Tras la detención de Roxana Baldetti y su envío a la cárcel Matamoros, las presiones contra el gobierno de turno crecieron, una jornada histórica que marcó el 27 de agosto de 2015 con un paro nacional, donde todos los sectores del país exigieron la renuncia del entonces mandatario Otto Pérez Molina.
Una semana después, el 1 de septiembre de 2015, el Congreso de la República, emitió 107 votos y autorizó el retiro de la inmunidad al mandatario, quien en ese momento era sindicado al caso La Línea, al igual que su vicepresidenta.
La decisión del Congreso repercutió de tal forma que la mañana del 2 de septiembre de 2015, se informó, por orden del Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, se libró una orden de captura contra el aún Presidente de la República, que durante el día no se presentó de forma pública.
A las 11 de la noche de ese 2 de septiembre, Otto Pérez Molina envió su renuncia al Congreso de la República, dimitiendo al cargo para enfrentar la justicia. En las primeras horas de la madrugada del 3 de septiembre, su vocero, Jorge Ortega, lo hizo oficial y anuncio a los guatemaltecos la dimisión del ahora expresidente, acto seguido y de forma voluntaria, durante la mañana se presentó ante el juez Gálvez para enfrentar audiencia de primera declaración, en la cual quedó ligado a proceso, iniciando así su proceso judicial hasta estos días.
A lo largo de 10 años, Pérez Molina ha sido vinculado a tres casos: La Línea, Cooptación del Estado y Red de Poder.
LA LÍNEA
El caso por el cual inició el proceso en su contra, llegó a sentencia a finales de 2022, tras 7 años de audiencias, recursos e investigación.
En dicho momento, el Tribunal de Mayor Riesgo B encontró culpable de Pérez Molina de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera en grado de complicidad, por lo que fue condenado a 16 años de prisión más una multa de Q8.7 millones.
Sin embargo, se determinó que no había suficientes elementos como para que fuera declarado culpable por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que el tribunal lo absolvió de este ilícito.
Caso La Línea: Tribunal impone las penas más altas a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti
En este caso, el Tribunal señaló que el expresidente formó parte de la estructura que cobró al menos Q28.5 millones en sobornos y que finalmente representó cerca de Q73 millones defraudados al Estado.
A la fecha, la sentencia fue confirmada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, y actualmente se encuentra a la espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), analice un recurso de casación y determine si la sentencia sigue firme o no.
LA ACEPTACIÓN
Un año después de su renuncia, Otto Pérez Molina se vio implicado en el segundo proceso en su contra, Cooptación del Estado, un caso en el que se le señaló de ser el líder de la estructura que habría extraído millones de quetzales de las arcas del Estado, mediante un mecanismo que permitió una serie de contratos para beneficiar en su mayoría, a entidades y personas que financiaron su campaña electoral.
Después de siete años de proceso en su contra por este caso, y sin esperar que se desarrollara la audiencia para discutir si este debía enfrentar juicio, Pérez Molina decidió someterse a la Ley de Aceptación de Cargos y así solventar su situación legal.
El 6 de septiembre de 2023, el expresidente fue condenado a ocho años conmutables por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, al asegurar que este estuvo detrás de los movimientos que beneficiaron a sus financistas.
Así mismo, se le condenó al pago de Q4 millones 69 mil en concepto de reparación digna.
Dos años después, Pérez Molina no pagó el resarcimiento completo, pues solamente cancelo Q69 mil, faltando los Q4 millones.
Finalmente, el pasado 24 de junio de 2025, el juez Eduardo Orozco le revocó los beneficios otorgados a Pérez Molina, aumentando la pena a 9 años de prisión, pero todos conmutables, por lo que el expresidente debía cancelar una cantidad mínima, para salir de la prisión.
Asimismo, no se le obligó al pago de los Q4 millones y se dejó abierta la posibilidad para que se haga un reclamo del dinero por la vía civil.
LIBRADO DE PROCESO
En enero de 2020, Pérez Molina enfrenta su tercer proceso, denominado Caso de Red, Corrupción y Lavado de Dinero, en el que el Ministerio Público (MP) lo señaló de recibir sobornos provenientes del empresario Gustavo Alejos para que este pudiera mantener los contratos farmacéuticos que gozaba desde el gobierno de Álvaro Colom, durante su administración.
Sin embargo, según el criterio de la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, los indicios en contra del exmandatario no eran suficientes para establecer la posibilidad de un hecho ilícito por parte de este, por lo que dictó falta de mérito a favor de este.
Aifán declara falta de mérito para OPM y Juan de Dios Rodríguez
En este caso, Pérez Molina era señalado de asociación ilícita y cohecho pasivo.
A la fecha, la resolución de Aifán fue confirmada en todas las instancias y quedó firme.
LA DEVOLUCIÓN
Otto Pérez Molina ha enfrentado una serie de procesos de extinción de dominio, sin embargo, uno de los más significativos, fue el sucedido en los meses pasados, luego que el Juzgado de Extinción de Dominio, ordenara que la finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango pasara a manos del Estado de Guatemala al determinarse que esta fue adquirida con fondos ilícitos obtenidos por el exmandatario.
Sin embargo, un mes después de aquella resolución, los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, decidieron anular dicha resolución y ordenar que de forma inmediata, dicha finca fuera devuelta a manos de la empresa que fue creada para hacer la adquisición del inmueble.
Suplentes de Sala Segunda de Mayor Riesgo devuelven finca vinculada a Otto Pérez Molina
A la fecha, aunque aún hay un proceso de amparo ante la CSJ para dar marcha atrás a la decisión de la Sala, la finca ya fue devuelta por parte de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
Así mismo, Pérez Molina aún espera resolución sobre recursos interpuestos con los que también espera la devolución de cuentas bancarias.
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