Caso TCQ: MP pide condenas de entre 10 y 28 años de prisión

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda

A 10 años desde que se diera a conocer el caso de corrupción en la concesión de Puerto Quetzal a la empresa Transportes de Contenedores Quetzal, más conocido como caso TCQ, el Ministerio Público (MP) solicitó este lunes 1 de septiembre al Tribunal de Mayor Riesgo B, condenas en contra de cinco implicados a quienes se les señala de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Según el requerimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los cinco acusados habrían movilizado influencias y cobrado para obtener resoluciones que no impidieran la concesión que de forma fraudulenta supuestamente se habría pactado entre la empresa de origen español y autoridades de turno en Guatemala.

En ese sentido, la FECI solicitó que en contra de Julio Norberto Esquivel Orellana, una pena de 10 años de cárcel y multa de Q125 mil por el delito de enriquecimiento ilícito, de la misma manera para Lázaro Noé Reyes Mata, la misma pena de prisión pero con una multa de Q500 mil por el mismo delito.

En el caso de Mario Ruano San José, a quien la fiscalía lo acusa de supuestamente haber intervenido ante el Juzgado de Escuintla para que no se otorgara un amparo que hubiese frenado la concesión del puerto y así haber cobrado Q50 mil para hacer efectivo el trámite, el MP solicitó una pena de 14 años de prisión por los delitos de Tráfico de Influencias y enriquecimiento ilícito además de una multa de Q500 mil.

De la misma manera, en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, la FECI solicitó una pena de 16 años de prisión y multa de Q500 mil por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Según el MP, Charchal habría usado su poder como magistrados dando instrucciones a Ruano para así presionar a jueces a resolver a favor de los intereses de TCQ.

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Finalmente, el MP solicitó una pena de 28 años de prisión en contra del exsecretario general de la presidencia, Gustavo Martínez Luna, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, al señalar que este habría sido uno de los responsables de las negociaciones que los funcionarios de turno habrían hecho para garantizar la entrega del puerto a TCQ tras cobrar una serie de sobornos.

Se tiene previsto que el juicio continúe el próximo 16 de septiembre, en donde se escucharan las conclusiones de los abogados defensores y donde se prevé estos soliciten la absolución a favor de sus patrocinados, previo a que el Tribunal de una fecha para dictar sentencia dentro del caso.