A 10 años de la captura de Roxana Baldetti: Dos condenas, dos casos y una extradición pendiente

Recluida en un centro asistencial de la zona 10, donde tres días antes había sido sometida a una cirugía, la mañana del 21 de agosto de 2015, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al lugar para ejecutar la detención de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien era requerida por su implicación en el caso La Línea, mismo que provocó su dimisión al cargo el 9 de mayo de ese mismo año.

Baldetti, aseguró que su estancia en dicho centro respondía a una cirugía programada y que supuestamente no utilizó dicho recurso para evitar ser llevada ante el Juzgado de Mayor Riesgo B quien giró la captura en su contra.

A las dos de la tarde de ese 21 de agosto, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, se presentó a la habitación 706 donde se ubicaba Baldetti para darle a conocer los motivos de su detención, comenzando así su camino frente a la justicia del país.

Juez Miguel Ángel Gálvez notifica a Roxana Baldetti la orden de captura en su contra. Foto: OJ pic.twitter.com/DbZaEwmioU

— Diario La Hora (@lahoragt) August 21, 2015

El caso La Línea fue apenas el primero de una serie de hechos que la llevaron a enfrentar diversos juzgados y tribunales. A raíz de este caso, Baldetti se vio involucrada en los casos: Cooptación del Estado, Plazas Fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), TCQ y Agua Mágica o Lago de Amatitlán.

Finalmente, una petición de extradición que Estados Unidos hace en su contra, con la cual, la requiere para que comparezca ante la justicia de ese país por la presunta comisión de delitos de narcotráfico.

Tras una serie de argucias legales, Baldetti buscaba evitar la prisión; sin embargo, al caer la tarde del 21 de agosto de 2015, Gálvez ordenó su ingreso a la cárcel del cuartel militar Matamoros. A las 8 de la noche, Baldetti se convertía en la primera mujer en ingresar a dicho centro carcelario.

AGUA MÁGICA, LA PRIMERA CONDENA

Derivado de las múltiples investigaciones en su contra, el caso que avanzó con mayor celeridad fue el de la compra de una solución «mágica» que ayudaría a sanear el Lago de Amatitlán, para lo cual el estado desembolsó Q22.8 millones de un total de Q137.89 millones a la empresa israelí M Tarcic Engineering LTD.

Tras confirmarse el fraude de la solución y determinar que solamente se trataba de agua con sal, Baldetti y otros implicados fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo C.

Hallan culpable a Baldetti en una sentencia para la historia

El 9 de octubre de 2018, la exvicepresidenta recibió su primera condena por un total de 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita.

A la fecha, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor riesgo confirmó en enero pasado la sentencia en su contra, por lo que ahora se espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la casación que pretende revertir tal decisión.

LA LÍNEA, LA SEGUNDA CONDENA

El caso, por el cual desde hace 10 años guarda prisión, se resolvió siete años después de destapada la trama de corrupción que se generó desde el más alto cargo de poder del Organismo Ejecutivo.

Según la determinación del Tribunal de Mayor Riesgo B, Baldetti es culpable de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera, por lo que se le impuso una pena de 16 años de prisión y una multa de Q8.7 millones de quetzales.

Sin embargo, el tribunal el absolvió el cargo de enriquecimiento ilícito, por el cual también fue procesada.

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En este caso se confirmó que Baldetti, así como el expresidente Otto Pérez Molina formar parte de una red que cometió actividades ilícitas de defraudación entre 2012 y 2015, donde como estos habrían recibido al menos Q28.5 millones producto de los sobornos que la estructura cobró y que traslado a manos de los exgobernantes.

Su implicación en el caso, surgió tras las escuchas telefónicas de su secretario privado, Juan Carlos Monzón, en el que identificaba a Baldetti bajo los alías de «la 2», «la R» o «la Señora».

Lo que motivo que la población pidiera la renuncia de la entonces vicemandataria y así se iniciara la investigación en su contra que la llevó a una sentencia que el año pasado, fue confirmada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo.

CASOS PENDIENTES

Aunque las investigaciones surgieron desde hace más de 9 años, el futuro de Baldetti dentro del caso Cooptación del Estado continúa en el limbo.

En este caso, se le acusa, junto con Pérez Molina quien ya fue condenado vía aceptación de cargos, de haber llegado al poder financiada de forma ilícita por diferentes empresas y actores que pagaron la campaña electoral y que posteriormente recibieron contratos sobrevalorados y millonarios del estado para así devolver el favor del financiamiento de la campaña, desfalcando del estado millonarias sumas.

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En los últimos años, al igual que Pérez, Baldetti buscaba aceptar cargos, sin embargo, esta no se presentó a sus audiencias a pesar de su intención. Ahora, decidió no volver a presentar su petición de aceptación de cargos y espera que su situación se resuelva por la vía ordinaria.

Por lo que para septiembre próximo, se tiene previsto que el Juzgado de Mayor Riesgo B, tiene previsto discutir si la ex vicepresidenta enfrenta o no su tercer juicio por un caso de corrupción.

Así mismo, en otro caso derivado del caso la línea, TCQ, donde se le señala de haber intervenido para entregar anómalamente la concesión de Puerto Quetzal a la empresa española, Transportes de Contenedores Quetzal, a la fecha espera conocer si debe o no enfrentar juicio por este caso.

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Y por último, continúa a la espera de que el Juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Pedro Laynez, fije una fecha para discutir si esta debe o no enfrentar juicio por el caso Plazas Fantasmas RIC, en donde se le acusa de supuestamente haber influido anómalamente para la contratación de personal en el Registro de Información Catastral, sin que estos se presentaran a laborar.

ESTADOS UNIDOS LA REQUIERE

En 2017, Estados Unidos envía a Guatemala una solicitud de extradición en contra de la ex vicemandataria, tras ser requerida por la Corte del Distrito de Columbia, Washington en donde se le señala de los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Según un oficio remitido por EE.UU., cuando realizaba campaña electoral, entre 2010 y 2012, Baldetti recibió más de 250 mil dólares del cártel de narcotráfico denominado Los Zetas. Esto, a cambio de que dicha organización criminal utilizara rutas aéreas, marítimas y terrestres de Guatemala para transportar droga hacia el país norteamericano.

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Además, según la acusación, en 2012, Los Zetas, por un intermediario, pidieron a Baldetti que les ayudara a eliminar a un traficante de droga rival que operaba en territorio guatemalteco. Posteriormente, dicho rival fue arrestado por la policía guatemalteca.

Finalmente, el 15 de junio de 2017, Baldetti aceptó voluntariamente ser extraditada, sin embargo, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, indicó que como la exfuncionaria tiene procesos pendientes en Guatemala, una vez esta concluya los mismos en el país, se deberá informar a las autoridades estadounidenses para realizar la entrega respectiva.

SIN BIENES

Como parte de los procesos contiguos a las acciones penales, Baldetti ha perdido una serie de propiedades que de acuerdo al Juzgado de Extinción de Dominio, se comprobó que fueron obtenidos de forma ilícita por la ex vicemandataria y, por lo tanto, estos pasaron a manos del estado de Guatemala.

Entre las primeras acciones, la extinción de 34 máquinas de equipo médico estético que servirían para dar servicios de liposucción, así también máquinas para lavado de cabello y mesoterapia entre otras, con un valor de aproximadamente Q3 millones, en 2017.

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Posteriormente en 2020, el juzgado respectivo paso a manos del Estado de Guatemala ocho bienes, valorados en cerca de Q10 millones, entre los que se encuentran dos bodegas, una casa, un apartamento, tres parqueos y un título de acción.

Actualmente, Baldetti lucha por la devolución de cuentas bancarias, que podrían contener Q1 millón producto de acciones ilícitas. A la fecha el MP, tiene un plazo de tres meses para concluir la investigación por estos fondos y realice la petición que considere pertinente.