Mientras otorgan medida a sindicalista de TSE, MP y juez critican prisión preventiva en casos de la anterior FECI

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda

El juez Fredy Orellana otorgó medida sustitutiva a la sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Martínez, quien solicitó el beneficio al asegurar que tiene padecimientos serios de salud que podrían conllevar un diagnóstico de cáncer.

Según explicó el defensor de Martínez, su patrocinada presenta problemas en uno de sus ovarios, por lo que ha sido sometida a diferentes exámenes médicos dentro de la red de salud nacional, e incluso refirió, que recientemente había sido hospitalizada por los problemas de salud que padece.

El abogado señaló que el pasado martes debía presentarse a una cita médica a la unidad de oncología, pero derivado de los hechos registrados en el Preventivo de la Zona 18, el traslado ya no se dio, por lo que este tipo de situaciones vulnera aún más su salud, justificando así su necesidad de permanecer en libertad mientras dura el proceso en su contra.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) no mostró oposición a la solicitud hecha por Martínez, y aseguró para evitar «situaciones» que se dieron en el pasado, ponderaban la salud de Martínez, por lo que solicitaban también la imposición de medidas sustitutivas a favor de la sindicalista.

Finalmente, Orellana accedió a la petición y concedió las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliar con vigilancia policial las 24 horas, prohibición de salir del país, prohibición de hablar con autoridades del TSE y coimputados y prohibición de acercarse a las sedes del TSE.

MP Y JUEZ CULPAN A ANTERIOR FECI

En su argumentación y a diferencia de otros casos conocidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como contra el abogado Eduardo Masaya; el exdirector de informática del TSE, Jorge Santos o el periodista Jose Rubén Zamora, los fiscales se han opuesto a que se les otorgue el beneficio de la medida sustitutiva, ahora la narrativa de la fiscalía es diferente.

Leonor Morales, fiscal de FECI a cargo del caso contra el partido Movimiento Semilla a donde también se vincula a Martínez, aseguró que «es lamentable que en el pasado anteriores administraciones del ente investigador, es decir anteriores fiscales de la FECI, específicamente, hayan dejado morir a personas en prisión», haciendo referencia a implicados en otros casos que finalmente fallecieron en prisión mientras esperaban la resolución de recusaciones, amparos u otros recursos.

A criterio de la fiscal, esto fue «una grave falta de respeto por los derechos humanos y el bienestar de la población».

En el cambio de discurso, Morales aseguró que ahora «bajo la dirección de la fiscal general», se han comprometido a ser respetuosos de los derechos humanos «de todas las personas priorizando las necesidades de salud».

En sintonía con esta postura, Orellana también calificó de «lamentable» la muerte de sindicados en otros casos que la FECI investigaba en otras judicaturas. «La sangre de ellos está sobre la cabeza de los fiscales y jueces que no revisaron las medidas de cohersión oportunamente», sentenció.

A su criterio, las oposiciones que los antiguos fiscales de la FECI realizaban, pertenecían a un «sistema errado, arcaico y violador de derechos humanos».

No obstante, en esta misma judicatura y bajo la misma fiscalía, se negó en diversas oportunidades medidas sustitutivas solicitadas por Masaya, Zamora y Santos, argumentando que no había cambios en las circunstancias a pesar de estar vinculados a delitos que no tienen prohibición expresa para negarles la libertad mientras siguen en proceso.