Caso Hogar Seguro: Tribunal impone condenas desde 6 a 25 años de prisión

Después de año y medio de debate oral y público, este martes 12 de agosto, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal emitió su fallo contra los involucrados en el caso Hogar Seguro, imponiendo condenas que van de 6 a 25 años de prisión.

Tras un resumen de los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo de 2017, previo al incendio que cobró la vida de 41 menores, la jueza Ingrid Cifuentes declaró culpables a 6 de los 7 implicados en el proceso y dictó las siguientes sentencias:

1. Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social: 25 años de prisión.
2. Santos Torres, exdirector de la casa hogar Virgen de la Asunción: 25 años de prisión.
3. Brenda Chamán, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato: 17 de prisión.
4. Lucinda Marroquín, ex subinspectora de PNC: 13 años de prisión.
5. Luis Pérez Borja, ex subcomisario de PNC: 11 años de prisión.
6. Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH): 6 años de prisión, siendo esta la condena más corta.

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En cuanto a Harold Flores, exprocurador de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la togada considero que hay dudas sobre las competencias que este tenía al momento que ocurrieron los hechos.

Según manifestó, Flores tenía que tener potestad de actuar si se hubiese activado alguna alerta Alba Kennet, para así representar al Estado de Guatemala, pero esta situación no se dio y, por lo tanto, este no tenía nada que hacer en el lugar, aunque así, haya firmado el acta para que la PNC se hiciera cargo de las menores.

POR HECHO NO POR VÍCTIMA

En la petición realizada por la Fiscalía contra Femicidio, se pedía que los acusados fueran condenados por concurso real, es decir, que se impusiera una pena por el delito de maltrato contra personas menores de edad, pero por cada víctima.

Sin embargo, en la resolución, Cifuentes señaló que esto no se podía realizar, ya que la acusación del MP englobaba un delito grupal y no individual, pues de un solo hecho sucedido, surgieron las víctimas.

Así mismo, señaló que en el caso delito de lesiones culpas, derivado a que todo se dió en un mismo hecho, esa agravante se incluye dentro del delito de homicidio culposo, por lo que no podría imponer doble pena por estos hechos, absolviendo a todos los acusados de este delito.

Finalmente, la juzgadora señaló, que la sentencia emitida fue basada en lo presentado por el MP, pues aunque la defensa presentó sus pruebas, estas no lograron desacreditar los hechos por los cuales acusaron a los implicados.

LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE LOS ACUSADOS

La jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, escuchó la última palabra de los siete primeros acusados dentro del caso Hogar Seguro, previó a dictar sentencia dentro de este debate oral y público que tardó año y medio en dilucidarse.

El primero en rendir su petición fue el exdirector de la casa hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres, quien aseguró que «la persecución penal en su contra es injusta», al afirmar que después de ocho años de investigación no había elementos que hicieran creer que había cometido delitos contra las menores de edad que murieron el 8 de marzo en el interior del centro que dirigía.

El segundo en exponer su petición fue el exsecretario de bienestar social, Carlos Rodas, quien al dirigirse a la juzgadora para solicitar la absolución a su favor también pidió dirigirse a las madres de las víctimas tanto de las niñas fallecidas como de las sobrevivientes, a lo cual indicó: «Que tengan la plena seguridad que Carlos Rodas, no les provocó ningún daño a sus hijas, a las adolescentes que fallecieron y sobrevivieron».

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Tras estas palabras, la tercera en tomar el puesto para dirigirse por última vez a Cifuentes fue Brenda Chamán, exdirectora contra maltrato, quien afirmó desconocer porque seguía dentro del proceso. «A mí me juzgan por ocupar un puesto que yo ya no tenía en el momento que sucedieron los hechos», aseguró, por lo que solicitó que se le declare inocente en el caso.

Acto seguido, tomó la palabra el ex subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Pérez Borja, quien solicitó la absolución a su favor y se declaró inocente de los delitos que el Ministerio Público (MP) le acusa.

«Yo soy madre y nunca podría haber cometido esos delitos», afirmó Lucinda Marroquín, a la exagente de PNC, también implicada en el caso, quien permaneció cerca de seis años en prisión preventiva mientras esperaba el desarrollo del juicio en su contra. Marroquín afirmó que no hay pruebas que determinen su participación, por lo que solicitó la absolución.

CONTRA MP

El sexto lugar fue para la exdefensora de niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro, quien además de solicitar la absolución a su favor, también solicitó que se certifique lo conducente contra el MP y los fiscales que llevaron a cabo la investigación en su contra.

Castro afirmó que hubo malicia en la forma en cómo se le acusó, ya que su presencia en el lugar el día de los hechos era para constatar que las menores no fueran maltratadas, situación que se hizo constar en la noche del 7 de marzo, en el que afirmó que las menores «estaban cantando y tranquilas» afuera de la casa al momento que buscaban retornarlas al centro.

«No es justo que hayan destruido una carrera de defensa a los derechos humanos», refirió.

No obstante, Cifuentes manifestó que de acuerdo a lo presentado por el MP y las pruebas en su contra, Castro no cumplió con sus funciones, pues ella, como defensora de niñez, debía proteger a las menores, situación que no sucedió.

Por el contrario, esta se fue del lugar, y aunque aseguró que fue por órdenes de «su jefa», esta nunca acreditó tal orden, por lo que no se puede deducir que acató órdenes, sino que fue por decisión propia que se retiró del lugar a pesar de que las menores continuaban esperando como se resolvería su situación.