Caso Semilla: MP pide que partido devuelva financiamiento público tras cancelación

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda

A pocos días que la Sala Tercera de Apelaciones Penal rechazara de forma definitiva el amparo solicitado por personeros del partido Movimiento Semilla para evitar la cancelación de la agrupación política, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al Juzgado Séptimo Penal que autorice la devolución del financiamiento público que estos pudieron haber recibido.

Para argumentar su petición, la fiscal Leonor Morales aseguró que los medios de comunicación «son los que han llamado fraude electoral» al proceso del 2023, a pesar de que este ha sido uno de los señalamientos en la investigación y una constante de los net centers que han replicado el supuesto extremo.

Así también se refirió que aunque se haya dictado sobreseimiento a favor de «una sindicada» (Alejandra Chiroy), eso no significa que el caso se haya caído, pues, por el contrario, afirman que continúan con la investigación, a pesar de que en una audiencia se admitió que no se tenían pruebas.

Mientras tanto, Morales indicó que tras confirmarse y mantenerse la vigencia de la cancelación del partido, era necesario solicitar informes tanto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que ver la forma en que los integrantes de dicha agrupación devuelvan el financiamiento público que recibieron producto de los votos obtenidos en el proceso electoral de 2019, lo cual suma US$423 mil 382.

Ante esta petición, el juez Fredy Orellana, accedió a la misma y le dio un plazo de 24 horas al TSE para que entregue un informe en el que indique si además de esta suma, le fue otorgado algún otro pago proveniente del financiamiento público. Así mismo, un plazo de 24 a la CGC para que estos indiquen cuál es el mejor mecanismo para la devolución de los fondos.

Una vez se tengan los informes, se espera que se tome una decisión sobre la eventual devolución del dinero.

A DEVOLVER LAS CAJAS

En las peticiones realizadas por el Ministerio Público (MP), también se solicitó que se nombre personal por parte del TSE para que estos se presenten a la sede de la FECI a recoger las cajas que contienen las actas 4 y 8 que fueron secuestradas como parte de la investigación contra el partido Movimiento Semilla en septiembre de 2023.

Estas cajas son las que fueron abiertas y retiradas de la sede principal del TSE a pocas semanas de la culminación de la segunda vuelta electoral que dieron como ganadores al binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como los mandatarios del país.

Magistrados intentaron defender actas electorales de secuestro del MP

Según FECI, ya concluyeron las diligencias que debían realizar con dicho material secuestrado, pues los documentos ya están individualizados dentro de la carpeta judicial, por lo que ya pueden devolver al TSE las mismas.

A esta petición, Orellana ordenó que en un plazo de 10 días el TSE debe nombrar a las personas que tienen que llegar a la sede fiscal ubicada en el edificio central del MP en el Barrio Gerona para recoger las cajas secuestradas.

CAPTURAS INTERNACIONALES

Por último, la FECI también solicitó que se autorizara al MP solicitar a Interpol la activación de órdenes de captura internacional y alerta roja para dar con los últimos 5 implicados del caso, que tienen orden de captura desde el año 2023 y que a la fecha no se han presentado de forma voluntaria a solventar su situación legal.

En tal sentido, Orellana también autorizó que se haga la petición y se pida la captura internacional de:

1. Karla Alejandra Villagrán Pérez, abogada señalada de falsedad ideológica
2. Néstor Augusto Cardona Castillo, señalado de financiamiento electoral no registrado
d. Ruseth Baudilia María Xoyon Zalpor, señalada de financiamiento electoral no registrado
4. Cinthia Alejandra Rojas Donis, señalada de falsedad ideológica
5. Jaime Gabriel Gudiel Arias, señalado de falsedad ideológica

En este caso, MP debe presentar su solicitud a Interpol, y el ente internacional debe realizar el análisis sobre si las capturas son por razones legales o si bien se trata de acciones de persecución política, espuria o de otra índole para así activar la alerta roja.