El Tribunal Sexto de Sentencia Penal intentó por segunda vez iniciar este martes 15 de julio el juicio contra tres implicados en el caso Industria Militar, a quienes se les acusa del delito de lavado de dinero, sin embargo, la audiencia no se pudo llevar a cabo por ausencia de un defensor.
Según explicó la presidenta del tribunal, Amparo Rivas, en el primer intento del juicio, el abogado de Rolando Enrique Hernández, Nimrod Israel Estévez, no se presentó, ni entregó una excusa que validara su ausencia. De acuerdo con lo relatado por la juzgadora, el personal de la judicatura logró comunicarse con él, quien únicamente dijo sentirse indispuesto.
Por esta situación, se reprogramó el inicio del debate para este día, pero Estévez no volvió a comparecer. Su defendido explicó al tribunal que se había comunicado con él previo a esta fecha y le aseguró que se haría presente, por lo que desconoce las razones por las que se ausentó.
Aunado a esto, el tribunal le reprochó a Hernández porque no presentó otro abogado, ya que en la audiencia pasada, se le instruyó que presentara un nuevo defensor para evitar que se diera una nueva suspensión, acción que no realizó.
Ante tal situación, el tribunal decretó el abandono de la defensa y le concedió un plazo de 48 horas para que presente un nuevo defensor, de lo contrario, se solicitará al Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP) que le asigne un defensor, una vez se cumpla este extremo, se le darán cinco días al nuevo abogado para que conozca la carpeta.
PIDE REGISTROS DE CUMPLIMIENTOS
Asimismo, el Tribunal solicitó al Ministerio Público (MP) que traslade un informe en el que se pueda verificar el cumplimiento de la medida sustitutiva que gozan tanto Hernández como José Alfredo Cotzajay Chajón y Jorge Arturo Ortega Chávez.
Rivas indicó que era necesario verificar, ya que al tribunal le parecía extraño que no estuviesen dichos informes con «la única» medida sustitutiva que estos gozan y que fuera impuesta por el Juzgado Séptimo Penal desde que fueron ligados a proceso penal.
En este caso, el juez Fredy Orellana, les concedió únicamente la posibilidad de presentar su huella en el sistema biométrico del MP cada mes, «a pesar de que son procesados por delitos de lavado de dinero», refirió la presidenta del tribunal.
UNA ACEPTACIÓN
En este proceso, también se encontraba vinculado el militar retirado y ahora abogado, Byron Manuel Santos, quien según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) evitó el juicio y decidió acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.

Por tal razón, Santos, fue condenado a 4 años de prisión conmutable por el delito de conspiración para el lavado de dinero, pena que fuera impuesta por Orellana.
Actualmente, el militar retirado funge como abogado y recientemente, fue quien representó al expresidente Otto Pérez Molina en la audiencia ante el Juzgado de Mayor Riesgo B donde se le extendió la pena por el caso Cooptación del Estado y evitó que hiciera efectivo el pago de reparación digna por un total de Q4 millones.
Este caso se refiere a un presunto esquema de corrupción que habría operado entre 2008 y 2011 al interior de la Industria Militar, entidad adscrita al Ministerio de la Defensa.
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