Angelita Martínez, sindicalista del TSE, ligada a proceso por abuso de autoridad en forma continuada. Foto La Hora: José Orozco
Angelita Martínez, sindicalista del TSE, ligada a proceso por abuso de autoridad en forma continuada. Foto La Hora: José Orozco

La sindicalista del Tribunal Supremo Electoral, Angelita Carolina Martínez Rodas, quien denunció a los magistrados titulares de esa alta corte luego del proceso electoral de 2023 para dar origen al caso TREP, fue detenida el pasado martes 17 de junio bajo señalamientos de abuso de autoridad en forma continuada y con una supuesta vinculación al caso Semilla.

Desde su aprehensión, Martínez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores, Acciones y Revolución del TSE (StarTSE), aseguraba ser una testigo protegida de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por haber denunciado un supuesto «fraude electoral».

Sin embargo, sus afirmaciones fueron desmentidas en audiencia, tanto por el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, como por la fiscal especial contra la Impunidad, Leonor Morales, lo que orilló a la sindicalista a reconocer que había mentido y pedir disculpas previo al inicio de su primera declaración.

Sin embargo, aunque la imputación de hechos contra Martínez se realizó como parte de las investigaciones que la FECI realiza en el caso Semilla, el Ministerio Público (MP) la señala de presuntas irregularidades cometidas en el TSE así como de supuestas acciones avaladas por la magistrada presidenta en funciones, Blanca Alfaro.

Según la fiscal Morales, a Martínez se le imputan tres hechos por los cuales el juez
Fredy Orellana la ligó a proceso por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

No obstante, durante la audiencia se dieron a conocer más situaciones que vinculan a Martínez con posibles actos ilícitos que podrían involucrar a Alfaro.

ÓRDENES ILÍCITAS

El primer hecho atribuido, según relató la fiscal, es emitir órdenes ilegales contra trabajadores del TSE basada en denuncias de testigos quienes grabaron reuniones y presentaron sus declaraciones a la FECI. Martínez, supuestamente, amenazó e intimidó a los trabajadores de la Unidad de Archivo para que se afiliaran al sindicato del cual formaba parte.

Este primer hecho inició en enero de 2024, según el relato del Testigo A presentado por la FECI, quien asegura que la señalada prohibió mantener comunicación con ciertos empleados del TSE porque habrían denunciado a Alfaro ante la Inspección General de Trabajo por posibles contrataciones ilegales.

Esta primera denuncia se concatena con el segundo hecho, pues en marzo de ese mismo año, otra persona, a quien la fiscalía identifica como Testigo B, vuelve a denunciar las presuntas amenazas de Martínez, pero esta vez entrega un audio grabado en una reunión a la que la sindicalista llamó.

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En dicha grabación, se indica que la que habla es Martínez indicando: «Compañeros, buenos días, voy a ser breve porque tengo una reunión, les prohíbo que Archivo General busque a Juan Carlos Jocol, si yo sé que están con Juan Carlos Jocol o Nancy en horario de trabajo, disculpe, pero va acta dirigida a la inspección por no estar en su área de trabajo».

Supuestamente, en la reunión, Martínez les advierte que pueden llegar a ser despedidos y no reinstalados si se dirigen con Jocol, otro trabajador del TSE. «De una vez les digo ya, Juan Carlos Jocol denunció a la magistrada el jueves a inspección de trabajo diciendo que ella ya tenía asignada las plazas, por favor, si no quieren problemas conmigo y yo miro en las cámaras que alguno de ustedes está hablando con Juan Carlos Jocol o llega a la oficina de Juan Carlos Jocol, se va a arrepentir», continúa el audio presentado.

Martínez termina diciendo: «Yo sí sé de procedimientos legales porque soy dirigente sindical y sé hasta donde puedo llegar y yo sé cómo botarlos, yo sé como jefa volarme a cada uno de ustedes, qué procedimiento puedo hacer y no hay reinstalación, así que se los anticipo».

Finalmente, el MP le imputó un tercer hecho, relacionado con órdenes que daba a personal de seguridad, a pesar de que «no eran sus subordinados». Supuestamente, el 18 de febrero de 2025, a las 11 de la noche, Martínez se presentó a la sede de la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones del TSE donde ordenó a los guardias abrir una puerta para extraer el sistema de aire acondicionado de la oficina.

Según manifestó la fiscal, esta ordenó al guardia que «con un cuchillo» violentara la chapa de la puerta, para así tomar el aparato y trasladarlo a la Unidad de Informática del TSE ubicada en la zona 12.

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PATROCINIOS Y PLAZAS

Aunque no fue parte de las imputaciones que realizó el MP, se señalaron otras acciones que presuntamente Martínez pudo haber realizado bajo la anuencia de Alfaro.

Una de estas fue acudir al diputado Luis Aguirre, para que este donara electrodomésticos que serían rifados en un convivio para los trabajadores del TSE.

Según explico Orellana, quien dio lectura a una de las declaraciones del Testigo A, este relató lo siguiente: «Quiero indicar también que delante de mí, le dijo a la magistrada presidenta que si ella podía pedirle electrodomésticos a Luis Aguirre (diputado) para sortearlos en el convivio, la magistrada le dijo que si y lo realizo».

Supuestamente, Martínez se jactaba ante los trabajadores del TSE de ser lobista de Alfaro y otros magistrados ante el congreso de la República, según el MP, posiblemente para que, a cambio de las prebendas, otorgar plazas en la institución.

«En una oportunidad la magistrada presidente indicó que era lobista de la misma y de todos los magistrados del TSE con los diputados al Congreso de la República para asegurarse la futura elección de los mismos y del personal afín a la magistrada presidenta y los actuales magistrados en funciones», señala el relato del Testigo A.

Por su parte, el testigo B señala que supuestamente Alfaro ya preparaba a cinco trabajadores y una extrabajadora del TSE para que Martínez abogara por estos ante los diputados para el próximo evento de selección de magistratura a realizarse en enero de 2026, siendo estos:

Mario Alexander Pérez, secretario general
Rafael Belches España, Subdirector del Registro de Ciudadanos
Abraham de Jesús Álvarez, Coordinador regional de Asuntos Jurídicos
Carlos Roberto Garza, Inspector General
Leonardo Gregorio García, Subinspector general
Jaqueline Xiomara Archila, extrabajadora

Aunado a esto, supuestamente, Martínez era la encargada de conseguir patrocinios económicos por medio de alcaldes y políticos a cambio de facilitar plazas en el TSE. En este caso, el juez señaló que el indicio presentado por el MP, señala que estos patrocinios eran pagados con contrataciones que no se realizaban mediante el departamento de Recursos Humanos, sino en el Archivo general, donde la sindicalista era la encargada.

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«LO MERECE MI JEFECITA»

Así también, aunque no forma parte de las acusaciones directas contra la sindicalista, los testigos señalan a Martínez de estar ocupando un cargo por afinidad a Alfaro y no porque este apta en el mismo.

Supuestamente, luego que la sindicalista amenazara a los trabajadores para que se afiliaran al sindicato y presumir su amistad con Alfaro, y de haber generado la denuncia que originó la investigación por el caso TREP en contra de los magistrados titulares, Martínez lo vociferaba para que los demás empleados conocieran las influencias que esta manejaba.

«Hace comentarios que gracias a ella los magistrados titulares están fuera del tribunal, ya que ella los denunció, ya que el puesto lo merece mi jefecita», señalaron.

Esta denuncia, le habría valido para ser nombrada en su cargo actual, relataron los testigos: «Como ella los denunció, se lo premió (Alfaro) con su puesto de jefe del Archivo General del Tribunal Supremo Electoral».

Sin embargo, estos señalan que Martínez no posee las calidades para el cargo, pues uno de los requisitos es que sea titulada en bibliotecología, situación que no cumple, además que según el juez señaló que existe un error en el título actual de la sindicalista, pues este fue emitido el 31 de octubre de 1999 mientras que el sello de la Contraloría General de Cuentas es del 28 de octubre de 1999.

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Finalmente, el MP asegura que por la cercanía con Alfaro, la magistrada le habría solicitado que le ayudara a reaccionar en redes sociales en contra de las acciones emprendidas por la FECI durante el secuestro de las boletas electorales, lo que la fiscalía consideró que era un acto para procurar impunidad a favor de la magistrada presidente en funciones del TSE.

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 17 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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