Juez liga a proceso a sindicalista que supuestamente denunció a magistrados titulares del TSE por caso TREP

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda

Aunque la carpeta judicial señala que las acciones se realizaron en el marco del caso Semilla, el Ministerio Público (MP), imputó hechos en contra de la sindicalista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Martínez, que la relacionan a acciones presuntamente anómalas cometidas contra trabajadores de la entidad electoral para forzarlos a unirse al Sindicato de Trabajadores, Acciones y Revolución del TSE (StarTSE).

Según explicó Leonor Morales, fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Martínez habría amenazado a personal del TSE para que abandonaran el otro sindicato que funciona en la institución o bien se adhirieran al suyo, pues de no hacerlo tomarían represalias contra estos, ya que contaba con influencias a nivel del pleno, específicamente con la magistrada Blanca Alfaro, que en el año 2024 ejercía como presidenta.

De acuerdo a lo presentado por la fiscalía, Martínez, en reuniones con los miembros del sindicato, esta señalaba que no tenían por qué colocar denuncias: «Solo les encargo, Juan Carlos Jocol, aquí al archivo no puede venir, ni ustedes ir con él, hablar con él, un miembro del equipo es darme una puñalada a mí y a la magistrada, así es que yo ahorita las cámaras las voy a tener 100 por 100», indicó.

La fiscalía le reprocha, que estas órdenes son fuera de las funciones que esta tenía como jefa de archivo del TSE.

Estas declaraciones fueron presentadas por medio de una grabación que fue hecha por uno de los presentes en esa reunión y que entregó al MP, dicha grabación fue reproducida desde el teléfono de la fiscal para mostrar el indicio con el cual fundamentan el señalamiento.

DENUNCIA POR CASO TREP

En su resolución, el juez Fredy Orellana dio lectura a algunas de las declaraciones que diversos testigos dieron en el caso, mismos que no fueron identificados, ya que sus datos están bajo reserva.

En dichas declaraciones, los testigos acusan a Martínez de las diferentes presiones, en todas, con la supuesta finalidad de beneficiar a Alfaro.

Según lo leído por Orellana, el testigo B señala que fue Martínez quien denunció a los magistrados titulares del TSE, por un supuesto fraude electoral, denuncia que después se transformó en el caso TREP.

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«Indica el testigo también, la sindicada tiene una amistad con la magistrada presidenta en funciones y hace comentarios que gracias a ella los magistrados titulares están fuera del tribunal, ya que ella los denunció, ya que el puesto lo merece mi jefecita», leyó Orellana.

Supuestamente, el testigo manifestó que «como ella lo denunció, se lo premió (Blanca Alfaro) con su puesto de jefe del Archivo General del Tribunal Supremo Electoral», al referirse a expresiones de Martínez.

POSIBLES PREBENDAS

En sus argumentaciones, la FECI aseguró que Martínez es capaz de mover diversas influencias, no solo con la presidenta en funciones, contra quien la fiscalía asegura que hubo una actitud irregular de esta, el pasado martes durante el proceso de captura de la sindicalista, sino también por acciones denunciadas anteriormente.

Así mismo, se señaló que como parte de las influencias que supuestamente Martínez es capaz de tener, señalaron que esta solicitó intervención del diputado Luis Aguirre para que este hiciera una donación de electrodomésticos que serían rifados durante un convivio para los trabajadores del TSE.

LIGADA A PROCESO

Aunque, originalmente, la orden de captura solicitada por la FECI fue por tres delitos que incluía abuso de autoridad en forma continuada, falsedad material y usurpación de calidades, finalmente, solo solicitó que fuera ligada por el primer delito.

Según la decisión del juez, existen suficientes indicios en su contra que deben seguir siendo investigados, por lo que accedió a la petición de la fiscalía.

Así mismo, el juez ordenó prisión preventiva en su contra, la cual deberá cumplir en el centro preventivo para mujeres Santa Teresa, en la zona 18, mientras dura la investigación, para lo cual, la fiscalía tiene un plazo de tres meses para completar la misma.