Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones Penal, rechazaron una recusación que María Yacón, exsecretaria del juzgado de ejecución e implicada en el caso Fugas, interpuso en contra de la juez A del Juzgado Octavo Penal, Aurora Gutiérrez, al considerar que esta supuestamente retrasó audiencias por tener enemistad y haber omitido opinión dentro del caso.
Junto a Yacón, también la defensa de la jueza suspendida Coralia Contreras afirmó que existen supuestas prácticas para retrasar el proceso, donde actualmente la juzgadora espera conocer si debe o no enfrentar juicio por los delitos de cooperación en la evasión y falsedad ideológica.
No obstante, al momento de emitir el fallo, la sala advirtió que la defensa no sustento debidamente las causales por las cuales aseguraban que la imparcialidad de la juzgadora se veía comprometida.
«Considera de que la jueza, antes de resolver, haya emitido opinión en el caso que se litiga, esta sala al ver las argumentaciones vertidas y las constancias procesales considera que en ningún momento ha quedado probado que la jueza, antes de emitir sus resoluciones haya emitido opinión alguna, deviniendo improcedente la recusación promovida», explicó la sala en su decisión.
Por el contrario, los magistrados advirtieron que la juez ha actuado «de forma diligente» para que el proceso siga su curso sin atrasos, por lo que instaron a Gutiérrez a continuar de esa manera de modo que el caso pueda solventarse pronto.
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PROCESO PENDIENTE
Con la decisión de la Sala se espera que el expediente vuelva a manos del Juzgado Octavo Penal para que Gutiérrez fije las fechas respectivas para las audiencias pendientes dentro del caso y solventar la situación de los implicados en el proceso.
En el caso de Contreras, derivado a diferentes recusaciones que en dos ocasiones hicieron cambiar de juzgador, aún se espera que se lleve a cabo la audiencia para determinar si esta debe o no enfrentar juicio o bien alguna otra salida procesal.
De acuerdo al historial del caso, en marzo de 2023, Contreras expresó su intención de someterse a la Ley de Aceptación de Cargos; sin embargo, el proceso quedó sin resolverse tras las diferentes recusaciones dentro de la carpeta judicial.
Contreras es señalada de supuestamente emitir resoluciones que permitían la salida de diferentes reos sin que estos cumplieran el debido tiempo emitido en las condenas que se dictaron en su contra.
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