
La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender dos párrafos del acuerdo gubernativo 200-2024 con el cual el Organismo Ejecutivo pretendía tener reuniones periódicas con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y así abordar temas de cumplimiento en materia de derechos humanos.
La acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo la presentó la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) que se opuso a las intenciones del presidente Bernardo Arévalo y calificó de ilegal que se cite a la jefa del MP a integrar ese gabinete.
En tal sentido, la Corte consideró que es necesario suspender tales acciones mientras hacen un análisis final sobre el tema.
Ante eso, dejó sin efecto, en forma temporal, el último párrafo del artículo 4 que indica: «En el Gabinete Específico para la Coordinación del Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales del Estado de Guatemala en Materia de Derechos Humanos participará en sus sesiones ordinarias o extraordinarias el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, por invitación del Presidente de la República».
De la misma manera, la CC suspendió el segundo párrafo del artículo 7 en el cual se le daba la participación a otros actores de la sociedad civil.
El texto normativo indica: «Asimismo, podrán integrarlo funcionarios de otros consejos, comisiones, secretarías, instituciones públicas, sector privado, académico, sociedad civil u otros que se consideren, para abordar temas específicos vínculos al objeto del mismo y que actúan en defensa de los intereses `estatales, los cuales serán convocados a las sesiones cuando el tema que se trate sea de su competencia, quienes tendrán voz, pero no voto».
En su decisión, queda suspendido el párrafo último del articulo 4 en el que se indica que en dicho gabinete «participará en sus sesiones ordinarias y extraordinarias el Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Público por invitación del presidente de la República».…
— Diario La Hora (@lahoragt) December 20, 2024
Con esta decisión, la vicepresidenta Karin Herrera, quien es la encargada de coordinar esta instancia, queda inhabilitada para invitar a la Fiscal a las reuniones y que esta pueda responder a inquietudes del Ejecutivo.
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