Sala Tercera de Apelaciones ordena investigar a Blanca Alfaro por solicitar el estado de la carpeta del caso Semilla

Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones Penal ordenaron que se abra investigación contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, luego que esta solicitara un informe para conocer cuál es el estado de la carpeta judicial del caso Semilla.

De acuerdo a la información con la que se cuenta, Alfaro solicitó un informe a la Sala para conocer si existen o no vigentes recursos de apelación dentro de la carpeta, para así tener más detalles antes de resolver la apelación presentada por la agrupación política, con la que buscan revertir la resolución del Registro de Ciudadanos, que en cumplimiento con la orden del juez Fredy Orellana, provocó la cancelación de Movimiento Semilla.

En su resolución, los magistrados indican que «la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral no se le ha otorgado participación como sujeto procesal, lo cual se estima que no solo atenta contra la independencia judicial, sino que infundadamente establece un plazo de cinco días para el cumplimiento del informe requerido, lo cual constituye una injerencia ilegítima».

Ante tal situación, los magistrados indican que certifican lo conducente contra Alfaro al Ministerio Público (MP), para que estos realicen las diligencias que estimen pertinentes y determinen si hubo o no un actuar ilícito en la solicitud realizada por la presidenta del TSE.

A petición de la FECI, juez Fredy Orellana pide que se investigue a Blanca Alfaro

SEGUNDA CERTIFICACIÓN

Esta es la segunda vez que ordenan una investigación contra Alfaro por eventos relacionados a la investigación contra el partido Movimiento Semilla, la primera de estas fue girada por Orellana el 13 de febrero de este año, luego que la presidenta del TSE llegara a mostrar su apoyo a cuatro trabajadoras de la entidad electoral luego que estas fueran citadas a rendir primera declaración dentro del citado proceso.

En esa oportunidad, Orellana afirmó que podría existir un interés particular y al considerar que esta podría intervenir o inferir en las actuaciones judiciales se certificaba lo conducente en su contra, para que, al igual que esta vez, el MP investigara su actitud al presentarse a la Torre de Tribunales previo a dicha audiencia.