Exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, revela nombre de fiscal que cometió error por el que hoy se le acusa

Sergio Osegueda
Sergio Osegueda

Después de más de 10 meses de espera, finalmente el Juzgado Noveno Penal inició la audiencia de etapa intermedia en donde se discute si el exfiscal contra la corrupción, Stuardo Campo, debe o no ir a juicio por un supuesto delito de incumplimiento de deberes.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), Campo y otros dos ex auxiliares fiscales omitieron revisar documentación que provocó que se girara una orden de captura equivocada en contra de una persona que no tenía vinculación alguna al caso denominado Alfa Siete, en donde se capturó a miembros de una banda que se dedicaba al tráfico ilícito de personas y lavado de dinero.

Una vez se conoció la acusación con la cual el MP busca que Campo y los exfiscales sean enviados a juicio, finalmente el juez Selman Portillo otorgó la palabra para que este se defendiera de las acusaciones.

La primera aclaración hecha por Campo fue el año de la investigación, pues el MP afirma en su acusación que la investigación nació en el año 2020, cuando la misma viene desde el año 2015.

Según explicó, dicha carpeta ministerial nació dentro de la Fiscalía Contra la Trata de Personas a cargo de la entonces Unidad de delitos contra tráfico ilegal de migrantes, por lo que en ese momento la fiscalía que él dirigió a partir de 2022, no existía.

En 2019, mientras él fungía como fiscal anticorrupción, se creó la Fiscalía contra Tráfico Ilegal de Migrantes, importando a esta dependencia la carpeta de investigación del caso Alfa Siete, aseverando que todas las diligencias de investigación se pidieron cuando este aún no llegaba, ya que el caso tiene mayor movimiento hasta 2022 a su llegada.

FISCAL OBVIO INSTRUCCIONES DE CAMPO

En su declaración, Campo indicó que a su llegada, este emitió instrucciones para que se perfilaran a los posibles responsables de los actos ilícitos en el caso para así proceder a la detención de los responsables y señaló que desde 2020 ya se tenía conocimiento de una persona, aparentemente, esposa de uno de los sindicados que podría estar vinculada en el caso.

Desde 2020, se conocía que la persona involucrada se llamaba María Andrés Hernández, por lo que una fiscal, Eugenia del Rocío Velásquez Ramos, sería la responsable de haber cometido el error que llevo a la captura de María Bárbara Andrés Hernández de López.

Campo explicó que Velásquez, «con fecha 1 y 5 de octubre del año 2020» tenía conocimiento exacto del nombre de la sindicada real y del número de cuenta bancaria que era necesario investigar.

«Ella sí tuvo conocimiento al respecto de eso, ella sí tenía la obligación de haber perfilado o haber individualizado o haber identificado a la persona a quien se le había realizado este depósito y que se había mencionado en el método especial de investigación… porque ella si obtuvo de primera fuente o de primera mano la información en cuanto al nombre y el número de cuenta bancaria de la persona quien iba a ser beneficiaria o destinataria con el depósito por parte de uno de los miembros del grupo delictivo», explicó.

Petición de órdenes de captura firmada por la fiscal Eugenia Velásquez. Foto: Fabricio Alonzo
Petición de órdenes de captura firmada por la fiscal Eugenia Velásquez. Foto: Fabricio Alonzo

El ex fiscal indicó que el nombre de María Andrés Hernández fue obtenido mediante una escucha telefónica, información que le fue trasladada a la fiscal Velásquez, sin embargo, no fue, sino hasta febrero de 2022 (Campo llega en abril de ese año a la fiscalía) que esta fiscal pide autorización judicial para la investigación de la cuenta bancaria, pero identifica a la persona a investigar como María Bárbara Andrés Hernández de López. «¿A cuenta de qué?», reclamó campo.

FILTRACIONES Y PROTECCIÓN

Campo hizo énfasis a una posible protección que altas autoridades han realizado a favor de la fiscal Velásquez, pues tras el error que llevó a prisión a la persona equivocada y por la que esté en audiencia bajo reserva dio las disculpas del caso, esta fue removida a otra fiscalía y aunque se dictó una certificación para que se indagara sobre sus acciones en el caso, al momento el MP no ha presentado información al respecto.

También se alegó, que Velásquez pudo haber filtrado información bajo reserva del caso a la Fundación contra el Terrorismo, con la única finalidad de que estos fabricaran una denuncia en contra de Campo y así procesarlo sin que existieran las pruebas que lo inculpen de un presunto actuar ilícito.

Por estas acciones, el juez B del Juzgado Noveno Penal, Guillermo Luna, certificó lo conducente contra estos para que fueran investigados, pero tampoco hay respuesta sobre alguna diligencia por estos hechos.

Después de varias horas de audiencia en donde el juzgador escuchó tanto al MP como a la defensa de los tres acusados, Portillo indicó que por la complejidad del caso y por la cantidad de indicios que debe analizar, la resolución será entregada hasta el próximo 7 de octubre a las 12 del medio día.

Esa fecha se decidirá si Campo y los exfiscales deben enfrentar juicio o no.

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