El Juez Séptimo Penal Fredy Orellana, negó nuevamente la petición de la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, de obtener una medida sustitutiva y permanecer en libertad mientras resuelve su situación dentro del caso contra el partido Movimiento Semilla.
Según expuso la defensa, las circunstancias han variado desde agosto de 2024 cuando fue enviada a prisión preventiva, aunado a esto existe ya un antecedente que a un miembro del partido, también implicado en el caso, se le concedió el beneficio, por lo que por igualdad procesal buscaban la medida.
El juez Orellana afirmó que en los documentos que presentó la defensa, este extremo no se comprueba, por lo que considera que persiste la posibilidad de que Hernández pueda intervenir en la investigación.
Con este argumento, el juzgador mantiene a Hernández en prisión preventiva hasta que se discuta si debe enfrentar juicio, en una audiencia prevista para el 9 de diciembre de 2024.
Hernández aseguró que están a la espera de la decisión de la Sala de Apelaciones correspondiente, a donde recurrieron tras la resolución del 16 de agosto pasado, en la cual buscan dejar sin efecto la decisión de restringirle la libertad.
Defensa de Ligia Hernández apela prisión preventiva dictada en su contra
NI MANIFESTACIONES NI MEDIDAS DE HECHO
Durante su argumentación, Orellana aseguró que no aceptará presiones de ninguna naturaleza, ya sea que provengan de publicaciones o de redes sociales o incluso de movimientos populares que puedan alzarse en su contra.
Según el juzgador, hay publicaciones que son «poco apegadas a la veracidad», por lo que un juez «no puede dejarse influir» por eso.
«El día que un juez resuelva con base a lo que dicen las redes sociales que se dedique a otra cosa», sentenció.
No obstante, entre los medios que ha aportado el Ministerio Público (MP) para que se dicten prisiones preventivas dentro del caso Semilla, se encuentran publicaciones que algunos funcionarios de gobierno han realizado en redes sociales, y que a criterio del juzgador si denotan la posibilidad de una intervención a la investigación.
Orellana agregó que no puede haber nada que influya sobre un juez, «menos cualquier clase de manifestaciones, medidas de hecho o como se le llama ahora por cultura popular, escracheo», en referencia a las concentraciones afuera de la Torre de Tribunales que muestran su apoyo a los sindicados.
Según la Real Academia de la Lengua (RAE) el escracheo o escrachar, es una manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración pública, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir.
