Abogados del Centro de Acción Legal y de Derechos Humanos (CALDH), representantes de miembros de la familia Molina Theissen, recusaron al magistrado vocal 1 de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, Franc Armando Martínez, por supuestamente haber emitido opinión. Por esta razón dudan de su imparcialidad.
Alejandro Rodríguez, mandatario de la familia Molina Theissen, en las últimas resoluciones de la Sala, Martínez ha mostrado su desagrado a la sentencia que fue dictada en su momento contra los militares retirados implicados en el caso.
#AhoraLH | Abogados de la familia Molina Theissen, presentan un escrito de recusación contra el magistrado Franc Armando Martínez, indicando que no existen garantías suficientes de imparcialidad por parte del juzgador. Esto en el marco del caso de la desaparición forzada del niño… pic.twitter.com/ttBZZYHCSI
— Diario La Hora (@lahoragt) September 3, 2024
«En audiencia pública considera que la condena contra Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, es lamentable, que aplicar crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzada y violación agravada es una situación lamentable, es claro que existe una predisposición de ánimo que no garantiza suficientemente la imparcialidad», señaló Rodríguez.
La recusación busca que Martínez no integre la Sala, que todavía debe analizar las apelaciones que fueron interpuestas en contra de la sentencia contra Benedicto Lucas García, Manuel Callejas, Hugo Zaldaña y Edilberto Letona, con penas que van de 32 a 53 años de cárcel.
Caso Molina Theissen: Militares retirados condenados a 33 y 58 años de prisión
Aunque la sentencia se dictó en el 2018, una serie de recursos que llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad ha impedido que, seis años después, se resuelvan las impugnaciones del caso, por lo que las sentencias no están firmes.
A pesar de los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a garantizar la justicia a la familia Molina Theissen, la CC avaló que se les otorgara medidas sustitutivas a los militares condenados dentro del caso, pese a que la ley guatemalteca establece que esos delitos no gozan de ese beneficio.
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