El Juzgado Noveno Penal suspendió una vez más el inicio de la audiencia de etapa intermedia en contra del primer proceso que se abrió en contra del exfiscal contra la corrupción, Stuardo Campo. Según se indicó, el juez Selman Portillo debió atender una cita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo que le impidió realizar la misma.
Por este motivo, la audiencia para discutir si Campo y otro exfiscal auxiliar deben enfrentar juicio por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, se reprogramó para el 13 de agosto próximo.
#AhoraLH | El exfiscal contra la corrupción, Stuardo Campo, se presenta ante el Juzgado Noveno Penal a la espera de que se realice la audiencia de etapa intermedia en la que se discutirá si debe o no enfrentar juicio por supuesto incumplimiento de deberes.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2024
Además de la ausencia del Juez, se destaca que, nuevamente, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), quien funge como querellante adhesivo y que denunció inicialmente al exfiscal en este caso, no se presentó a la audiencia.
«Pese a que ya habían sido apercibidos en la audiencia que se suspendió el pasado 20 de junio en relación a que si no justificaban su incomparecencia a esta fecha, se les tendría por apartados», explicó Campo.
En dicha audiencia, Portillo indicó que la FCT tenía un plazo de 3 días para explicarle al juzgado el porqué de su ausencia, sin embargo, se conoció que la excusa no fue presentada.
Sumado a la incomparecencia de este día, ahora se espera que en la próxima audiencia el juzgador determine si la FCT queda oficialmente fuera del proceso en contra de Campo.
LA DENUNCIA
Stuardo Campo y otro exfiscal auxiliar fueron señalados por la FCT de haber solicitado una orden de captura contra una persona que no tenía ninguna vinculación con el denominado caso Alfa Siete, en donde la Fiscalía contra delitos Transnacionales procedió a la desarticulación de una banda dedicada al tráfico ilegal de personas.
Se estableció que entre los detenidos había una persona con un homónimo, lo que causó la confusión, sin embargo, pese a que se sabía que el detenido no tenía vínculo alguno con el caso, este permaneció en prisión por 30 días mientras concluía la audiencia de primera declaración para que finalmente fuera puesto en libertad.
A la fecha, aún se debe discutir si hubo error por parte de la fiscalía o quién fue el responsable de verificar la identidad de los detenidos.
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