María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres y acusada dentro del caso La Sexta, en el cual se le imputa el delito de encubrimiento propio por supuestamente conocer detalles de cómo se realizaría el ataque en el que murió el reo Byron Lima Oliva en julio de 2018, insiste en acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.
En 2022, Castañeda presentó esta solicitud para buscar el beneficio de la reducción de la pena y salir de la prisión que pudiera enfrentar, sin embargo, en aquel instante, el Tribunal de Mayor riesgo A negó la petición de la sindicada.
No obstante, previo a iniciar el juicio, la jueza presidenta Yassmin Barrios se excusó de conocer el caso, pues esta habría sentenciado a Lima Oliva por la muerte de Monseñor Juan José Gerardi, esto motivó a que la excusa fuera aceptada y finalmente el expediente cambiara de judicatura, siendo ahora el Tribunal de Mayor Riesgo E el encargado de conocer el debate.
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Ante tal situación, la defensa de Castañeda presentó nuevamente la petición de aceptación de cargos y así solventar su situación legal, sin embargo, hasta ahora el tribunal no ha fijado una fecha para conocer la petición.
Recientemente, el 4 de junio pasado, dicho tribunal condenó al exsubdirector operativo del Sistema Penitenciario (SP), Basilio Hernández Guzmán, a 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, luego que este también aceptara cargos.
Se espera que en las próximas semanas, el tribunal notifique a la defensa sobre una posible fecha para conocer la petición de Castañeda y determinar si se acepta la misma o no.
EL CASO
Byron Lima Oliva fue asesinado junto a otras 12 personas, el 18 de julio de 2016, en el interior de la Granja Penal Pavón, tras un ataque atribuido a Marvin Montiel Marín, alías El Taquero, quien según el Ministerio Público (MP) es señalado de ser el autor material e intelectual por una supuesta lucha de territorio en el interior del centro carcelario.
Inicialmente, el MP acusó a Castañeda de haber ayudado a Montiel y su estructura a ingresar armas y otros elementos que se utilizaron en el ataque, sin embargo, posteriormente la jueza Claudette Domínguez modificó el delito a encubrimiento propio, al considerar que los indicios señalaban que la sindicada desconocía para qué sería el uso de las armas.
Mientras tanto, otros sindicados en el caso aún esperan que se fije una fecha para el inicio del juicio en su contra.
