ARCHIVO - Acusados en el caso Hogar Seguro, durante el inicio del juicio que se sigue en su contra por la muerte de 41 internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y causar heridas a 15 sobrevivientes. Foto: José Orozco / La Hora.
ARCHIVO - Acusados en el caso Hogar Seguro, durante el inicio del juicio que se sigue en su contra por la muerte de 41 internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y causar heridas a 15 sobrevivientes. Foto: José Orozco / La Hora.

El juicio por el caso Hogar Seguro arriba este lunes a 6 meses desde su inicio, sin que a la fecha se haya discutido siquiera la mitad de la prueba propuesta para el debate en contra de ocho exfuncionarios acusados de los hechos que terminaron con la vida de 41 menores en la casa hogar Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.

El juicio comenzó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal en su forma unipersonal para discutir si Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de abrigo; Santos Torres, exdirector de la casa hogar; Harold Flores, procurador de la niñez; Gloria Castro, exdefensora de niñez; Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra Maltrato; Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la Policía Nacional Civil y Luis Armando Pérez, ex subcomisario de la PNC, son culpables o inocentes de los acontecimientos.

Sin embargo, desde su inicio a la fecha, el tribunal realiza una audiencia semanal para avanzar en el caso, en donde se aportaron 918 medios de prueba divididos en 790 documentos, 44 informes de peritos y 84 testigos.

A 6 meses del inicio del debate, se han diligenciado aproximadamente de 80 a 90 medios, por lo que las partes procesales estiman que el juicio podría superar incluso el año derivado la programación de las audiencias respectivas.

LA TRAGEDIA

El 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción buscaron escapar de dicho centro asegurando que eran víctimas de vejámenes y otras situaciones, mientras que las autoridades afirmaron que se trataba de acciones propias de otras menores que no estaban de acuerdo con la imposición de orden en el lugar.

Esto derivó a acciones de la PNC para recuperar el control del centro y la recuperación de las menores que habían logrado salir del inmueble.

Para constatar que las menores no sufrieran vejámenes, se solicitó a la juez de paz de turno de Santa Catarina Pinula, Rocío Murillo, practicara una acción de exhibición personal, sin embargo aunque la juez se presentó, esta no se realizó, pues aseguró que corrían riesgo tanto ella como el personal que le acompañaba.

Durante la madrugada, 56 menores fueron ingresadas al centro y supuestamente como castigo fueron encerradas en un aula.

En la mañana del 8 de marzo, en protesta por la situación en la que fueron colocadas y ante la negativa para que estas pudieran realizar sus necesidad fisiológicas, una de las menores llevaba consigo fósforos, con lo que incendió una colchoneta, y el fuego se propagó rápidamente.

Una acción tardía de las autoridades a cargo, hizo que el aula fuera abierta muchos minutos después de iniciado el fuego. El saldo final, 41 menores fallecidas.

EL PROCESO

Mientras el juicio sigue su curso a modo de establecer las responsabilidades del caso, aún se espera que un tercer grupo con un total de cinco acusados, en donde se encuentra vinculada Murillo, espera conocer si deben o no enfrentar juicio.

Los demás deberán presentarse semana a semana a las diversas audiencias hasta agotar la discusión de todas las pruebas.

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 16 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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