Caso Toma Usac: Juez dicta falta de mérito para los cuatro integrantes del tercer grupo

Después de varios intentos por continuar con la audiencia de primera declaración, finalmente este 31 de mayo, el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, siguió con la misma para escuchar la defensa de los cuatro señalados que conforman el tercer grupo de sindicados dentro del caso Toma de la Usac: Botín político.

Tras el análisis de todos los argumentos presentados tanto por el MP como por la defensa de los sindicados, el juez Cruz decidió dictar falta de mérito a favor de Marco Vinicio de la Rosa, Elmer Velásquez, Engelberth Blanco y Julio Arreaga, al no encontrar indicios que pudieran vincularlos a los delitos imputados.

«La falta de mérito no lo cierra (el proceso penal), se puede llamar nuevamente a su persona si el MP adecúa otros elementos para poder establecer que sí pueden ser perseguidos penalmente», señaló Cruz dentro de su resolución.

En este caso, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural señaló a los cuatro sindicados de los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada y asociación ilícita, pero al no existir los elementos, los acusados quedaron libres de cargo.

No obstante, el MP afirmó que estará apelando la decisión al no compartir la resolución del juzgador.

PRESENTARON ARGUMENTOS

Durante su intervención, los defensores recalcaron que muchos de los señalamientos vertidos por el Ministerio Público (MP), no tienen el sustento ni tampoco la debida diligencia, pues no existen indicios de que los señalados haya participados en los hechos que mantuvieron cerrada la casa de estudios por más de un año.

Juan Castro, defensor de Elmer Velásquez, señaló que la fiscalía aseguraba que la toma había sido usada como un botín político para así acrecentar la figura de ciertas personas y que estas fueran reconocidas en el evento electoral que se acercaba, por lo que reprochó al MP por no actuar contra la actual diputada Helen Ajcip, quien también se pronunció a favor de la protesta en la Usac, y sí contra otros diputados.

«O solo aquellos que son rojos, o tienen una tendencia un poco más socialista o socialdemócrata tienen que ser perseguidos, y los que son afines a la forma en que está actuando el MP, esos no pueden ser perseguidos», cuestionó Castro.

PERIODISMO PERSEGUIDO

Por su parte, la defensa del periodista Engelbert Blanco, aseguró que el MP ha utilizado el caso para tratar de silenciar la crítica social que pueden generar los periodistas. «Hay una serie de acciones que se han ido encaminando a prohibir, a cohibir y a silenciar a aquellas personas que realizan labor periodística», señaló la abogada Wendy López.

En su argumentación, López señala que, efectivamente, Blanco estuvo presente el 4 de agosto de 2022 en las instalaciones del campus central de la Usac, como aseguró en su momento la fiscalía, sin embargo, no era uno de los manifestantes, sino que realizaba sus labores de periodista.

Muestra de esto, se entregó al juez Cruz una serie de videos donde se muestra a Blanco portando su gafete que lo acredita como periodista, así también se hizo entrega de dicho gafete y una copia de los artículos periodísticos realizados por Blanco ese día, mostrando así que su presencia en las instalaciones universitarias fue exclusivamente por sus labores.

Entre las acusaciones, el MP señala que los hoy acusados son los causantes de una serie de daños que se ocasionaron a las instalaciones que son patrimonio cultural del país; sin embargo, los abogados coinciden, en que el acuerdo de patrimonio cultural, solo cubre una parte del campus más no la totalidad del mismo.

Además, los defensores señalan que tampoco se puede atribuir el deterioro del campus a los acusados, pues lo que existe es falta de mantenimiento, el cual comenzó desde que las autoridades universitarias cancelaron las actividades presenciales a causa de la pandemia de Covid-19.