Carlos Alexander Guerra y Guerra, detenido el pasado 25 de abril en un centro comercial de San José Pinula, considerado en Guatemala como uno de los 100 más buscados del país, decidió voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos donde es requerido por la supuesta comisión de delitos de narcotráfico.
De acuerdo con la petición de la Corte del Distrito Este de Texas, Guerra es requerido por el delito de distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, así como fabricación y distribución de la mezcla con fines de introducirlos en los EE.UU.
Situación por la cual, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal dio a conocer la petición en su contra, a lo que Guerra respondió estar dispuesto a ser extraditado para solventar su situación legal en el país norteamericano.
Sin embargo, su extradición ha sido aplazada, pues se ha llegado a establecer que Guerra tiene un proceso pendiente en Guatemala, por lo que hasta que no solucione su situación en territorio nacional, este no puede ser enviado a EE.UU.
UNO DE LOS 100 MÁS BUSCADOS
Guerra y Guerra es señalado en Guatemala de presuntamente pertenecer a la banda «Los Ipala», motivo por el cual formó parte de la lista de los 100 más buscados del Ministerio de Gobernación. Al ser este el supuesto líder de la agrupación criminal.
En este caso a Guerra, se le acusa de haber participado en los asesinatos de Delio René Sandoval España, Carlos Augusto Méndez y Jorge Luis Ortega Oliva, en un hecho cometido el 24 de enero de 2020, luego de haber presenciado la pelea de boxeo entre el entonces alcalde la Ipala, Chiquimula y ahora diputado Esduin Javier Javier y el alcalde de Mixco, Neto Bran.
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Diputado dice que se le acosa
Supuestamente, Guerra, ayudó a coordinar y a transportar al grupo de sicarios que ejecutó la muerte de los ya mencionados.
Por este proceso, aún está pendiente de resolverse una solicitud de antejuicio planteada en contra de Javier, conocido como «3 Kiebres», a quien se le señala de tener vínculos con el grupo criminal, pero que por diversos recursos de recusación y amparos, el proceso para el retiro de la inmunidad se ha retrasado por lo menos dos años.
