La presencia militar en las prisiones del país, en especial donde el pasado fin de semana reclusos protagonizaron motines, se ha intensificado en el quinto día de vigencia del estado de sitio, decretado por el Gobierno.
Como consecuencia, un cerco de soldados se ha establecido en las prisiones: Preventivo para varones de la zona 18, Cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2 y en Renovación 1, en Escuintla, que tienen por objetivo retomar el control del penal y revisar a toda persona que salga o ingrese.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz confirmó a La Hora que por este anillo militar pasa toda persona que se dirija a dichos penales y que, como consecuencia de las revisiones, en los primeros días del estado de sitio han detenido a guardias del Sistema Penitenciario y algunos de la Policía Nacional Civil (PNC) que pretendían ingresar ilícitos.
Saenz no detalló cuantas detenciones han efectuado ni en qué prisiones ocurrieron los hechos; sin embargo, aseguró que los aprendidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
El titular de la Defensa explicó que desde el jueves se implementaron estos puestos de control «para que los soldados también revisen a los agentes del sistema penitenciario y a las visitas». Todo lo que entre o salga de las prisiones debe pasar revisión de los efectivos castrenses, añadió.
El objetivo de este cerco militar no solo es la detección de ilícitos, sino más bien tomar el control de las prisiones y que se rompa toda comunicación entre los pandilleros que operan en las calles y sus líderes que permanecen en los centros carcelarios.
RADIOS Y GRANADAS
El ministro de la Defensa consideró que los primeros días de vigencia del estado de sitio han sido «muy fructíferos», puesto que en tres requisas que han efectuado se ha encontrado diversidad de artículos entre los que se cuentan radios de comunicación que tenían acceso a las frecuencias de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta granadas de fragmentación.
Según Saenz, estos artículos fueron hallados en la requisa más reciente que ejecutaron la madrugada de este viernes 23 de enero. Las granadas estaban en buenas condiciones, por lo cual «por seguridad», técnicos especializados tuvieron que detonarlas a través de procedimientos especiales. Además, en la requisa también se hallaron otro tipo de armas y drogas.
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Aunque personal militar se encuentra en todas las prisiones del país, el jefe castrense indicó que los esfuerzos se concentran en las tres en donde el pasado 17 de enero ocurrieron violentas revueltas protagonizadas por pandilleros de las maras Salvatrucha y 18.
El ministro confirmó lo que se ha sido un secreto a voces, de que las propias fuerzas de seguridad son las que ingresan ilícitos en las cárceles. «Los agentes de Sistema Penitenciario y algunos de PNC son los vehículos que utilizan —las pandillas— para que les lleven todo lo que necesitan ellos adentro», subrayó.
El funcionario agregó que después de retomar el control de las prisiones comenzarán una segunda fase que estará dirigida a efectuar operativos en las áreas de mayor influencia de las pandillas, toda vez cuenten con la información que deben proveer las autoridades de la fuerza pública civil.
«Con esta información fina y exacta y ellos —las pandillas—, sin la línea de comunicación, creo que los resultados van a venir», auguró Saenz.
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ACCIÓN LIMITADA
No obstante, reconoció que las acciones del Ejército se encuadran dentro del estado de sitio. Este entró en vigor el 19 de enero y tendrá una vigencia de 30 días. El Organismo Ejecutivo podría prorrogarlo, pero requerirá de la ratificación del Congreso.
Sin este estado de excepción, el Ejército se vería limitado y no podrían efectuar las acciones que ha llevado a cabo hasta el momento. «No tenemos competencia legal para poder hacerlo», explicó Saenz, quien añadió que las funciones de las fuerzas armadas ya sin un estado de sitio vigente se circunscribirían a la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil.
Este decreto (40-2000) enfatiza en que la cooperación del Ejército debe hacerse de manera especial para el control y combate de las drogas y delitos como plagio o secuestro, contrabando, defraudación, depredación de bosques, conservación de patrimonio y el trasiego de armas.
«Estamos cumpliendo la ley, pero el estado de sitio nos da participación a nosotros en las operaciones, y lo estamos haciendo en estos 30 días que el estado de sitio nos da la orden», recalcó Saenz.
CRISIS
El sistema carcelario del país enfrenta una crisis dado a un caótico y trágico fin de semana del 17 y 18 de enero. Todo comenzó con una serie de motines en cárceles del país, incitados por pandilleros de las maras 18 y Salvatrucha, a lo que se sumó una ola de atentados en contra de las fuerzas policiales que se cobró la vida de 10 agentes y dejó otra decena de heridos.
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En los motines, los reclusos exigían el traslado de sus líderes a las prisiones donde antes estaban recluidos o bien sea, mejores tratos, que incluían camas cómodas y aire acondicionado. Las autoridades rechazaron las peticiones y dijeron que no negociarían con «terroristas».
En respuesta se produjeron varios ataques que causaron zozobra en la población, principalmente en la capital. Como consecuencia, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso en la sesión del pasado 20 de enero.
En una entrevista con La Hora, Sáenz expuso que, a su criterio, existe un plan orquestado que tiene por objetivo desestabilizar al gobierno de Arévalo con miras a que deje el cargo, sin embargo, garantizó que el Ejército se asegurará de que el gobernante entregue el cargo hasta el 14 de enero de 2028, como lo establece la Constitución.
«No va a haber acción desestabilizadora suficiente —para evitar que Arévalo cumpla con el periodo de su mandato—, el Ejército se va a encargar de eso», aseveró.
Los operativos en diferentes ubicaciones de la metrópoli están a cargo de policías y soldados. Foto: Ejército de Guatemala.
