Más de 1 mil 400 procesos de auditoría practicados en el 2024 a instituciones que manejan fondos públicos revelaron hallazgos que rebasan los Q2 mil 800 millones por posibles manejos irregulares de los recursos.
La información se dio a conocer en la “Auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024”, entregado este viernes 23 de mayo por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al Congreso de la República.
El mismo da cuenta de que, del levantamiento de auditorías resultaron 3 mil 554 hallazgos que derivaron en 3 mil 354 sanciones económicas, 86 formulaciones de cargos y 115 denuncias penales.
El monto de las sanciones asciende a Q134.26 millones. Las formulaciones de cargo —hallazgo o reparo formulado que tiene la posibilidad de ser subsanado—, Q59.19 millones, mientras que las denuncias penales, representan el monto más fuerte, ya que se elevan a Q2 mil 620 millones.
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La Contraloría elabora dos tipos de auditorías: financieras y de cumplimiento al presupuesto anual, de las cuales en 2024 llevó a cabo 675 por hallazgos que rebasan los Q825.3 millones, y los exámenes especiales de auditoría que revisan procedimientos puntuales, regularmente a solicitud de un ente o por una denuncia ciudadana.
De estos segundos, llevó a cabo 771 procedimientos con hallazgos que superan los Q1 mil 989 millones.
La mayoría de las auditorías nacieron de la Dirección a Denuncias, y están enfocadas principalmente a sectores de obra pública y gestión ambiental, municipalidades y Consejos de Desarrollo, fideicomisos, así como a otros relacionados a la educación, ciencia, cultura y deportes.
También se destaca en el informe que un grueso importante de las auditorías practicadas fueron al sector de comunicaciones, infraestructura pública y vivienda, así como al sector de salud y seguridad social.
FRENAN PROCESOS
La CGC también reporta el levantamiento de auditorías concurrentes, que son exámenes que se hacen en las etapas y fases previas a formalizar una contratación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones internas.
Dentro de las que practicaron resaltan contrataciones millonarias que se frenaron y que suman al menos Q436.3 millones. Entre estas, el primer procedimiento para la ampliación del edificio de la sede central del Ministerio Público, en la zona 1 de la capital, proceso que se cotizó a Q366.9 millones, pero que al final se declaró como “no adjudicado”.
También la compra de un buque para uso de la Marina de la Defensa Nacional, por Q64.9 millones, y la adquisición de licencias para simulador de entrenamiento táctico, del Ministerio de Finanzas, por Q4.4 millones.
AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO
De igual forma, la CGC dio a conocer que efectuó siete “auditorías de desempeño” de las cuales obtuvo 33 hallazgos. Estas se llevan a cabo para atender determinados problemas públicos y medir la eficacia, eficiencia y economía de determinada entidad.
El objetivo es ayudar a las instituciones en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
Las auditorías se llevaron a cabo en los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Educación, Salud, Agricultura y Ambiente, así como en las municipalidades de Panajachel y Santa Catarina Palopó, ambas en Sololá. También en la Procuraduría General de la Nación (PGN), Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
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Algunos de los hallazgos se enfocan en deficiente supervisión, verificación, control y monitoreo del subsidio para el transporte público en favor del adulto mayor, en el caso del (Mides),
En Educación se detectaron fallos en el Programa de Alimentación Escolar, enfocado en un deficiente acompañamiento a las OPF (organizaciones de padres de familia), que redundan en la deficiencia en la implementación de acciones para contribuir al logro de los objetivos.
En Salud se detectaron deficiencias en las acciones para prevenir enfermedades transmitidas por vectores, mientras que en las comunas mencionadas se detectaron deficiencias en la gestión del agua potable y en el saneamiento.
También se señalan deficiencias en la gestión de la PGN relacionada a la representación, protección y vigilancia de los derechos de la niñez y la adolescencia.
