Aporte extraordinario de Q5 mil millones a Codedes, estancado: 0% de ejecución

Como suele pasar cada año, el presupuesto asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) muestra escasa ejecución, transcurrido ya el primer cuatrimestre de 2025. El total de recursos que les fueron aprobados el año pasado suman Q12 mil 269 millones.

El presupuesto de los Codedes —el más alto que se les ha aprobado en la historia— es posible por la asignación constitucional que todos los años les debe asignar el Ministerio de Finanzas, pero principalmente gracias a los acuerdos alcanzados en el Congreso de la República, el año pasado.

En primer lugar, el 27 de agosto se aprobó el Decreto 17-2024, ley mediante la cual se amplió el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024, y que le concedió el traslado de Q1 mil 762 millones para los Codedes. Por años, estos Consejos han sido señalados de estar bajo la influencia de diputados distritales.

Además, en noviembre pasado, el Congreso aprobó el Decreto 27-2027, Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que reformó el artículo 45 de la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir que los recursos que no se ejecutaran en 2024, en vez de ir al fondo común, pasaran como saldo para el 2025 en favor de los Codedes.

Pero, lo que engrosó en mayor medida las cuentas de los Codedes fue la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025, por medio del Decreto 36-2024, puesto que con el voto de 140 legisladores se avaló la transferencia de Q5 mil 12 millones a estos consejos, adicionales a los aportes ordinarios.

Después de que fue aprobado dicho aporte extraordinario a los Codedes, fue objeto de críticas debido a que los Q5 mil 12 millones se obtuvieron de restar recursos a otras dependencias del Gobierno sin que se tuviera claridad de para qué proyectos servirían.

«El monto carece de explicación o justificación técnica, pese a ser voluminoso; la distribución por municipio —establecida en la ley—  carece de sustento técnico; el tipo de gasto que se autoriza no es necesariamente inversión; y, no está sujeto a controles estrictos y específicos de transparencia y rendición de cuentas que permitan la fiscalización del uso de los recursos», señaló el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en un análisis que publicado en diciembre pasado

Otros centros de pensamiento y analistas también criticaron la falta de tecnicidad para otorgar estos recursos a los Codedes.

Y el tiempo parece que les da la razón.

«0» EJECUCIÓN

La Hora revisó la ejecución presupuestaria de los Consejos en el portal Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, en el cual se puede ver que, hasta el 6 de mayo, las transferencias a los Codedes tenían una ejecución del 8.42 por ciento (%), el equivalente a Q1 mil 33 millones, del total del presupuesto vigente (Q12 mil 269 millones).

Los rubros que muestran algún porcentaje de ejecución son los relacionados con proyectos que se financian con aportes ordinarios, incluyendo la ampliación presupuestaria aprobada en agosto del año pasado. Estos desembolsos muestran una ejecución del 14.24%.

Sin embargo, el porcentaje de gasto se desploma al tomar en cuenta el aporte extraordinario avalado por los legisladores en el Presupuesto 2025.

De acuerdo con los datos del referido portal, hasta la misma fecha, la ejecución es del 0%, lo cual hace prever que no será posible invertirlos este año. Dichos fondos tendrían que ser devueltos al fondo común al finalizar el presente ejercicio fiscal, a menos que los diputados —como lo hicieron el año pasado— vuelvan a aprobar que los saldos puedan ser utilizados en el 2026.

Carlos Grossmann, economista del ICEFI y especialista en presupuestos públicos, expuso que la escasa ejecución de este aporte extraordinario obedece a que era «imposible» que esta asignación ya contara con proyectos definidos cuando fue aprobada.

La celeridad con que puedan elaborar estos proyectos también está en duda, puesto que, año con año, las obras que son financiadas con recursos ordinarios generalmente se demoran, por lo que las unidades de planificación de las municipalidades tendrían que multiplicar sus esfuerzos para comenzar a gestionar nuevas inversiones y garantizarse los avales que les permitan recibir los desembolsos.

LARGO PROCESO BUROCRÁTICO

Pero este proceso no es sencillo. Para conseguir un aval de Segeplan cada propuesta de obra de inversión debe pasar por un proceso de control riguroso que incluye al menos cuatro etapas: identificación de una necesidad, pre-inversión, inversión y la de administración, operación y mantenimiento del proyecto.

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Cada uno debe recibir avales de diversas instituciones de Gobierno y cumplir con los estudios que le correspondan: de mercado, técnico, ambiental, de cambio climático, de riesgo, administrativo legal, financiero y económico social.

Cada proyecto debe recibir una nota mínima de 70 puntos para ser aprobado por Segeplan, solo hasta entonces se pueden hacer los desembolsos.

Pero este año, «muchos de los Codedes aún están en el proceso de planificación lo que puede durar  meses para obtener los avales, esto puede ser desde seis meses, a un año. Incluso, en algunos casos pueden ser hasta dos años para ser aprobados», explicó Grossmann.

Aunque las asignaciones se hicieran al final del primer semestre de 2025, «difícilmente podrán llegar a una ejecución completa —de los recursos— este año», añadió el especialista.

Recordó que en el proceso de gestión de los proyectos existen cuellos de botella, que empiezan desde la capacidad de planificación de las unidades encargadas en las comunas, pero que también se incluye un componente de corrupción.

«Todo esto demora, porque en esos mecanismos se tienen que pagar sobornos y en lo que se ponen de acuerdo en esto, el tiempo pasa», añadió.

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SE REBASAN LAS CAPACIDADES

Por su lado, el analista en temas municipales y de gestión pública, Edy Cifuentes, expuso que el retraso en la ejecución de recursos puede obedecer a varios factores, entre estos el que los equipos municipales, ya abrumados por planificar los proyectos a ejecutarse con recursos ordinarios, se ven sobrepasados en sus capacidades como para gestionar nuevos.

Sin embargo, también considera que puede haber retrasos por los procesos burocráticos implementados por el actual Gobierno para evitar prácticas de corrupción. «Antes, los avales los daban los delegados o responsables de cada institución en los departamentos, pero se pedía plata por la emisión de estos», afirmó el entrevistado.

Añadió que conoce de municipios en donde los avales se solicitaron a diferentes dependencias desde diciembre del año pasado y todavía no tienen resolución, «y son requisitos sin los cuales Segeplan no le da viaje —autorización— a los proyectos».

Cifuentes también reconoce que la autorización y distribución del aporte extraordinario se hizo en el Congreso sin ningún criterio técnico y sin contar con un banco de proyectos, lo que complica la ejecución.

Lamentablemente, remarca, esto contradice «la enorme necesidad de obras de desarrollo en los municipios», sobre todo los más pobres del país.

En esa misma línea, Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), coincidió en que la cero ejecución de los recursos del aporte extraordinario se debe a que dicho aporte cuando fue aprobado «no contaba con los proyectos de inversión que respaldaran dicha asignación financiera».

Subrayó que, más allá de los plazos para ejecutar los recursos la «pregunte central» debe estar dirigida hacia la rentabilidad social de las obras que finalmente se financien con dicho presupuesto. «El principal desafío es mejorar la calidad del gasto público en general y en este caso el gasto de inversión pública en particular», dijo.

RECURSOS ORDINARIOS

En cuanto a los proyectos que sí muestran algún porcentaje de ejecución (8.42%, por los aportes ordinarios y ampliación presupuestaria del año pasado), cabe destacar que este avance hace referencia al monto trasladado y no al avance físico real de esta obra gris. En realidad, este es aún inferior.

El sitio web Control de Desembolsos y Transferencias a los Codede (CODET), de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), detalla que el avance físico de los proyectos de inversión lleva apenas un 4.08% de ejecución, el equivalente a Q331.8  millones.

Hasta el 8 de mayo, Sacatepéquez, Totonicapán, Suchitepéquez, Izabal, y Chiquimula no habían ejecutado ni un centavo, a pesar que ya se les ha hecho las transferencias.

Mientras que Escuintla, Santa Rosa y Retalhuleu son los únicos cuya ejecución de proyectos tiene dos dígitos.

YA HAY PROYECTOS AUTORIZADOS

Por su parte, la Segeplan afirmó que, hasta el 21 de abril, hay 937 proyectos aprobados por los Codedes que se financiarán con el aporte extraordinario, de estos, 19 han recibido el aval de dicha secretaría, 373 están «pendientes de completar el expediente», 236 se encuentran en evaluación y en 309 casos los expedientes no han sido presentados.

«Los alcaldes deben priorizar los proyectos para cumplir con esta ejecución, presentarlos al Codede respectivo, para su aprobación y traslado al Ministerio de Finanzas Públicas para la asignación de fondos», detalló la oficina de Prensa, que a la vez recordó que estos recursos, según la Ley de Presupuesto 2025, «pueden ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2025».