Más de una decena de personas que pertenecen a la Asociación Civil Los Pinos que podrían ser beneficiadas con créditos para el acceso a tierras, no calificarían para optar al beneficio, de acuerdo con información a la cual tuvo acceso La Hora.
La mencionada asociación gestionó con el Fondo de Tierras (Fontierras) la aprobación de créditos para la compra de la finca Cinco Palos, que se encuentra en Guazacapán, Santa Rosa. En total, 69 personas podrían recibir el beneficio si concreta la adquisición del inmueble, pero al menos 13 de ellas no encuadrarían en el supuesto de ser de escasos recursos, o en situación de pobreza como lo dice la ley que rige la institución.
El artículo 21 de la Ley del Fondo de Tierras, decreto 24-99, detalla los criterios que deben cumplir los beneficiarios de créditos por parte de la institución. Esto son: ser campesinos sin tierra, con tierra insuficiente —menos de una hectárea— o estar en situación de pobreza —que sus ingresos familiares no superen los cuatro salarios mínimos—.
Sin embargo, La Hora pudo corroborar que de los 13 posibles beneficiarios en mención, nueve aparecen inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como propietarios de algún negocio que van, desde ferreterías, abarroterías, ventas de alimentos y librerías; incluso, hay un contribuyente que tiene registrada una constructora.
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También, que seis personas tienen registrado al menos un vehículo a su nombre en la SAT. Además, hay un pensionado del Seguro Social y un trabajador del Estado, que labora en relación de dependencia.
Este medio también corroboró si los números de identificación tributaria (NIT) están inscritos en Guatecompras, el portal de compras y contrataciones del Estado, donde figuran todos los proveedores del sector público. Los 13 fueron localizados, aunque no muestran ventas.
Se desconoce si el estatus de estas personas se mantiene, pero la información de los negocios y propiedades hace dudar de si Fontierras practicó objetivamente el análisis de caracterización socioeconómica.
ESTUDIO
El 28 de febrero de 2024 se emitió el dictamen de caracterización socioeconómica de la Asociación Civil Los Pinos, el cual dice que, a raíz del estudio socioeconómico practicado a las 69 familias «se informa que son elegibles de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos» en la ley.
Por lo tanto, «se emite dictamen favorable a la Asociación Civil Los Pinos, para continuar con el proceso de acceso a al tierra». «Declaro bajo juramento que la información consignada en este dictamen fue obtenida directamente de las familias entrevistadas y me responsabilizo por lo manifestado como consecuencia de la observación hecha en el campo, en el momento de la caracterización», precisa el informe.
Gerencia General en Fontierras consumió el 62% de fondo de combustibles, según Auditoría
El dictamen fue firmado por Ana Beatriz Chinchilla, analista socioeconómica de la unidad de Acceso a la Tierra y tiene el visto bueno de Jessica Johanna Zapeta Batres, subcoordinadora socioeconómica de la misma unidad.
Indica que las familias a ser beneficiadas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, debido a que el 63.77% percibe ingresos no mayores de Q1 mil 500. También que las familias tienen acceso a agua para sus hogares, pero esta no es apta para el consumo doméstico, mientras que un 3% de las familias no tienen acceso a letrina.
Concluye que el 60.87% de las familias no cuenta con tierra propia para cultivar y el 37.68% arrendan tierra para sus siembras. Asimismo, revela que el 96% de los solicitantes se dedican a las actividades agrícolas, aunque no todos con cultivos propios, ya que otros laboran en fincas cercanas o en propiedades de terceros.
También dice que se revisaron si estas familias tienen inmuebles en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) y se determinó que seis poseen tierra, pero insuficiente, con lo cual califican para el beneficio de los créditos. En el dictamen no se menciona si se revisaron los portales de la SAT o de otra institución del Gobierno para ver si tenían bienes o empresas inscritas en su nombre.
OTRAS IRREGULARIDADES
Estas irregularidades se suman a otras que llevaron a que los miembros del Consejo Directivo de Fontierras votaran —6 a 1— en favor de remover al gerente de la institución Byron Arnulfo Bin Quej en la reunión ordinaria del pasado 27 de enero.
Los señalamientos de malas prácticas dentro de Fontierras empezaron el año pasado, cuando se dio a conocer el posible abuso que Bin Quej hizo en el uso de vales para combustibles. De acuerdo con documentos a los cuales La Hora tuvo acceso, el gerente consumió, en un año, Q97 mil en gasolina para el vehículo de la institución que tiene a su cargo.
Esto es aproximadamente 157 mil kilómetros, el equivalente a viajar de ida y vuelta 167 veces a Petén; o 15 veces, también de ida y vuelta, a Nueva York, EE. UU.
De igual forma, en la ya mencionada compra de la finca Cinco Palos, en Guazacapán, Santa Rosa, ha habido señalamientos de que se pretendía acelerar la compra y que ello llevó a que el inmueble se haya negociado, incluso, a sabiendas de que no contaba con agua suficiente para el consumo humano.
Al respecto, un dictamen técnico de una comisión de Fontierras enumeró una serie de hallazgos por lo cuales no avaló la compra de la finca; sin embargo, a pedido de Bin Quej se conformó una «comisión multidisciplinaria» —figura que no está en ninguna parte de la ley— que se encargó de desvanecer los hallazgos, para que el 26 de diciembre último el Consejo Directivo aprobara la adquisición.
Asimismo, otra de las decisiones que se le cuestiona a Bin Quej fue la destitución de más de 100 trabajadores, muchos de los cuales eran cuadros técnicos con muchos años de experiencia en la institución.
La decisión de los despidos fue unilateral del gerente de Fontierras y según miembros del Consejo Directivo, se extralimitó en sus funciones porque habría declarado que pretendía hacer una reestructuración de la institución, algo que no forma parte de sus competencias.
SALIDA
El gerente dejará la institución a partir del próximo 13 de febrero. Entonces, se designará a un jefe interino en lo que el Consejo Directivo nombra al sustituto de Bin Quej.
Un miembro del Consejo que prefirió no ser citado explicó que uno de los primeros temas a abordar es el de los despidos masivos y que se podría revertir lo actuado por el gerente o abrir las plazas con prioridad para quienes laboraban en el Fondo.
La Hora pidió una postura a Fontierras sobre los señalamientos de supuestos hechos anómalos en la adquisición de la finca, pero la oficina de Comunicación solo respondió un correo indicando que la compra fue aprobada por el Consejo Directivo «en cumplimiento con todas las normativas vigentes».
También se intentó comunicación con Luis Cos, representante legal de la Asociación Civil Los Pinos, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes dejados en su celular.
