El Instituto Nacional de Bosques (INAB) emitió un comunicado este sábado 28 de diciembre en relación con el proyecto privado de construcción Irantu, y afirmó que emitió una “licencia para cambio de uso” y que se hizo “dentro del marco de la competencia” de la institución y “en estricto cumplimiento a la normativa forestal vigente”.
Dicha licencia, precisó el INAB, se extendió para “ejecutarse en el lugar, con fecha 20 de diciembre de 2024”. Además, al inicio del comunicado la institución explica que dicha licencia se entregó, derivado del amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de los propietarios del proyecto, que se pretende echar a andar en la zona 10 capitalina.
En la víspera, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), había difundido otro comunicado en el que daban a conocer la revocatoria de la licencia ambiental, autorizada en octubre de 2023, con vigencia hasta octubre de 2028, debido a que “el proceso de participación pública careció de sustento”, ya que no incluyó la participación de los vecinos del área de influencia del proyecto mobiliario.
El MARN publicó ayer el comunicado, a pesar de que la decisión de revocar la licencia se tomó desde el 22 de abril de este año.
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Se sabe de que la empresa tiene algunos recursos pendientes que sean resueltos. La Hora intentó comunicarse al número de teléfono de la inmobiliaria desde la noche del viernes 27, pero hasta el sábado no respondían.
En la comunicación del MARN se lee que la inmobiliaria debe repetir el proceso de participación pública a través de una evaluación de impacto ambiental. Ya que, luego de que fue revocada la licencia, la entidad presentó un recurso, pero fue rechazado por lo que mantiene la obligación de repetir el proceso.
PROPIEDAD PRIVADA
En un comunicado emitido en junio pasado, Irantu afirmó que el proyecto se ha planificado y desarrollado “con estricto apego a las leyes de nuestro país” y aseveró que se han auxiliado de profesionales “de reconocida experiencia reconocida en su campo, para la planificación, gestión y ejecución del proyecto”.
“Todas las transacciones relacionadas al proyecto y al inmueble se han realizado bajo la normativa vigente cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes”, aseveró en esa ocasión, al mismo tiempo de indicar que actúan en defensa de la propiedad privada.
“Por ningún motivo vamos a permitir que personas sin un fundamento legal, obstaculicen, limiten o atrasen la planificación original del proyecto, por lo que en pleno ejercicio del derecho constitucional de propiedad privada y derechos ya adquiridos, promoveremos la defensa que la ley garantiza”, enfatizó.
