Autoridades indígenas rechazan los retrasos de las comisiones de postulación

Las autoridades indígenas rechazaron este 8 de agosto los retrasos que han existido en el trabajo de las comisiones de postulación para elegir a magistrados de las Cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, y consideran que estos son parte de un plan para que la Corte de Constitucionalidad (CC), al fin de cuentas, ordene la permanencia de las actuales autoridades judiciales.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves, denunciaron que los retrasos «son impulsados por sectores corruptos» que pretenden «mantener cooptado al Estado mediante diversos actores que integran las comisiones de postulación».

Al mismo tiempo, manifestaron su «respeto, apoyo y solidaridad a los comisionados que están realizando su trabajo con responsabilidad, profesionalismo, con amor al país y responsabilidad con los sectores que representan».

 

De igual forma, también rechazaron la posibilidad de que las reuniones de trabajo de los comisionados se lleven a cabo en la sede de la CSJ en pro de la transparencia y publicidad del proceso.

También pidieron el acompañamiento de los países amigos y de organismo internacionales, y en ese sentido, criticaron la postura del comisionado José Urrutia, que representa al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien descalificó la solicitud de un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) de reunirse con los rectores de las universidades del país.

CRÍTICAS A FISCAL GENERAL

Los pueblos indígenas, en su comunicado, también emitieron fuertes críticas en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras, por sus acciones «descaradas» de abrir cuatro investigaciones en contra de varios decanos de las facultades de Derecho de las universidades que integran las comisiones de postulación, ya que estas son con el objetivo de intimidarlos, como ha ocurrido «a toda persona u organización que se pronuncia en contra de la corrupción, las mafias, la cooptación del Estado y sus operadores».

También criticaron los persistentes intentos del Ministerio Público de anular las elecciones generales de 2023, que permitieron que Bernardo Arévalo asumiera como presidente de la República, así como los intentos de la Fundación contra el Terrorismo, que buscan retirarle la inmunidad al mandatario.

«Exigimos al Ministerio Público abstenerse de utilizar el derecho penal para intimidar a los comisionados para obstaculizar el proceso de elección» y a la CC «defender el orden constitucional garantizando la alternabilidad del ejercicio de las funciones de los magistrados», subraya el comunicado.

Finalmente, las organizaciones indígenas pidieron a la sociedad civil estar atentos a su llamado «si es necesario», en el entendido de que podrían llamar a manifestaciones.

RETRASOS

Los comisionados empezaron a sesionar el 31 de julio de 2024, sin embargo, han existido varios retrasos que analistas los atribuyen a sectores interesados en entrampar la elección con el objetivo de que los actuales magistrados sigan en el cargo.

Aunque esto supondría una alteración del orden constitucional, ya en el proceso pasado el Congreso no eligió magistrados y los que estaban en el puesto prolongaron sus funciones cuatro años, sin que hubiera consecuencias legales.

El primer atraso fue la conformación de la comisión debido a que, ante la renuncia del representante de la Universidad Francisco Marroquín, se tuvo que esperar otro nombramiento. A esto se suman ahora las diferencias de dónde debería ser la sede y mientras unos piden que sea la Universidad Rafael Landívar otro grupo quiere que estas se celebren en la sede de la CSJ.