En consideración del exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado, los problemas en la infraestructura del país pasan porque existe poca o nula inversión para la prevención y porque no se cumplen las normas mínimas para la reducción de desastres.
En una conversación con La Hora expuso que los recurrentes daños de la infraestructura también tienen que ver con la corrupción, ya que las obras finales no necesariamente cumplen con lo ofrecido en el diseño, y porque no hay una adecuada capacidad de supervisión.
La Hora: Usted sostiene que estamos menos preparados que antes. ¿Si a esto sumamos los eventos climáticos más frecuentes a qué nos puede conducir?
Alejandro Maldonado: A un aumento de eventos e impactos, no solo en la población, sino en la infraestructura. Prácticamente toda la red vial del país ha sido impactada, también los drenajes, los colectores, el alcantarillado. Estamos en condiciones críticas y si no atendemos ese problema será imposible alcanzar los objetivos de desarrollo y vamos a retornar al pasado en que simplemente se trataba de responder a las emergencias sin una verdadera transformación para reducir la vulnerabilidad del país.
L.H.: ¿Cuál es ese problema puntual que se debe de atender?
A.M.: Por ejemplo, en el colapso de una carretera o puente, el enfoque debe ser mucho más integral que solo reparar o rehabilitar, debe hacerse un proceso de transformación porque si ya tuvimos un problema en algún punto en particular, lo más probable es que vuelva a dar si no hacemos esa transformación.
L.H.: En 2022 vimos una serie de problemas en la CA9-sur, ahora vemos lo de la autopista Palín-Escuintla ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Acaso no pueden evitarse estas emergencias?
A.M.: Tal vez no evitarse, pero si reducir considerablemente su impacto. Desde 2001 se declaró una amplia extensión del sur del área metropolitana como zona de alto riesgo. Esto implica que, por ley, antes de hacer una construcción o rehabilitación se deben considerar las Medidas de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres. La ley prohíbe solo reparar en zonas de riesgo sin —tomar en cuenta— ese componente.
Me preocupa que no he escuchado a las autoridades actuales hacer énfasis ese componente de transformación para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro.
L.H.: ¿Qué ha pasado con estas normas, se han obviado?
A.M.: Exactamente. Por ejemplo, en 2001 en Conred hicimos una evaluación de más de tres mil edificios públicos y el 90% no cumplían o no llenaron el requisito mínimo para ser declarados seguros. Se brindó un informe a los ministerios y propietarios de estas edificaciones y hasta la fecha no se han tomado las medidas para fortalecer esa infraestructura. La razón de siempre es que faltan recursos, pero el problema o el error de considerar que esa falta de recursos impide invertir en gestión de riesgos es que hay estudios, por ejemplo, del Banco Mundial, que dicen que por cada quetzal que uno invierte en prevención nos ahorramos entre siete y hasta 12 quetzales en respuesta.
L.H.: ¿Cuánto están invirtiendo actualmente las instituciones en prevención?
A.M.: De parte de las instituciones es mínimo lo que se invierte en prevención. La ley crea un fondo permanente para la reducción de desastres, pero no se capitaliza para prevención y se utiliza solo para respuesta. La mayor parte de las personas le llaman ‘fondo de emergencia’, pero en realidad es para prevención. Es un ciclo negativo que hay que romper a través de las Medidas de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres. Tenemos la herramienta, pero no la hemos aplicado.
También tenemos las Normas para la Reducción de Desastres (NRD-1), desde 2010, que no están siendo cumplidas al 100% y lo más preocupante es que es el propio Gobierno el que no ha cumplido.
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L.H.: En La Hora publicamos una nota sobre una carretera que costó Q91 millones y que se destruyó con los primeros aguaceros de junio, en las fotos se veía una capa de asfalto muy delgada ¿Qué fue lo que falló aquí?
A.M.: Eso está regulado en las NRD-1 y otros instrumentos, que tienen componentes para puentes y para otro tipo de infraestructura.
L.H.: Pero estas normas son obligatorias
A.M.: Sí, y de hecho ha habido algunos precedentes, no sé si continúan, de la Contraloría General de Cuentas, reparando inversiones públicas que no cumplen con las normativas y declaratorias de alto riesgo y con las NDR-1 porque sería una mala inversión, una mala calidad del gasto.
L.H.: ¿Pero la ley no es coercitiva?
A.M.: Sí. La norma establece que los que no cumplan serán sancionados de acuerdo con el reglamento de la ley de Conred, que tiene una serie de multas, pero al día de hoy, que yo sepa, no se ha aplicado ni una sola multa, y desafortunadamente está cumpliendo más la iniciativa privada que el propio Estado.
L.H.: O sea, es una obligación, pero no se cumple…
A.M.: Se lo exigen a la iniciativa privada. Por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala sí lo pide para las construcciones, pero no todas las municipalidades lo exigen. El problema es cuando es la inversión pública es la que debería cumplir y no lo veo. Mucho del impacto de estos días ha sido en lugares declarados de alto riesgo, pero no he visto que autoridades respeten lo que la ley dice que se tiene que trabajar.
L.H.: Hace poco un ingeniero decía que las carreteras ahora son un atentado contra la vida ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
A.M. Totalmente. Desde hace unos años yo empecé a notar que aquellos principios técnicos de diseños de carreteras no estaban siendo aplicados en la construcción de nueva infraestructura en el país. Luego está la corrupción. Una cosa es tener un diseño para la carretera, pero ese diseño se tiene que traducir en una obra adecuada, y eso requiere de diferentes componentes. Debemos tener mano de obra calificada, tiene que haber una supervisión adecuada, y tiene que haber un control de calidad de materiales y del resultado de la construcción. Tiene que hacerse pruebas de laboratorio de materiales y en carreteras para saber si el resultado cumple con la normativa.
L.H.: ¿Qué tanto incide la corrupción en el colapso de la infraestructura?
A.M.: Bueno, puede ser que el diseño de una carretera diga que tiene que ser una capa de 20 centímetros de asfalto y solo le ponen 10 o 5. Ahí el problema no está en el diseño, sino de la ejecución y en el aceptar una obra que no cumple con lo que dicen las Normas de Reducción de Desastres.
Por ejemplo, en el terremoto de 2012 en San Marcos, yo visité el hospital que había sufrido daños, y estaban haciendo construcciones que no cumplían con las normas, pero eso lo pude ver yo porque no habían fundido las columnas. Una vez fundidas uno ya no sabe cómo está el armado de acero del interior o si cumplen con la norma.
L.H.: ¿En carreteras, comprobar que se cumplan las normas es obligación del supervisor?
A.M.: La norma pide una supervisión independiente, pero más allá de eso, está la Contraloría General de Cuentas que debería velar por la calidad del gasto, y las mismas autoridades del ministerio que deberían tener sus procesos para garantizar el cumplimiento de la normativa, porque luego viene un componente adicional que es el mantenimiento que hay que darle a la infraestructura para que funcione.
